sábado, 29 de septiembre de 2007

JUECES ARGENTINOS EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

La Cámara Federal de La Plata ordenó investigar la actuación de jueces platenses

La Cámara Federal de La Plata le ordenó ayer al juez de primera instancia Manuel Humberto Blanco, que inicie una investigación con respecto a la actuación de varios jueces y ex jueces platenses, un ex fiscal de nuestra ciudad, militares y médicos, por posibles encubrimientos y otros delitos en casos de secuestros, torturas y asesinatos de detenidos ilegales durante la última dictadura militar.

En una res
olución de 329 fojas, a la que tuvo acceso este diario, se dispuso por primera vez -en el marco de los procesos iniciados por crímenes de la dictadura- que se investigue a integrantes del Poder Judicial por su presunta complicidad con el régimen que gobernó el país entre 1976 y 1983.

En ese marco, se ordenó el inicio de investigaciones -para dilucidar si incurrieron o no en algún delito- sobre los jueces Pedro Luis Soria (h) y Héctor Hugo Decastelli; y el ex fiscal Antonio Andrés Raimundi, todos de La Plata.

Soria es actualmente integrante de la Cámara de Apelaciones y Garantías del fuero penal platense; mientras que Decastelli ocupa un cargo similar en Lomas de Zamora. Ambos en la década del 70 fueron jueces en lo criminal de primera instancia en nuestra ciudad.

En el mismo fallo, los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal -Gregorio Fleicher, Carlos Compareid y Leopold
o Schiffrin- confirmaron el procesamiento de 12 ex integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), presos desde mayo del año pasado, bajo sospecha de haber tenido distintos grados de participación en secuestros, torturas y homicidios cometidos en la cárcel, ubicada en calle 10 y 76.

En la resolución también se ordenaron investigaciones sobre los ex jueces Eduardo Marquardt y Ángel Nelki Martínez, este último fallecido.

VOTO EN MINORIA
En su voto, en minoría, el juez Schiffrin había propuesto investigaciones sobre otros magistrados y ex magistrados de nuestra ciudad, como Eduardo Hortel, Eduardo Sanucci, Horacio Piombo y Carlos Mayón, al considerar que "resulta altamente llamativo que algunos
jueces y funcionarios penales del fuero ordinario platense no hayan ordenado ningún tipo de autopsia en los procesos iniciados por este hecho, y que, hayan sobreseído provisionalmente y archivado las actuaciones sin producir ningún tipo de prueba".

Sin embargo, los otros dos camaristas federales entendieron que no había elementos como para disponer investigaciones sobre ellos.

Con respecto a los otros magistrados que -según esta resolución- deben ser investigados, se les reprocha un supuesto desempeño "dudoso" en la causa iniciada por la muerte de Marcos Ibáñez Gatica, quien apareció ahorcado en su celda de la Unidad 9, al parecer luego de una tremenda sesión de torturas.

En uno de los votos se describió que esa causa fue cerrada sin que se hiciera la autopsia y que se había dictado al otro día del hecho -el 14 de diciembre de 1976- un sobreseimiento provisorio, sin que estuviera agregado a la causa el certificado de defunción.

VARIOS MILITARES
En la misma resolución se le ordenó al juez Blanco que ponga también bajo la lupa -para dilucidar sus responsabilidades en los hechos ocurridos en Unidad 9 de La Plata- sobre militares del I Cuerpo de Ejército, que tenía el mando sobre la cárcel platense: Leopoldo Fortunato Galtieri (fallecido), Juan Carlos Bazilis, Albano Harguindeguy, Ibérico Saint Jean, Carlos Sánchez Toranzo y Carlos Campoamor.

También sobre Roque Alberto Presti, Orlando Ruarte, Ignacio Russo, Oscar Pablo Eugenio Billor, Eduardo Puricelli, Mario Alfredo Piotti, Lucio Carlos Ramírez, Juan Bautista Sasiaiñ y Fernando Aníbal Guillén.

La resolución de la Cámara confirmó además el procesamiento y detención de 12 ex agentes penitenciarios apresados por decenas de casos de torturas, homicidios y privaciones ilegales de libertad cometidas entre 1976 y 1978 en la Unidad 9.

