Declaración Pública
Frente a la tramitación del Proyecto de Ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), manifestamos lo siguiente:
1. Siempre ha sido nuestro objetivo la lucha por la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral como garantía contra la Impunidad y fundamento básico de una sociedad mas humana, mas justa y democrática, donde el respeto a los Derechos Humanos sea su norte y el Nunca Más tenga significado en el presente y sea un legado para las generaciones futuras.
2. La propuesta del INDH crea un instrumento que no asume lo anteriormente expuesto, no tiene la independencia necesaria ni guarda relación con acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos, olvidando compromisos permanentes del Estado e incluso el programa de la Presidenta, al abandonar la propuesta de crear el Defensor del Pueblo, la ratificación de diversos Tratados y Convenciones Internacionales sobre la Tortura, Pueblos Originarios, Tribunal Penal Internacional, anulación de la Ley de Amnistía, término de competencias de los tribunales Militares, así como recomendaciones de diversos organismos internacionales, poniendo a Chile en la interdicción frente a una humanidad que se esfuerza en el respeto a la condición humana.
3. El rechazo mayoritario del acuerdo Viera Gallo - Derecha, y las mejoras que presenta el nuevo proyecto del INDH son una respuesta insuficiente a las organizaciones de DD.HH. y a la voluntad ciudadana de restar espacios a la impunidad, pero si el respeto y promoción de los DD.HH. es la medida de la democracia, una iniciativa de esta envergadura debería ser ampliamente difundida y contar con una participación ciudadana activa y no ser resultado de negociaciones y concesiones a nivel cupular.
4. La incorporación en el proyecto de ley, de una serie de beneficios menores para los Ex Presos Políticos, genera una presión indebida en la búsqueda de dar legitimidad social a este proyecto de ley. Los Ex Presos Políticos no aceptamos este chantaje, pues las medidas reparatorias como becas, pensiones, reapertura de Comisiones Calificadoras de Presos Políticos, no son moneda de cambio sino que obligaciones propias de una Reparación Integral de cargo del Estado y la calidad, oportunidad y profundidad de ésta, es la medida del respeto que la sociedad tiene de las víctimas y sobrevivientes del Terrorismo de Estado, así como expresión de la voluntad real de rechazar la impunidad.
5. Por ello, creemos necesario separar la iniciativa del INDH de las propuestas reparatorias y concretar una nueva Ley, de tramitación urgente tal como se hizo en 48 hrs., con la Ley 19.992 que recoja las exigencias de:
· Derogar el artículo 15 de la ley 19.992 respecto del secreto por 50 años impuesto a los testimonios que recibiera la Comisión Valech.
· Homologar el monto de las pensiones al de la ley l9.123, de Reparación y Reconciliación.
· Garantizar el derecho a la Transmisibilidad y Heredabilidad de los beneficios reparatorios de todos los calificados como sobrevivientes del Terrorismo de Estado, toda vez que la represión afectó al núcleo familiar y las consecuencias derivadas de la prisión política y la tortura están presentes en cada familia.
· Eliminación de la incompatibilidad de la pensión de exonerados con la derivada de la ley 19.992
El Gobierno, el Estado y la sociedad chilena deben asumir con espíritu de grandeza una política de Verdad, Justicia y de Reparación Integral, creando instrumentos adecuados a la normativa Internacional de los Derechos Humanos y con una amplia participación ciudadana. Así construiremos una sociedad más justa y democrática.
1. Siempre ha sido nuestro objetivo la lucha por la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral como garantía contra la Impunidad y fundamento básico de una sociedad mas humana, mas justa y democrática, donde el respeto a los Derechos Humanos sea su norte y el Nunca Más tenga significado en el presente y sea un legado para las generaciones futuras.
2. La propuesta del INDH crea un instrumento que no asume lo anteriormente expuesto, no tiene la independencia necesaria ni guarda relación con acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos, olvidando compromisos permanentes del Estado e incluso el programa de la Presidenta, al abandonar la propuesta de crear el Defensor del Pueblo, la ratificación de diversos Tratados y Convenciones Internacionales sobre la Tortura, Pueblos Originarios, Tribunal Penal Internacional, anulación de la Ley de Amnistía, término de competencias de los tribunales Militares, así como recomendaciones de diversos organismos internacionales, poniendo a Chile en la interdicción frente a una humanidad que se esfuerza en el respeto a la condición humana.
3. El rechazo mayoritario del acuerdo Viera Gallo - Derecha, y las mejoras que presenta el nuevo proyecto del INDH son una respuesta insuficiente a las organizaciones de DD.HH. y a la voluntad ciudadana de restar espacios a la impunidad, pero si el respeto y promoción de los DD.HH. es la medida de la democracia, una iniciativa de esta envergadura debería ser ampliamente difundida y contar con una participación ciudadana activa y no ser resultado de negociaciones y concesiones a nivel cupular.
4. La incorporación en el proyecto de ley, de una serie de beneficios menores para los Ex Presos Políticos, genera una presión indebida en la búsqueda de dar legitimidad social a este proyecto de ley. Los Ex Presos Políticos no aceptamos este chantaje, pues las medidas reparatorias como becas, pensiones, reapertura de Comisiones Calificadoras de Presos Políticos, no son moneda de cambio sino que obligaciones propias de una Reparación Integral de cargo del Estado y la calidad, oportunidad y profundidad de ésta, es la medida del respeto que la sociedad tiene de las víctimas y sobrevivientes del Terrorismo de Estado, así como expresión de la voluntad real de rechazar la impunidad.
5. Por ello, creemos necesario separar la iniciativa del INDH de las propuestas reparatorias y concretar una nueva Ley, de tramitación urgente tal como se hizo en 48 hrs., con la Ley 19.992 que recoja las exigencias de:
· Derogar el artículo 15 de la ley 19.992 respecto del secreto por 50 años impuesto a los testimonios que recibiera la Comisión Valech.
· Homologar el monto de las pensiones al de la ley l9.123, de Reparación y Reconciliación.
· Garantizar el derecho a la Transmisibilidad y Heredabilidad de los beneficios reparatorios de todos los calificados como sobrevivientes del Terrorismo de Estado, toda vez que la represión afectó al núcleo familiar y las consecuencias derivadas de la prisión política y la tortura están presentes en cada familia.
· Eliminación de la incompatibilidad de la pensión de exonerados con la derivada de la ley 19.992
El Gobierno, el Estado y la sociedad chilena deben asumir con espíritu de grandeza una política de Verdad, Justicia y de Reparación Integral, creando instrumentos adecuados a la normativa Internacional de los Derechos Humanos y con una amplia participación ciudadana. Así construiremos una sociedad más justa y democrática.
POR LAS ORGANIZACIONES NACIONALES UNITARIAS
ENRIQUE NÚÑEZ MIGUEL RETAMAL
Presidente Presidente
Coordinadora Nacional Políticos de Chile
MANUEL JIMÉNEZ HAYDEE OBERREUTER
Presidente Vocero
Políticos (BEXPPS) Fallecidos - Chile
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