miércoles, 30 de mayo de 2007

TURQUIA: Semana Internacional de la Lucha Contra las Desapariciones Forzadas

20 Mayo 2007 /

Una serie de las actividades se levan a cabo en Turquía/Kurdistán del Norte y en Europa en el contexto de la Semana Internacional de la Lucha Contra las Desapariciones Forzadas del 17-31 de mayo.

Las actividades iniciaron con una acción callejera del 17 de mayo, organizada por el Comité Internacional Contra las Desapariciones Forzadas (ICAD), la Asociación de Solidaridad con las Familiares de los Desaparecidos (Yakay-Der) y el brazo de Estambul de la Asociación de los Derechos Humanos (IHD).El 19 de mayo, los familiares de los desaparecidos hicieron una manifestación sentada en la Plaza de Galatasaray-Estambul, donde habían organizado manifestaciones sentadas todos sábados durante de tres años desde 1995 cuando el camarada Hasan Ocak fue desaparecido.

Los familiares exigieron que los responsables deban ser juzgados. En la acción, Emine Ocak, madre, y Maside Ocak, hermana del camarada Hasan Ocak; Hasan Karakoc, hermano de Ridvan Karakoc; y Hanim Tosun, esposa de Fermi Tosun, hicieron discursos donde dijeron que continuarán su lucha y piden cuentas de los responsables de más de 1250 desapariciones registradas.

Los familiares llevaron las fotos de los desaparecidos y cantaron las consignas "¡Los que desaparecen perderán!", "¡La ira de los madres ahogará los asesinos!" y "¡Que se juzguen los responsables!". El mismo día, respondiendo la llamada del ICAD, de la Yakay-Der y de la ESP (Plataforma Socialista de los Oprimidos), los familiares vinieron juntos alrededor de la tumba de Hasan Ocak y Ridvan Karakoc en el Cementerio de Gazi en Estambul para conmemorarles. Los cuerpos del camarada Hasan Ocak y de Ridvan Karakoc fueron encontrados en un cementerio de los desamparados como resultado de la campaña del 1995 contra las desapariciones forzadas. Aproximadamente 200 personas vinieron juntos delante del Gazi Cemevi y marcharon hacia el Cementario, abriendo una pancarta escrita: “Los que desaparecen perderán”.

Pedimos cuentas de los responsables" y llevando las fotos de los desaparecidos. Los representantes de la Yakay-Der, de la ESP y de la IHD expresaron en sus discursos en la conmemoración que el responsable de los desaparecidos es el Estado y llamaron por una lucha unida para un futuro sin nuevas desapariciones forzadas y para una vida digna e igual. Los militantes de nuestro partido PCML también tomaron lugar en la acción con las consignas "¡El partido ajustará cuentas con los asesinos!" y "¡Viva el PCML por la victoria de la revolución!".En Adana, la IHD hizo una acción callejera el 19 de mayo y afirmó que el Estado ha abierto muchos procesos contra los que piden cuentas de los responsables, mientras que ningún proceso legal ha empezado contra los responsables. En Antioquia, la ESP organizó una acción llamando a los obreros y trabajadores a ponerse en pie en contra de los asesinos y aumentar la lucha para el trabajo, la liberta y la justicia. El brazo de Esmirna de la IHD hizo una acción delante de Eski Sumerbank en Konak el 17 de mayo. Los participantes dejaron zapatos y claveles que simbolizan los desaparecidos.

En Kocaeli, en una acción organizada por la ESP y apoyada por el SDP, el EHP, el EMEP, la DHP, la Halkevi y los sindicatos Dev Saglik-Is y BES, la demanda que los asesinos deban ser encontrados y juzgados y que los golpistas asesinos deben ser juzgados y condenados fue levantada.

En el contexto de la Semana Internacional contra las Desapariciones Forzadas, el ICAD organizó acciones y actividades en Londres/Inglaterra, en Bern/Suiza y en Berlín/Alemania.


TURQUIA: ACCIÓN SIMBÓLICA EN BLANCO POR LOS DESAPARECIDOS


En el contexto de las Semanas Internacionales contra la Desaparición Forzada bajo detención, el 26 de mayo IHD, ICAD y YAKAY-DER llevaron a cabo una "acción simbólica en blanco por los desaparecidos" delante del colegio de Galatasaray en Estambul, el lugar que fue conquistado en una lucha larga por las madres del sábado.

Los participantes de la acción exigieron que se juzguen y castiguen los responsables. Los familiares de los desaparecidos, quienes estaban vestidos con camisas blancas, pusieron zapatos al lado de las imágenes de los desaparecidos como símbolo de los desaparecidos, dijeron: "Es la misma gente que es responsable de la desaparición de personas y de la explosión de la bomba en Ankara.

Pedimos cuentas por los desaparecidos de Susurluk a Semdinli."En Antakya y Esmirna hubo también acciones de los activistas de la ESP en el contexto de las Semanas Internacionales contra la Desaparición Forzada. Exigieron el castigo de los responsables y la abolición de la contraguerrilla. En Diyarbakir apareció el cadáver de Mehmet Selim Orhan, desaparecido desde 1994.

En una conferencia de prensa en la oficina de la Asociación de Derechos Humanos en Diyarbakir, el hijo de Mehmet Selim Orhan explicó que encontraron la tumba de su padre y 8 cadáveres más siguiendo un indicio en un artículo de un periódico.

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE COLOMBIANO ALVARO URIBE


COMITE INTERNACIONAL CONTRA LAS DESAPARICIONES






Presidencia de la República:
Doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia
Cra 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá
Fax: (571) 5662071
Correo electrónico:
auribe@presidencia.gov.co.


Señores,

Nuestro organismo acaba de ser informado de la violenta represión lanzada contra los indígenas Emberas Katios en el Chocó que ha tenido el terrible resultado de 28 desaparecidos, 13 heridos y la detención de 2 religiosas. Actos violentos cometidos por el ESMAD de Risaralda, bajo orden de vuestro gobierno.

