"Se va a producir un hecho histórico, es un juicio muy importante, en Francia hay un gran interés y muchas expectativas", dijo la abogada Karinne Bonneau, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Alfonso Chanfreau Oyarce, Etienne Pesle de Menil, Georges Klein Pipper y Jean-Ives Claudet Fernández fueron detenidos en Chile y Argentina por agentes de la DINA entre 1973 y 1975, sin que hasta ahora se sepa de su paradero. Entre los acusados destaca el general Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que junto a los otros imputados será juzgado "en rebeldía" por los delitos de arrestos, secuestros arbitrarios y torturas de los cuatro franco-chilenos. Otros acusados son los generales Herman Brady y Raúl Iturriaga, los ex brigadieres Pedro Espinoza, José Zarah, Miguel Krasnoff y Marcelo Moren Brito, los civiles Emilio Sandoval y Enrique Arancibia, además del argentino José Osvaldo Riveiro.
La investigación judicial fue abierta en Francia en 1998, tras las denuncias cursadas por los familiares de las víctimas. Sarfati señaló que aunque la condena contra los represores no pueda concretarse, por normas de la legislación chilena, tendrá "un impacto simbólico" pues se esclarecerán estos crímenes ante un tribunal público y abierto. "Lamentablemente (Augusto) Pinochet murió antes del juicio, que demoró pues las pruebas se buscaron en varios procesos abiertos a través del mundo", afirmó Sarfati, destacando que "la justicia chilena ayudó bastante a este proceso". Añadió que una vez condenados, el Tribunal de lo Criminal de París dictará en su contra una orden de captura internacional, lo que les impedirá "al menos abandonar Chile".
Bonneau y Sarfati, junto a la responsable de Comunicación de la FIDH, Karine Appy y el cineasta Nicolas Joxe, se encuentran en Santiago para activar la información en Chile sobre el proceso en Francia. Para ello se reunirán con jueces chilenos, con familiares de detenidos desaparecidos y abogados de derechos humanos y pedirán entrevistas a la Presidenta Michelle Bachelet y al ministro de Justicia, Carlos Maldonado. En Chile el proceso por este caso, en el que estaban imputados Augusto Pinochet y la cúpula de la DINA fue cerrado por prescripción en 2002.
(EFE)
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