La Cámara además confirmó las detenciones de Abel Dupuy, jefe de la Unidad 9 entre 1976 y 1980; Isabelino Vega, subjefe de la U9 entre 1976 y 1979; Víctor Ríos, jefe de seguridad del área vigilancia y tratamiento entre 1976 y 1978, Carlos Alarcón y Segundo Basualdo, ambos del área de vigilancia y tratamiento de la cárcel.

Similar medida dispuso para Valentín Romero, guardia de la Unidad 9 a partir de 1977; Jorge Peratta, encargado de turno entre 1976 y 1977; Elbio Cosso, director de seguridad hasta noviembre de 1976, cuando fue designado subjefe interino y Héctor Acuña, del área seguridad desde abril de 1976 y los guardias Catalino Morel y Ramón Fernández.

Además resolvió que siga preso Raúl Aníbal Rebaynera, acusado por homicidio agravado.

Este último, según testimonios reunidos en la causa, sería uno de los encargados de los interrogatorios y torturas en la Unidad 9.

Además se resolvió el procesamiento -sin detención- de los médicos Enrique Coris, Luis Favole y Carlos Jurio, quienes cumplieron funciones en la cárcel platense a partir de 1976.

La causa, por homicidios y torturas en la Unidad 9, se inició en el 2001, a partir de testimonios reunidos en el "Juicio por la Verdad", sobre lo ocurrido en la citada cárcel durante la último gobierno de facto.

DE UTOPÍAS A REALIDADES

SECUESTRO Y AMENAZAS CONTRA TESTIGO EN JUICIOS POR LA VERDAD

Los organismos abajo firmantes denunciamos y repudiamos el secuestro y ataque sufrido por Felisa Marilaf -ex detenida-desaparecida-, producido en la mañana de este jueves 27 de septiembre en la ciudad de La Plata.

Felisa ya sufrió un ataque similar en el mes de junio de este año, y hoy al salir de su trabajo fue secuestrada por dos hombres que la llevaron a un descampado en Berisso. Allí la atacaron y amenazaron por su participación como testigo en los juicios por la verdad y por movilizarse por la aparición con vida de Julio López el último 18 de septiembre.

Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por la serie de ataques producidos en los últimos días en la ciudad de La Plata, dirigidos contra edificios públicos. También resulta extraño el ataque producido por un supuesto "comando Julio López" que baleó el domicilio del médico Néstor Siri denunciado en el Juicio por la Verdad por su accionar en dos centros clandestinos de detención.

Entendemos que existen sectores interesados en crear un clima intimidatorio a pocos días de conocerse la sentencia en el juicio al cura represor Christian Von Wernich, que se suma al que venimos viviendo desde hace un año con la desaparición de Jorge Julio López.

Exigimos al gobierno el inmediato esclarecimiento de estos hechos, y lo hacemos responsable por la seguridad de todos los compañeros y compañeras involucrados en este y todos los juicios.

¡APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LÓPEZ!
¡JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS!


  • ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS-DESAPARECIDOS
  • ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES EN LUCHA (APEL)
  • CENTRO DE ABOGADOS POR LOS DERECHOS HUMANOS (CADHU)
  • CENTRO DE PROFESIONALES POR LOS DERECHOS HUMANOS (CEPRODH)
  • CENTRO POR LOS DERECHOS HUMANOS HERMANOS ZARAGOZA
  • COMISIÓN DE DDHH DE URUGUAYOS EN ARGENTINA
  • COMITÉ DE ACCIÓN JURÍDICA (CAJ)
  • FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DEFENSA LEGAL ARGENTINA (FIDELA)
  • H.I.J.O.S. LA PLATA
  • INSTITUTO DE RELACIONES ECUMÉNICAS (IRE)
  • LIBERPUEBLO
  • LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE
  • UNION X LOS DDHH LA PLATA
  • VECINOS DE SAN CRISTÓBAL CONTRA LA IMPUNIDAD
  • COMITÉ INTERNACIONAL CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS Y LA TORTURA-ICAD FRANCO-BELGA E ICAD LATINOAMÉRICA.

"LLAMO A LA REBELIÓN DE LAS MADRES"

Compartimos, con nuestros lectores, una interesante entrevista realizada a la galardonada con el controvertido "premio Sarajov, a la libertad de conciencia". Decimos "controvertido" porque -entre otros- le ha sido otorgado a Reporteros sin fronteras.