ICAD Francia e ICAD Bélgica, protestan fuertemente contra estos crímenes de Estado hacia una comunidad indígena indefensa ante la barbarie de vuestras fuerzas especiales.

La comunidad internacional sin excepción condena este tipo de actos brutales e irracionales de la parte del gobierno colombiano que practica un terror de estado sobre poblaciones vulnerables y sin defensa.

Le recordamos que estos crímenes provocan el más amplio repudio de los organismos de derechos humanos a nivel internacional y que exigimos la aparición en vida de todos los desaparecidos, la liberación inmediata de las 2 religiosas detenidas y que los responsables de asesinato de los 3 niños sean traducidos delante de los Tribunales y juzgados por sus crímenes.


¡EXIJIMOS JUSTICIA Y APARICION CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS¡




Paris/Bruselas, 30 de mayo, 2007

icadfrance@free.fricad.belgique@gmail.com

Maison du Citoyen, 16 rue du Père Aubry, 94120 Fontenay sous Bois.

LATINOAMERICA: 26 mayo - 1 de junio: Semana Internacional del Detenido Desaparecido


Por FEDEFAM *


Convención ahora! ¡Por el derecho de no ser desaparecido!

La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos -FEDEFAM-, conmemora, una vez mas, la Semana Internacional del Detenido Desaparecido del 26 de mayo al 1 de junio de 2007.

FEDEFAM, estima que en América Latina el número de víctimas de desaparición forzada alcanza los 100.000. En el último año hemos recibido denuncias sobre detenidos desaparecidos; así como actos de intimidación o represalia contra defensores de derechos humanos, testigos, abogados y familiares de personas desaparecidas en: Argentina, México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia. Esta realidad nos lleva a redoblar los esfuerzos en nuestra búsqueda de verdad, justicia y NUNCA MÁS.

Este año es muy especial para FEDEFAM. El 20 de diciembre 2006 la 61ª Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad la Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Fue un logro por él que, los familiares de detenidos desaparecidos de América Latina habíamos venido luchando desde hace 25 años con el objetivo de lograr la erradicación de la práctica de la detención-desaparición de la faz de la tierra.

El 6 de febrero en una ceremonia realizada en Paris, los representantes de 57 países firmaron el texto de la Convención con el compromiso de lograr las ratificaciones necesarias en sus países. Es necesario que 20 de los países firmantes la ratifiquen para que este nuevo instrumento internacional entre en vigor. Lograr estas ratificaciones es nuestro mayor desafío en este momento. Por eso, nuestra consigna continua siendo:

¡CONVENCIÓN AHORA! ¡POR EL DERECHO DE NO SER DESAPARECIDO!

En esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido hacemos una convocatoria a los gobiernos y a los parlamentos de los países de América Latina y del mundo para que redoblen sus esfuerzos por ratificar la Convención antes del fin del año 2007. La ratificación significa que se adecua la ley interna a los requerimientos y a los principios establecidos en la Convención. Significará un trabajo legislativo importante y por eso va a ser necesario promover el apoyo a la Convención en los distintos ambientes de derechos humanos y de la opinión nacional.

Conociendo del desafío enorme que nos confronta ahora en adelante en nuestros países para lograr este propósito, hemos estrechado los vínculos con otras organizaciones internacionales de derechos humanos (Amnistía Internacional, Federación Internacional de Derechos Humanos, Comisión Internacional de Juristas, Human Rights Watch, Linking Solidarity, Federación Internacional de la Acción Cristiana contra la Tortura, entre otros) y las federaciones internacionales de familiares de desaparecidos (Federación Asiática contra la Desaparición Forzada,

We Remember (Bielorusia), Familiares de Desaparecidos de los Países Mediterráneos entre otras) para una acción más coordinada a nivel internacional.

No será fácil la tarea que tenemos por adelante, pero es la oportunidad de plasmar en nuestros países las medidas inspiradas en la Convención para garantizar el "Nunca Más" de las desapariciones. Entre otros derechos a implementar son:

- El derecho de no ser sujeto de una desaparición forzada con todas las consecuencias y obligaciones para los Estados.

- El derecho a la verdad, es decir, el derecho de saber la verdad acerca del destino de la persona desaparecida y de todas las circunstancias sobre este crimen.

- El derecho de los familiares a recuperar los restos de sus seres queridos.

- El establecimiento de garantías en cuanto a la prohibición de la detención clandestina de cualquier persona en cualquier lugar.

- El derecho a la justicia de los familiares de los desaparecidos. Este derecho debe ser garantizado por la incorporación al código penal nacional de la figura de la desaparición forzada.

- Las desapariciones forzadas constituyen crímenes contra la humanidad.

- Se expone un concepto amplio de víctima al incluir también a los familiares y allegados,  Se afirma las múltiples dimensiones del derecho a la reparación.

- Se ratifica el derecho del niño - victima de desaparición forzada - a recuperar su identidad.

Hacemos un llamamiento a todos los Estados del mundo para que firmen y ratifiquen esta Convención.

Exhortamos también a todos los Estados, organismos no gubernamentales y los medios de comunicación a difundir la Convención lo más ampliamente posible. Un mundo sin desapariciones forzadas es ahora posible. Comienza una nueva etapa para que el "Nunca Más" sea realidad.

¡Luchemos para que así sea!


¡Hasta Encontrarlos!

23 de mayo, 2007

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* Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos


Perú: Contra la pena de muerte


Por Cristiano Morsolin *
ADITAL


El Parlamento Europeo aprobó el 26 de abril una resolución que defiende la moratoria universal sobre la pena de muerte y que tiene como objetivo aumentar el número de países firmantes de una declaración sobre la abolición de la pena capital. El Parlamento Europeo claramente considera que llegó la hora de que la UE ejercite sus músculos diplomáticos y ayude a Italia que se comprometió oficialmente a reabrir el debate dentro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que se suspenda en el mundo la pena de muerte.

Se trata de una firme respuesta frente a la cerrada defensa del presidente de Perú Alan García a la pena de muerte que sostubo que "aquellos que violan y destruyen la patria merecen la máxima sanción".


