De acuerdo al segundo informe de la comisión Valech, del total de víctimas, 86 de ellas tenían menos de 12 años al momento de su detención.
Por Luis Narváez
Los jóvenes que fueron excluidos del segundo informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir que el Estado responda por los perjuicios que sufrieron en dictadura.
El equipo jurídico que trabaja con 88 personas que están en esa condición y que no fueron incluidas en el documento que fue entregado esta semana al Primer Mandatario, ya presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Presidente Lagos. Sin embargo, el tribunal de alzada capitalino lo declaró inadmisible el miércoles, rechazando su tramitación.
El equipo jurídico que está asesorando a los miembros de la Agrupación de ex Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura, ya calculaba que ésa sería la decisión de los tribunales chilenos. Por ello en los últimos días se encuentran recopilando toda la información con las personas que exigen que sean reconocidas en esa condición para recurrir a la CIDH.
El abogado Hugo Gutiérrez señaló ayer que “era de esperarse que la corte resolviera esto y por eso es que hemos decidido recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una forma de que esta instancia, que vela por la aplicación de todos los tratados internacionales sobre esta materia, exija al Estado chileno que los reconozca como víctimas”.
El profesional estimó erróneo el criterio para seleccionar a las víctimas que declararon ante la comisión. “Cómo iban a saber de ellos si los padres no los mencionaron por miedo o porque los testigos de sus detenciones fueron asesinados o están desaparecidos”, dijo Gutiérrez.
De hecho, en los últimos días, un total de 10 personas han concurrido a la organización porque sus testimonios quedaron fuera del informe Valech.
Según los antecedentes que constan en el segundo documento oficial de la comisión, de las mil 200 personas incluidas como víctimas de prisiones ilegales o torturas, 86 eran menores de 12 años al momento de ser detenidas.
La decisión de recurrir a la CIDH también se fundamenta en que el propio Presidente Lagos, al conocer el contenido del documento, anunció que quienes no fueron recalificados en este nuevo plazo otorgado a la Comisión de Prisión Política y Tortura, que preside el obispo emérito de Santiago Sergio Valech, ya no podrán acceder a los beneficios de la ley.
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Fuente www.lanacion.cl
Los jóvenes que fueron excluidos del segundo informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir que el Estado responda por los perjuicios que sufrieron en dictadura.
El equipo jurídico que trabaja con 88 personas que están en esa condición y que no fueron incluidas en el documento que fue entregado esta semana al Primer Mandatario, ya presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Presidente Lagos. Sin embargo, el tribunal de alzada capitalino lo declaró inadmisible el miércoles, rechazando su tramitación.
El equipo jurídico que está asesorando a los miembros de la Agrupación de ex Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura, ya calculaba que ésa sería la decisión de los tribunales chilenos. Por ello en los últimos días se encuentran recopilando toda la información con las personas que exigen que sean reconocidas en esa condición para recurrir a la CIDH.
El abogado Hugo Gutiérrez señaló ayer que “era de esperarse que la corte resolviera esto y por eso es que hemos decidido recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una forma de que esta instancia, que vela por la aplicación de todos los tratados internacionales sobre esta materia, exija al Estado chileno que los reconozca como víctimas”.
El profesional estimó erróneo el criterio para seleccionar a las víctimas que declararon ante la comisión. “Cómo iban a saber de ellos si los padres no los mencionaron por miedo o porque los testigos de sus detenciones fueron asesinados o están desaparecidos”, dijo Gutiérrez.
De hecho, en los últimos días, un total de 10 personas han concurrido a la organización porque sus testimonios quedaron fuera del informe Valech.
Según los antecedentes que constan en el segundo documento oficial de la comisión, de las mil 200 personas incluidas como víctimas de prisiones ilegales o torturas, 86 eran menores de 12 años al momento de ser detenidas.
La decisión de recurrir a la CIDH también se fundamenta en que el propio Presidente Lagos, al conocer el contenido del documento, anunció que quienes no fueron recalificados en este nuevo plazo otorgado a la Comisión de Prisión Política y Tortura, que preside el obispo emérito de Santiago Sergio Valech, ya no podrán acceder a los beneficios de la ley.
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