Este premio lo concede cada año el Parlamento Europeo y fue creado en 1988 para recompensar a las personalidades o colectivos que se esfuerzan por defender los derechos humanos y las libertades fundamentales
:

NURIT PELED-ELHANAN: PREMIO SAJAROV A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA



Por IMA SANCHÍS *

Tengo 58 años Nací y vivo en Jerusalén. Soy profesora de Educación del Lenguaje en la Universidad de Tel Aviv. Estoy casada y tengo 4 hijos de 30 a 15 años. Mi hija fue asesinada a los 13 años en un atentado suicida palestino. Hoy la política mundial es corrupta, es mafia. Israel debe acabar con la ocupación. No tengo creencias.

-¿Hace usted un llamamiento a todas las madres del mundo?

- Sí, porque el concepto de madre se ha pervertido. En Occidente la labor de la madre se menosprecia, se ridiculiza, nos presentan como seres fuera del mundo que persiguen a un pequeño con un bocadillo.

- Usted reivindica a las madres coraje.

- Sí, porque no hay función más elevada que educar a un hijo. Y eso no sólo deberíamos venerarlo, sino que debería ser una prioridad.

- ¿Transmisoras de valores?

- Así debería de ser. ¿Pero qué ha ocurrido? Qué los políticos han usurpado nuestro lugar. Nos enseñan a creer que nuestros úteros son una baza nacional. Se nos educa para que no exclamemos: "Yo le he traído al mundo y no permitiré que su vida valga menos que el petróleo o que un pedazo de tierra".

- Tiene usted razón.

- Pero cada una de nosotras está aterrorizada por esa educación recibida que infecta el espíritu.

- ¿Qué significa eso?

- En Israel se inculca a los niños una doctrina xenófoba contra los árabes. Se les dice que los árabes son como los nazis y en ningún libro de texto se les explica que judíos y musulmanes vivieron en armonía durante 2.000 años. El holocausto se ha convertido en una herramienta política.

- ¿Por qué perpetuar el miedo?

- El poder perpetúa el miedo y la ignorancia porque la guerra, la explotación y la ocupación son muy buenos negocios.

- ¿Qué cara tiene ese miedo?

- El Gran Israel judío tiene miedo del útero musulmán, que sus ministros califican de amenaza demográfica. EE. UU. y Gran Bretaña contaminan a sus ciudadanos con un miedo ciego a los musulmanes, que son vistos como productores en masa de terroristas.

- Lea este titular: "Al Qaeda quiere limpiar el Magreb de españoles y franceses".

- Todo es parte de una propaganda política para justificar lo que está haciendo Estados Unidos en Iraq e Israel en Palestina. Al Qaeda es una respuesta a la explotación crónica del Tercer Mundo.

- Su hija fue asesinada en un atentado suicida palestino.

- Todos los niños que mueren en esa zona son víctimas de la ocupación Israelí. Cada dos días muere un niño palestino a manos de soldados israelíes, estamos hablando de 400 al año y nadie, nadie, ha sido juzgado ni castigado por un solo asesinato. Así que podemos decir, de un modo bastante absurdo, que por lo menos los asesinos palestinos tienen la decencia de matarse a sí mismos.

- ¡!

- Había un trabajador en mi casa que tenía permiso para vivir en Jerusalén pero no para trabajar. Y la ley, al vivir en Jerusalén, no le deja trabaja fuera. Resultado: tiene tres hijos condenados al hambre. El Estado de Israel está empujando a los palestinos a distintos tipos de muertes y lo que yo me pregunto es: ¿cómo es posible que la mayoría de los palestinos no se conviertan en bombas humanas?

- ¿?

- Es nuestra suerte, que sean gente en su mayoría pacífica; pero de eso nadie habla, nos cuentan los casos de los que escogieron cuándo morir en lugar de esperar a que su muerte llegue de manos de los israelíes. Europa sabe de lo que hablo, deberían hacer algo.

- ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en este sinsentido?

- Los medios norteamericanos informan un 500% más de las muertes israelíes que de las palestinas. Dígame qué están haciendo los norteamericanos en Iraq y en Afganistán con el apoyo de Europa, ¿pero cuál es el titular?..., que un grupo terrorista esta amenazando. Forma parte de esta infección de la mente y del espíritu que estamos sufriendo.

- Le recuerdo los atentados de Nueva York, Madrid, Londres...