Defensores de los derechos humanos rechazaron la medida porque el Gobierno quiere salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la impunidad

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=24013

Con la aprobación de esta resolución, el Parlamento Europeo mostró su total apoyo a la declaración final del Tercer Congreso Mundial contra la pena de muerte, celebrado en París del 1 al 3 de febrero de 2007.

Hélène Flautre www.flautre.net , presidenta de la subcomisión parlamentaria de Derechos Humanos (Los Verdes, Francia) ha declarado que "Perú ha estado a punto de hacer lo mismo con el fin de combatir el terrorismo, pero afortunadamente esto no ha ocurrido".

Monica Frassoni en nombre del Grupo Verts/ALE y Luisa Morgantini, (Vice Presidenta PE) en nombre del Grupo GUE/NGL "apoyan en su totalidad la declaración final del Tercer Congreso Mundial, y tiene la intención de realizar un seguimiento de dicho Congreso, en particular mediante el desarrollo de la dimensión parlamentaria de la campaña global contra la pena de muerte y abordando esta cuestión a través de sus delegaciones interparlamentarias ".

Francisco Soberón, Director de APRODEH ha evidenciado que "desde el inicio de la nueva administración del Pdte. García, la animadversión a la lucha contra la impunidad, para atender el clamor de justicia de las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos a sido un punto de encuentro con la bancada fujimorista, las destempladas declaraciones del primer vicepresidente Giampietri, señalando que habría una "persecución judicial" contra los militares que actuaron durante los 20 años de la violencia política, son parte de la denigración que se ha venido haciendo de los trabajos de la Comisión de la Verdad y sus recomendaciones, por parte de voceros fujimoristas y apristas. Una ultima manifestación de esta alianza ha sido la presentación del documental producido por el prófugo Fujimori "Al final del Túnel" sobre los sucesos de la embajada del Japón, desde las instalaciones del Congreso de la Republica.

En ocasión de nuestra reciente visita a Italia a inicio de mayo, hemos podido presentar a funcionarios de la Cancillería, representante al Senado y miembros de organizaciones de sociedad civil, como delegados de organizaciones de peruanos en Italia, nuestra apreciación sobre la situación de los derechos humanos, avances dificultades y trabas al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, particularmente en el acceso a la justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado durante el periodo de la violencia política, reconocer la atención inicial, pero parcial a las demandas de reparaciones de los familiares; preocupación por los hostigamientos a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a defensores de derechos humanos y testigos en los procesos de judicialización, a los defensores del medio ambiente en el marco de la exploración y explotación de recursos naturales en las zonas rurales andinas y amazonia.

Una referencia especial hicimos a las pretensiones de la administración del Pdte. García, de querer extender la aplicación de la pena de muerte por delito de terrorismo y violación de menores con secuela de muerte, decisión que llevaría colisionar al estado peruano con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que ha jugado un rol fundamental en el periodo de la violencia política, señalando las responsabilidades del estado peruano en violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. Tema sensible y de gran atención en Italia y la Unión Europea, quienes promueven su moratoria en la ONU.

Expresamos igualmente nuestra preocupación, por haber abandonado, el gobierno peruano, la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, adoptado en los tramos finales de la gestión del Pdte. Toledo, resultado de un dialogo con la sociedad civil, planteando maniobras dilatorias de nuevas consultas y aprobación por el Congreso. Hicimos también referencia a la reciente ley que modifica la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, introduciendo mecanismos inconstitucionales de control sobre las organizaciones no gubernamentales, anunciamos la presentación de nuestra acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Peruano.

Con las comunidades de peruanos en Italia, intercambiamos vías de colaboración para estar atentos a sus demandas en los países de acogida, a las obligaciones del estado peruano con ellos y acompañar a los familiares en el Perú.

Invitamos a las autoridades italianas a recoger estas inquietudes en la implementación del nuevo Fondo Ítalo Peruano contravalor, resultado de acuerdos de canje de deuda".

Canje de deuda por inversión social

El presidente peruano, Alan García, y el canciller italiano, Massimo D'Alema , vicepresidente del Consejo de Ministros, firmaron el pasado 4 de enero del 2007 en la cancillería el segundo convenio de canje de deuda por inversión social por 72 millones de dólares, como parte de la cooperación social que Italia brindará al país para el periodo 2007-2011. D'Alema destacó su presencia como la primera en Perú de un canciller italiano en 25 años y declarò que Perú tiene "una gran responsabilidad, la de preparar en el 2008 la llamada cumbre de Lima, de países de la Unión Europea y de América Latina".

En esta optica de canje de deuda como contribución de Italia en la lucha contra la pobreza y para el fortaleciemiento de la democracia en Perù hemos entrevistado algunos expertos.

Carlos Iván Degregori, ex comisionado CVR y Director del Instituto de Justicia Transnacional JTC de Bogota cree que, como en diferentes lugares donde se ha producido o se están produciendo estos procesos de reparación y de paz, el rol de la comunidad internacional juega un papel muy importante en dos sentidos.

Primero es trazar los límites de la cancha, o sea que son los estándares internacionales de derecho humanitario, de los derechos humanos. Creo que allí juega un papel importante como dijo de recién Eduardo Pizarro en el caso de Uganda, donde quería romper con esta cancha donde el Presidente de la Republica no quería ejecutar los órdenes de captura por criminales de lesa humanidad, emisos por la Corte Penal Internacional. Creo que es importante que haya una presencia que garantiza estos estándares mínimo permitiendo toda la flexibilidad que cada caso nacional requiera. No es lo mismo Uganda o Colombia o lo que fue Perú.

Segundo punto importante es la cuestión específica de reparaciones. Creo que el papel muy importante es de complementar a estados que muestren voluntad de reparar. Creo que seria un error simplemente dar recursos a estados que no han demostrado ninguna voluntad de reparar. Pero si hay estados que demuestran voluntad de reparar, nunca los recursos de estado donde hay estos conflictos, que son estados mas pobres, van a ser suficientes, entonces la cooperación internacional puede completar a través de mecanismos como ayuda directa o como canje de deuda para reparación, que propuso la Comisión de la Verdad CVR peruana y que creo seria muy útil. No tiene que ser solo por estado nacional, puede ser en el caso peruano por ejemplo por gobiernos regionales donde si, se compromete a hacer programas de reparación, hay alguna coordinación con la cooperación internacional para canje de deuda para reparación.

