ARGENTINA: SOSPECHOSA MUERTE DE UN GENOCIDA

La Justicia así es impunidad

Hoy el represor Héctor Antonio Febres debería estar escuchando su condena por su participación en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en la ESMA. Hoy Febres debería estar escuchando a la Justicia dándole su condena por represor. Hoy Febres debería estar sentado en Tribunales, diciendo todo lo que sabe sobre lo que pasó en la ESMA, sobre los crímenes de los que él participó: torturó, entregó bebés nacidos en cautiverio y participó en las decisiones sobre quiénes eran trasladados en los "vuelos de la muerte". Ese era Febres: un represor que mantuvo su pacto de silencio con los genocidas hasta la muerte. Y no sólo eso: en el Juicio, ante sus propias víctímas, negó su participación en los delitos que los sobrevivientes reconocieron que cometió. Y Febres se murió impune y en silencio cuatro días antes de conocerse la sentencia en su contra.

Durante décadas esperamos los Juicios contra los genocidas. Durante décadas exigimos la nulidad de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e Indultos, exigimos que los genocidas estuvieran en cárceles comunes, con condenas perpetuas y efectivas, que hablaran para que podamos encontrar a nuestros hermanos y enterrar a nuestros familiares, porque la impunidad y el olvido no pueden ser nunca las bases de la democracia.

Supimos por los medios de comunicación que se encontró cianuro en el cuerpo de Febres. Por el momento hay secreto de sumario, por lo tanto no podemos acceder a la Causa que investiga la muerte de Febres. Pero si esto se confirma con los resultados finales de la autopsia, si Febres no murió por causas naturales el Tribunal Oral en lo Federal Nº 5 tendrá que responder por qué a pesar de los reiterados pedidos de las querellas para que Febres fuera alojado en otra dependencia que no fuera de la misma Fuerza de Seguridad del Estado a la que perteneció no lo hicieron. Por qué lo dejaron detenido en una dependencia de la Prefectura, aduciendo que era por razones de seguridad y cuatro días antes de conocerse la sentencia en su contra Febres apareció muerto de manera dudosa. Si pudieron evitarlo y no lo hicieron, son responsables.

Responsabilizamos a los jueces del Tribunal, Guillermo Gordo –presidente-, Ricardo Farías y Daniel Obligado. Fueron ellos los que decidieron que Febres estuviera alojado en una dependencia con sus camaradas y eran ellos los responsables de la seguridad del imputado.

También tenemos que mencionar un precedente en este hecho: la responsabilidad del juez Sergio Torres por haber desmembrado la Causa ESMA, dilatando de esta manera el Juicio, generando que los testigos deban revivir reiteradamente el horror, además de exponerse, y por haber mantenido durante 8 años a Febres en prisión preventiva.

Si los resultados finales de la autopsia confirman la muerte por ingesta de cianuro, la Prefectura Naval Argentina también tendría sus responsabilidades como Institución: Febres estaba entre camaradas, en una "celda" con privilegios: la puerta abierta, con DVD, teléfono celular, visitas ilimitadas y sin control a los ingresantes. Febres gozó de impunidad y de una detención de lujo.

Una vez más una Fuerza de Seguridad del Estado está sospechada de un delito. Si la Prefectura participó en la muerte de Febres deberá responder y los responsables deberán ser removidos, juzgados y condenados, sea un suicidio o un homicidio. Reiteramos la exigencia del desmantelamiento del aparato represivo, porque los represores no deben estar trabajando, sino que tienen que estar presos y en cárceles comunes. La muerte de Febres y las sospechas que levantó demuestran que esto es imperativo.

A más de un año de la desaparición de Jorge Julio López no tenemos novedades sobre su paradero y no hay culpables identificados. Mientras, los testigos, abogados y querellantes continúan siendo amenazados. Es urgente que tanto el gobierno como la Justicia se ocupen de la seguridad de quienes asumen su compromiso por la verdad, la memoria y la justicia: sin testigos y querellantes no hay Juicios. No proteger a los testigos es garantizar la impunidad.

La Justicia tiene que asumir su responsabilidad ante los Juicios por delitos de lesa humanidad y debe responder a la altura de los hechos: están juzgando a genocidas, que violaron, secuestraron, robaron y apropiaron niños y bienes, asesinaron e hicieron desaparecer a 30.000 compañeros.

H.I.J.O.S.

Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

Regional Capital en la Red Nacional

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