Conozco un ejemplo exitoso del proyecto de Sofía Macher ejecuatado por IDL con el fondo Italo Peruano FIP. Todo lo que vi. Me parece un trabajo pionero, excelente y por eso me alegra que Sofía Macher esta dirigiendo esta Comisión de reparaciones, se lo ganó creo con esta experiencia".

Sofía Macher, ex comisionada CVR y presidenta de la Comisión Nacional de Reparaciones, instituida por el Gobierno de Alan García evidencia que "el proyecto ejecutado por IDL en Huancavelica en 2005 es un proyecto importante porque es la manera en que se materializan las recomendaciones de la Comisión de la Verdad CVR., que tiene diferentes aspectos y temas. Trabaja todo un tema de memoria colectiva con una metodología diferente de la Comisión del a Verdad. Hemos casi terminado la reconstrucción de los procesos provinciales de la violencia. La Comisión CVR solo alcanzo al proceso nacional y regional. Es interesante porque es una entrada diferente de reconstrucción de la memoria que es sobre la base de actores y no de victimas que fue el eje de la Comisión CVR. Al final va generar un balance sobre lo que fue el conflicto en cada uno de su sitio pero también encontrar tus héroes, tus referentes locales que me parecen interesantísimos. Otro gran trabajo es lo de la regularización jurídica que tiene que ver con lo que pasó con los registros públicos. Entonces hemos levantado ya un diagnóstico en las provincias en Huancavelica y Angaaraes. Hemos levantado las informaciones de todos los registros públicos que fueron quemados por Sendero Luminoso, que ya no existen, que toda esta población no tiene como regularizar sus documentos de identidad. El resultado mas importante es que hemos presentado este diagnóstico a la RENIEC, la encargada de la regularización del registro y juntos hemos acordado hacer de Huancavelica un plan piloto y al terminar de levantar la información de los demás registros que han sido quemado en las otras provincias y revisar la normatividad para los requisitos de regularización jurídica en las áreas rurales y especialmente como va a reconstruir estos registros siniestrados. Esto es un paso importantísimo porque todas las normas de la región urbana, los requisitos son urbanos y no toman en cuenta las características de la población rural. Eso creo va a ser importantísimo para todo el País y lo hemos hecho con la RENIEC, conjuntamente. El otro es el registro regional de victimas que es la única experiencia en Perú de registro de victimas. Se ha hecho con registradores de la misma zona y hemos sido hasta las últimas comunidades y eso para nosotros tiene un impacto directo a nivel nacional y es lo que nos va a dar los insumos para organizar el registro nacional de victimas.Por lo que se refiere a la cooperación internacional y FIP, es importante seguir apoyando por ejemplo los que es el registro nacional así como el FIP ha hecho en Huancavelica, sería muy importante si es que deciden también destinar fondos a lo que ya se invirtió para la experiencia regional , poder generalizarla a nivel nacional. Eso me parecería importante su aporte de la cooperación italiana para el registro, que es la parte primera para las reparaciones. Otra cosa en término de reparaciones es la reparación colectiva. Creo que también allí se puede jugar un papel importante desde la comunidad internacional".

UE respalda la petición de extradición respecto al ex-presidente Alberto Fujimori

En las relaciones entre Europa y Perù no se puede olvidar la prioridad por fortalecer el respecto pleno de los derechos humanos http://www.choike.org/nuevo/informes/3137.html

Varias organizaciones de la sociedad civil italiana que trabajan desde más de 20 años en el Perú (Terra Nuova, ASPEm, MLAL:

http://www.aprodeh.org.pe/sem_verdad/documentos/parlam_italian.pdf

en julio 2004 han elaborado una declaración donde se considera "que la reconciliación peruana podría estar asegurada con el reconocimiento de la dignidad de las víctimas; el respeto del dolor de los supervivientes y familiares; el reconocimiento de los cuerpos de los desaparecidos y, por lo tanto, la elaboración y el fin de duelos suspendidos y difíciles de aceptar; y la solicitud de perdón a las víctimas inocentes de violaciones de derechos humanos. Sugerimos por lo tanto, que el Gobierno de Italia utilice todos los instrumentos a su alcance para favorecer el proceso de reafirmación de la memoria histórica, de reconciliación nacional, de dignificación de las víctimas y reparación. Al respecto, tiene singular importancia la presencia de instrumentos novedosos como el Fondo Italo-Peruano (FIP), que gerencia recursos económicos derivados del canje de la deuda pública peruana hacia Italia. Consideraríamos acertado dedicar una atención especial, y por lo tanto una cuota de los recursos FIP, a ésta temática ya que la lucha a la pobreza tiene que ver con éstos procesos y que las principales víctimas de la violencia política han sido campesinos pobres de los Andes y comunidades nativas".

Esta perspectiva de trabajo respecto del Perú ha encontrado respaldo en el Parlamento italiano que ha votado unánimemente el informe del Congresista y Secretario de la Comisión Derechos Humanos del Senado, señor Francesco Martone. Efectivamente, la resolución Nº 2737 que fue puesta a votación el día 19 abril pasado, considera que, "en el Perú se ha sido encaminado un proceso de verificación de violaciones de derechos humanos cometidos en los años del gobierno autoritario del Presidente Alberto Fujimori y de los gobiernos anteriores; que dicho proceso de verificación toma el nombre de Comisión de la Verdad y de la Reconciliación y que tiene el apoyo de numerosas organizaciones sociales y civiles peruanas, además de las principales organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos y de las Naciones Unidas, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)".

Se cita,"....un reciente informe, publicado al inicio del mes de marzo 2004, donde la CIDH ha emitido una serie de recomendaciones para el Gobierno peruano, en especial, para que el procedimiento empezado con la CVR se complete en un plazo razonable y definido, garantizando también la indemnización de las víctimas de abusos y sus familiares". En este sentido, el Gobierno italiano se compromete a,"activar en todas las sedes oportunas, bilaterales y multilaterales, para hacer que el Gobierno peruano adopte y respete las recomendaciones de la CIDH y de la CVR, asegurando, en especial, la independencia de la magistratura, tanto la ordinaria como de los jueces encargados de investigar las violaciones cometidas por los anteriores gobiernos; que todos los acuerdos internacionales relevantes sean respetados por el Gobierno peruano, con especial énfasis, los inherentes a los derechos de las minorías indígenas y para la preservación de los recursos naturales".

http://www.argenpress.info/nota.asp?num=012620

En la resolución del Parlamento Europeo sobre Perú del 16 de enero del 2006 se « reitera que la lucha contra la impunidad es una de las piedras angulares de la política de la Unión en el ámbito de los derechos humanos; considera que todos los socios tienen la obligación fundamental de cooperar para lograr el respeto de la democracia y los derechos humanos".

La misión oficial del Parlamento Europeo presidida por Alain Lipietz (Los Verdes, Francia - www.lipietz.net ) y realizada en noviembre del 2006, "expresa su solidaridad con las miles de víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Perú mientras estuvo en el poder Alberto Fujimori; reconoce el incansable trabajo de las organizaciones de las víctimas y de derechos humanos por la vigencia de los derechos humanos en el Perú, y reitera votos para que estas víctimas reciban la justicia que les es merecida. Saluda la detención de Fujimori, apoya las iniciativas tanto del estado peruano como del chileno y de las organizaciones de derechos humanos para que la extradición de Fujimori hacia el Perú se haga efectiva. Apoya el juzgamiento de Fujimori como paso importante hacia la consolidación del proceso de transición democrática en el Perú, y subraya que la lucha contra la impunidad y corrupción es central para el avance de dicho proceso".

Dick Oosting, Director de la oficina de Amnistía Internacional EU Office, el 24 de april del 2007 ha declarado que "en Perú, los intentos actuales de ampliar el uso de la pena de muerte implicarían la retirada de dicho país de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Dado que los tribunales nacionales no proveen una protección eficaz ante las violaciones de derechos humanos, la retirada supondría la desaparición de la protección regional para los ciudadanos.

"Siendo un firme contrario a la pena capital, la UE tiene una responsabilidad especial a la hora de luchar contra estos intentos y alertar el gobierno peruano sobre las consecuencias de abandonar la CADH, un paso que afectaría sobre todo a los ciudadanos ordinarios", dijo Oosting.

Finalmente, Amnistía Internacional recomienda que la delegación de la UE respalde la petición de extradición desde Chile, emitida por el gobierno peruano, respecto al ex-presidente Alberto Fujimori. Fujimori debe hacer frente en su país a diversos cargos relacionados con violaciones de derechos humanos, corrupción y lavado de dinero". http://www.amnesty-eu.org

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*Cristiano Morsolin, educador y operador de redes internacionales para la defensa de los derechos humanos. Co-fundador del Observatorio sobre la Region Andina SELVAS.

Trabaja en Latinoamerica desde 2001.

Lima, 29.5.2007

martes, 29 de mayo de 2007

Solidaridad UrgenteDesapariciones y asesinatos.



Solidaridad UrgenteDesapariciones y asesinatos.
29May07 - ii) msjes.
Col - Acusan al ESMAD de tirar 3 niños a un río, provocar 28 desapariciones y denuncian graves amenazas e intimidaciones a organismo de defensa legal de DH.
i) Saldo de la represión del ESMAD a indígenas Emberas Katios en el Chocó: 28 desaparecidos, 13 heridos y dos monjas detenidas.
Acusan al fuerzas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de tirar 3 niños al cauce de un río de 28 desapariciones y 13 heridos y 2 detenidos como saldo de la respuesta del gobierno ante exigencias de indígenas Emberas Katios en el Chocó
Las consecuencias del intento de desalojo el pasado sábado por un Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de Risaralda, que denunciamos el pasado sábado, han sido subestimadas.
Después de verificar en terreno, las autoridades indígenas de OREWA, en comunicado público dan cuenta de una verdadera barbarie la respuesta del gobierno del CORAZÓN GRANDE PERO CON MANO DURA, por tanto "los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de Risaralda en nombre del alto gobierno cumplieron a como sea, como ROBOCOT las ordenes del Comandante Ospina ".
Uno de los hechos aberrantes y deplorables del cumplimiento del DEBER ANTES QUE VIDA, "fue la forma como miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) lanzaron a las aguas del rió San Juan a tres niños indígenas, de la comunidad de Docabu y sus cuerpos aún no han aparecido".
Cifra que se suma a los 28 indígenas desaparecidos, 13 heridos, la detención de dos misioneras de la Diócesis de Quibdo, quienes se encontraban en acción humanitaria, "no contento con ello, la Policía luego de meternos a la fuerza en buses sin saber para donde nos llevaban, quemaron la ropa, las pocas pertenencias y torturaron al Cabildo Mayor de la Zona, quien se encuentra gravemente herido".
Todo ello ocurre, "bajo la complicidad de los gobiernos locales y departamentales, como de Pueblo Rico Risaralda, gobernación de Risaralda y Chocó, del Gerente Social para el Chocó y por ende del gobierno de Alvaro Uribe y del Estado Colombiano en sí, ya que están incitando a la CENSURA y AUTOCENSURA, incluso a los medios locales y regionales de comunicación, por donde no se ha dado cuenta de lo que pasa, pese a las continuas denuncias, por ello hoy están en terreno varios comunicadores de la región, a la espera que de sus centrales le den paso a sus notas y así brindarles a la opinión pública, a la comunidad internacional lo que verdaderamente está sucediendo en el Chocó", así lo manifestó el Presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade Casama.
Por su parte las autoridades indígenas del Chocó, para evitar que se sigan cometiendo más hechos violento, ante la negativa de ceder a sus pretensiones, "decidimos trasladar la mesa de negociación de Quibdó para la comunidad del 18, allí esperamos al gobierno dispuestos a seguir las huellas, el conocimiento y el canto profundo de nuestros ancestros", manifestó Cesar Queragama, Presidente de OREWA.
Ante la brutal e irracional respuesta del gobierno, el presidente la ONIC puntualizó que "lamentamos que el gobierno en vez de responder con la palabra, con cumplimientos a acuerdos, a la razón social, responda con desinformación, y una embestida violenta, y de paso soterradamente induciendo en otras instituciones de que somos responsables de la crisis del Chocó, cuando lo que exigimos es basado en DERECHO, y la acción de hecho es una respuesta a la libre protesta ante las respuestas improductivas del gobierno".
Por ello llamamos al algo gobierno, al Estado, a las autoridades militares, a los organismos de control, a la comunidad internacionales, a los organismos de DDHH, a los medios de comunicación, a todos y todas, a voltear la mirada en uno de las regiones más golpeadas, pero sobre todo que el gobierno responda con hechos productivos, no sólo con la fuerza y con la autocensura, que le de la cara al país contando la verdad y de paso con reparación.
Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC OREWA.
Listado desaparecidos y heridos (con la atenuante que para los emberas los mayores de edad a partir de los doce años).
Desaparecidos:
Comunidad Cevede
Juan Guillermo Queragama Cheche - 13 años
Iván Queragama Pepe - adulto
Aurora Bidicha Cheche - adulta
Gilberto Queragama Bidicha -12 años
Calixto Queragama Bidicha - 10 años
Bebe de un año - 1 año
Iván Alberto Tequia - 15 años
Oliva Cheche Vitucay - adulta
Javier Sintua - 19 años
Guillermo Sintua - 15 años
Leonel Tequia Manugama - adulto
Willian Bateza Cheche - 19 años
Rafael Teuquia - 16 años
Celestino Bateza - adulto
Aquileo Queragama - adulto
Óscar Baniama Arce -10 años Comunidad Aguasal
Elkin Murillo - 18 años
Wilmore Murillo - 12 años
Milton Murillo - 12 años Comunidad Dos Quebradas
Climico Sintua Evao - 8 años Comunidad Conodo
Gloria Inés Tequia Arce - 6 años Comunidad Brisas
Sigifredo Tequia Tequia - 16 años Comunidad Vivicora
Ercilia Sintua Castañeda - Niña
Emeregildo Sintua Arce - Niño
Laurcario Arce Sintua - Niño
Humberto Tequia - Niño
Dario Queramaga Sintua - Niño
Antonio Queragama Sintua - Niño Heridos
Raúl Murillo Tequia
Pedro Pablo Murillo
Leonel Queragama
Libardo Tequia
Cristina Tequia
Amarcia Pepe
Diego Pepe
José Argemiro Pepe
Uriel Evao
Nicolás Bateza
Cesar Neguela
Carlos Queragama
Detenidos
Hermanas de la Diócesis de Quibdó
Martha Janet Perez. Dejada en Libertad
Nubia Salamanca. Dejada en Libertad

lunes, 28 de mayo de 2007

GUATEMALA: Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzada e Involuntariamente


Abril 20, 2007

Propuesta de ley que da vida a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzada e Involuntariamente

Durante ya décadas, el Grupo de Apoyo Mutuo “GAM” ha venido tratando de encontrar una respuesta a las 45,000 victimas de desaparición forzada, que como cifra nefasta cuenta Guatemala, que como vergüenza de país arrastramos, ya no es posible cerrar los ojos ante esta verdad aberrante, en Guatemala, efectivamente se produjo un número tan alto de desapariciones forzadas, como alto ha sido el muro de impunidad levantado por los responsables de ofender la vida, por aquellos que trataron sin lograrlo de matar la esperanza, por aquellos que ayer sembraron la semilla del mal y que aun hoy como país cosechamos frutos de violencia y de desprecio a la vida.

Pero el GAM, firme en su postura y en su compromiso de no claudicar, hasta saber el paradero de aquellas y aquellos que fueron desaparecidos, ha venido trabajando durante ya casi dos años en la elaboración del proyecto de ley denominado “Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Victimas Desaparición Forzada”, que ha sido un esfuerzo conjunto con instituciones del Estado, tales como la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Público, Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, la Comisión de Paz y Desminado del Congreso de la República, Comisión Presidencial Asesora en materia de DDHH del organismo Ejecutivo y además por alrededor de 12 organizaciones de sociedad civil comprometidas con los Derechos Humanos, cabe mencionar que este trabajo también esta siendo asesorado por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala. Por la diversidad de instituciones y organizaciones involucradas este ejercicio tiene matices históricos y se ha constituido en un referente para trabajar otros problemas nacionales, como por ejemplo el Resarcimiento a las victimas del conflicto armado interno.

Es de resaltar que esta iniciativa de ley tiene un espíritu eminentemente humanitario y que su principal cometido es dar con el paradero de las personas desaparecidas, cual fue su suerte y destino final. Además que los familiares, amigos y como sociedad podamos ir cerrando esta terrible etapa de nuestra historia, pero con resultados basados en esfuerzos serios y responsables.

Ahora bajo el registro 3590, la iniciativa de ley esta presentada desde el 14 de diciembre de 2006, ante el Congreso de la República de Guatemala y fue conocida ya el 18 de enero de 2007, es responsabilidad entonces del Organismo Legislativo respaldar el esfuerzo realizado, pero va más lejos de esto aún, tienen el compromiso de responder al clamor del pueblo guatemalteco y al mundo, por las hermanas y hermanos desaparecidos.
Instamos pues al Congreso de la República de Guatemala a legislar a favor de la paz, a favor de la verdad y la reconciliación.

Dispuestos a todo menos a olvidarte. ¡¡GAM presente!!

Estuardo Galeano
Coordinador Área Jurídica

Guatemala, 21 de marzo del 2007.

JOSEFINA GARCÍA ARANBURU: 24 años en las mazmorras del Estado fascista!!


Cartas y telegramas:
Prisión de Meco, Madrid I, 28880 Alcalá de Henares
ÚLTIMA HORA 24 MAYO: INGRESADA URGENTE EN LA ENFERMERIA DE MECO.


¡Rompamos su incomunicación!

¡¡¡ 24 años en las mazmorras del Estado fascista!!!

Peligro de muerte:
La militante del PCE(r) Josefina García Aranburu puede ser exterminada en prisión.

La situación médica de Josefina García Aranburu se viene complicando cada día más de estancia entre muros y ya la han tenido que ingresar en varias ocasiones en el Hospital 12 de Octubre de Madrid desde la prisión de Alcalá-Meco. Hoy mismo, 24 de mayo, ha tenido que ser nuevamente ingresada de urgencia en la enfermería de la prisión de Meco.
Su estado de salud es tan sumamente delicado que apenas ha podido aguantar dos meses en el presidio hasta su primer ingreso. Pero el Estado fascista, aunque se le llena la boca de “paz” y otras buenas palabras, no persigue más que el exterminio de los presos políticos, acabar poco a poco con las escasas fuerzas físicas que aún les restan, después de décadas de encierro injustificado.
En el caso de Fina, el deterioro de su situación es consecuencia directa de la peregrinación por las cárceles francesas y españolas y del brutal trato padecido. Sin embargo, su moral no se ha resentido ni un ápice, sigue con el ánimo muy alto y con ganas de salir a la calle para continuar en la lucha. Es un ejemplo de integridad y de coraje para todos los y las antifascistas.
Los médicos del hospital ya advirtieron a la prisión que el único tratamiento válido para Josefina es su liberación de la cárcel porque para una dolencia cardiaca como la que ella padece cualquier situación de reclusión la agrava, como efectivamente estamos comprobando.
Como ya advertimos en varios comunicados, a la cardiopatía de la militante comunista se le ha unido una hernia discal causada por el forcejeo mantenido con la Gendarmería en el Palacio de Justicia de París durante su juicio, del que fue expulsada violentamente varias veces, dislocándole uno de los brazos.

Hacemos un llamamiento a todas las personas y Colectivos solidarios para que entre todos y todas podamos denunciar este nuevo intento de exterminio "democrático" en las cárceles fascistas.

CONCENTRACIÓN SOLIDARIA
en la CÁRCEL DE MECO (ALCALA DE HENARES, MADRID)
EL DÍA 16 DE JUNIO 2007, SÁBADO, A LAS 12 DE LA MAÑANA.
Convocan:
- Comités por un Socorro Rojo Internacional.
- Familiares y amigos de los y las presas políticas.

Conclusiones sobre los hechos de OAXACA


Los hechos acontecidos motivaron la presentación de 1,343 quejas ante esta Comisión Nacional, mismas que refieren presuntas violaciones a los derechos humanos a la libertad personal, al libre tránsito, a la libertad de manifestación y de reunión, a la libertad de expresión y a la información, a la integridad física y psicológica; a la propiedad, a la legalidad y seguridad jurídica, a la seguridad pública, a la vida, y a la educación.


CONCLUSIONES
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha investigado todos y cada uno de los hechos ocurridos en el estado y la ciudad capital de Oaxaca a partir de mayo de 2006 y hasta el 31 de enero de 2007, cuyo análisis pormenorizado se detalla en el cuerpo del presente informe, derivado de lo cual se permite expresar las siguientes conclusiones:
Primera. El estado de Oaxaca presenta grandes rezagos en materia social, económica y política, que no han sido atendidos oportunamente por parte de los tres órdenes de gobierno, conforme a su esfera de competencias. Aunado a esta situación, la falta de capacidad para el diálogo y la negociación para la atención de las demandas laborales planteadas por la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, generó y desarrolló un conflicto en el que participaron, además de los integrantes del magisterio de Oaxaca, diferentes asociaciones y grupos que conformaron la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Segunda. Este conflicto abarcó más de seis meses, durante los cuales se evidenció la incapacidad de las autoridades estatales y el desinterés de las federales para atenderlo y darle solución, incumpliendo su deber de impulsar desde las instituciones los procedimientos democráticos, apegados a derecho, para la solución pacífica de los conflictos; al no hacerlo, cancelaron los espacios del mejor ejercicio de sus facultades institucionales y de la política. Estas actitudes propiciaron vacíos de poder que los grupos sociales ocuparon y que, para su recuperación, se recurrió al uso de la fuerza pública.
Tercera. En el transcurso del conflicto, esta Comisión Nacional comprobó que se realizaron violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades federales, estatales y municipales en el desarrollo de sus actividades, o con motivo de ellas o bien, por omisión, considerando ésta cuando los particulares o algún otro agente social realiza algún ilícito que viola derechos humanos, contando con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando éstas últimas se niegan infundadamente a ejercer las atribuciones a las que legalmente están obligados. Dichas violaciones, como quedó acreditado en el cuerpo del presente informe especial, se presentaron en los siguientes rubros:
I. Violaciones al derecho de libertad. Estas violaciones se concretaron contra la libertad de reunión y la libertad personal, por detenciones arbitrarias y por retenciones ilegales, y a las libertades de expresión y a la información.
II. Violaciones al derecho a la propiedad y a la posesión. En este caso se materializaron ataques a la propiedad privada y a la posesión por desapoderamiento y daños.
III. Violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal. Las violaciones acreditadas en este rubro comprendieron atentados en contra de la integridad personal y tortura.
IV. Violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica. Se configuraron violaciones contra la administración de justicia por dilación en la procuración de justicia, dilación administrativa en los procedimientos jurisdiccionales, por irregular integración de averiguación previa, y por incomunicación, así como actos y faltas contra el debido funcionamiento de la administración pública por ejercicio indebido de la función pública reflejado en una insuficiente protección de personas.
V. Especialmente lamentable fue la violación constatada al derecho a la vida.
Cuarta. Este organismo nacional tiene el convencimiento de que las agresiones físicas, amenazas, actos intimidatorios y robo de material y equipo de trabajo que durante la cobertura del conflicto sufrieron comunicadores de los diversos medios de comunicación locales, nacionales e internacionales; las tomas de instalaciones de diversas radiodifusoras, y la muerte del periodista estadounidense Bradley Roland Will deben ser esclarecidas y los responsables identificados y presentados ante las instancias judiciales, en virtud de que, tal y como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la omisión o demora en la investigación efectiva y completa de hechos cometidos en contra de comunicadores, así como la falta de sanción administrativa o penal de los autores materiales e intelectuales, resulta especialmente grave, no sólo por el efecto amedrentador sobre los comunicadores para manifestar alguna idea o difundir información, sino también sobre cualquier ciudadano, que no encuentra sentido al denunciar atropellos, abusos e ilícitos de cualquier tipo.
Las partes involucradas en el conflicto, en reconocimiento a la importancia que el ejercicio periodístico tiene en una sociedad que exige estar debidamente informada, deben respetar esta labor, mostrando tolerancia en cuanto al uso de las libertades de pensamiento, ideología y expresión que de ellas hacen los diversos medios, evitando someterlos a intimidaciones o proferirles amenazas, toda vez que se debe considerar que la pluralidad de opiniones es un valor que refuerza la vida democrática.
Quinta. Las amenazas, persecución, agresiones físicas y actos de intimidación que durante el conflicto sufrieron miembros de las distintas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, así como los constantes actos para difamar y denostar su labor y las convocatorias públicas que se realizaron por la “Radio Ciudadana” para tomar e incendiar sus instalaciones en la ciudad de Oaxaca, son conductas tendentes a impedir, limitar o amedrentar la importante función que en pro de los derechos humanos realizan dichas organizaciones, por lo que los tres órdenes de gobierno están obligados a garantizar una adecuada investigación de tales actos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que el peligro en que se encuentra un defensor puede provocar en él un efecto amedrentador y, como consecuencia de ello, puede cesar alguna o todas sus actividades. Cuando esto sucede no sólo quedan desprotegidos los derechos del defensor, sino que además grupos de la comunidad y en algunos casos comunidades enteras quedan sin representación y, por tanto, sin protección de sus derechos. Esta Comisión Nacional reitera a los gobiernos federal, estatal y municipales la responsabilidad que tienen de vigilar y promover el respeto a las garantías contempladas en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos de la Organización de la Naciones Unidas.
Sexta. Este organismo nacional está consciente de la existencia de un importante número de actos que pueden ser considerados como ilícitos, realizados por diversos agentes sociales ajenos a la órbita de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. No obstante lo anterior, esta Comisión Nacional no tiene atribuciones jurídicas para expresar pronunciamiento alguno respecto de las conductas desplegadas por personas particulares, mismas que deberán ser investigadas y calificadas por las autoridades administrativas y procuradoras e impartidoras de justicia correspondientes, respecto de las cuales esta Comisión Nacional siempre ha mostrado el mayor respeto.
Séptima. El problema reseñado generó situaciones y consecuencias que afectaron incluso a quienes eran ajenos a las partes. Dentro de estas afectaciones, una de las más importantes y representativas fue la suspensión de las labores académicas que impactó a toda la niñez oaxaqueña inscrita en las escuelas públicas del estado. Este organismo nacional tiene presente que la interrupción de las labores por parte de los integrantes del magisterio oaxaqueño fue motivada por aspectos de naturaleza laboral, en ejercicio de un derecho sindical y que las autoridades de educación pública del estado tuvieron dificultades insuperables para garantizar que la educación se impartiera regularmente. No obstante lo anterior, es insoslayable que de este conflicto devinieron consecuencias graves que perjudicaron a cerca de 1’300,000 alumnos en toda la entidad federativa, con la consecuencia lógica del retraso académico de los alumnos, por lo que las autoridades responsables de proporcionar los servicios de educación pública y los integrantes del magisterio de Oaxaca, servidores públicos directamente responsables de la formación académica de los educandos oaxaqueños, deberán establecer las condiciones para que los conflictos de naturaleza laboral no impacten en el goce y ejercicio del derecho a la educación de quienes son el futuro del estado.
Octava. Para esta Comisión Nacional, la fuerza pública debe ser considerada como el último recurso que tienen las autoridades para restablecer las condiciones de seguridad y paz social; no debiendo, por acción o por omisión, generar vacíos que produzcan conflictos sociales para que, sin la atención y diálogo debidos, procedan al uso de la fuerza pública indiscriminada y desproporcionadamente. Como se expresó anteriormente en el informe preliminar de las acciones realizadas en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, “la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no se opone a la detención, sometimiento y aseguramiento de personas cuando su conducta esté prevista como delictiva por la legislación penal y las leyes autoricen el uso legítimo de la fuerza. Tampoco se opone a que los servidores públicos hagan cumplir la ley, pero sus actos deben realizarse conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales inscritos y ratificados por México, y en las leyes y los reglamentos aplicables”.
Novena. Siendo la seguridad pública una función a cargo de la federación, los estados y los municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, la actuación de sus corporaciones policiales debe darse bajo los principios de legalidad, eficiencia, proporcionalidad, profesionalismo y honradez. El ejercicio de dicha función no puede entenderse como una atribución aislada para cada uno de los niveles de gobierno, sino que la propia norma constitucional dispone el desarrollo de una labor conjunta, que implica que los tres niveles de gobierno estén debidamente coordinados para establecer un sistema nacional de seguridad pública, permitiendo, en la práctica cotidiana, que los particulares ejerzan efectivamente su derecho a la seguridad, y facilitando un armónico desenvolvimiento social.
Los principios anteriormente expresados no tuvieron cabida en el conflicto de Oaxaca; la inactividad de las distintas autoridades propició la interrupción del funcionamiento del aparato gubernativo y administrativo del estado, y representó una suspensión de la normalidad del desarrollo social de su población. De esta manera, los habitantes de la ciudad de Oaxaca vieron violados sus derechos humanos a la seguridad, mismos que está obligado a garantizar el Estado a través del gobierno.
(Este texto es parte de la investigacion de la Comision de DDHH de Mexico)