- No salen de la nada, son reacciones. Si analiza uno a uno los atentados suicidas en Israel, verá que un día o dos días antes algo horrible ocurrió y ésa es la reacción, pero nos lo presentan distinto y los que sufren no son los criminales, que siempre se escapan, sino los inocentes. A unas acciones criminales las llamamos guerra y a las otras terror.

- ¿Cómo son sus alumnos?

- Totalmente indiferentes, no saben ni lo que ocurre a cien metros y ven a los vecinos como un problema que debería limpiarse.

- Pero hay objetores de conciencia.

- Sólo hay 2.000. En Israel ser un combatiente es el valor social más elevado.

- ¿Ve en sus hijos a criminales de guerra?

- Es lo que son, matan a niños y civiles, en Palestina no hay ningún ejército. Y las madres deberíamos poner fin a ello, dejar de criar hijos para entregarlos al Estado, pero lo que hacemos es llorar, gritar y tomar ansiolíticos. Mi prima tenía a sus dos hijos en una zona muy conflictiva, así que tomó Prozac.

- ¿Es una broma?

- No, parece la única opción, cuando lo natural es ir e intentar sacar a tus hijos de allí.

- ¿En qué condiciones vuelven?

- Mis hijos son ahora objetores, miembros de Combatientes por la Paz. Pero cuando fueron soldados yo les preguntaba: "¿Por qué estas ahí?". "Porque nos disparan". "¿Y por qué os disparan?". "Porque estamos ahí". Ésa es la lógica, no saben nada, sólo actúan.

- ¿Y eso no pasa cuentas?

- Cuando está en un check point, que es la máquina de humillaciones más horrible que uno pueda imaginar, juegan a ser dioses y ahí surgen sus peores vicios. Sabemos que a la larga esos jóvenes tendrán problemas mentales y también las víctimas del otro lado.

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*Fuente: La Vanguardia
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PREMIO SÁJAROV a la libertad de conciencia 2006 - Alexander Milinkevich; 2005 - Las «Damas de Blanco», Hauwa Ibrahim y Reporteros sin Fronteras; 2004 - Zhanna Litvina, Presidenta de la Asociación de Periodistas de Belarús; 2003 - La ONU y su Secretario General Kofi Annan; 2002 - Oswaldo José Payá Sardiñas; 2001 - Izzat Ghazzawi, Nurit Peled-Elhanan y Zacarias Kamwenho; 2000 - ¡Basta Ya!; 1999 - José Alejandro 'Xanana' Gusmão; 1998 - Ibrahim Rugova; 1997 - Salima Ghezali; 1996 - Wei Jingsheng; 1995 - Leyla Zana; 1994 - Taslima Nasreen; 1993 - Oslobodjenje; 1992 - Las Madres de la Plaza de Mayo; 1991 - Adem Demaçi; 1990 - Aung San Suu Kyi; 1989 - Alexander Dubcek; 1988 - Nelson Rolihlahla Mandela y Anatoli Marchenko (a título póstumo).

jueves, 27 de septiembre de 2007

LIBERTAD PARA JOSEFINA GARCÍA




COMITÉ INTERNACIONAL CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS Y LA TORTURA

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ICAD FRANCIA EXIGE LA LIBERACIÓN DE JOSEFINA GARCÍA


Exigimos de
l gobierno español la liberación inmediata de la militante revolucionaria Josefina GARCÍA ARAMBURU a titulo humanitario.

Josefina García es una militante comunista que esta encarcelada desde hace mucho tiempo y que se encuentra en un grave estado de salud.

Ella no representa ningún peligro ni para el Gobierno de España ni para sus conciudadanos.

La persecución actual contra los militantes comunistas iguala la persecución sufrida durante la dictadura Franquista, la cual no es digna de un gobierno que se dice democrático.

Nuestra solidaridad va hacia los militantes perseguidos y condenamos todo tipo de violación de los Derechos Humanos.

El Gobierno Español deberá rendir cuentas ante las organizaciones Internacionales de Derechos Humanos por el maltrato y la falta de atención médica hacia los prisioneros políticos.



LIBERTAD INMEDIATA PARA JOSEFINA GARCÍA!!!







Paris, 27 de septiembre 2007.

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icadfrance@free.fr
Maison du Citoyen, 16 rue du Père Aubry, 94120 Fontenay sous Bois.

INTERCAMBIO HUMANITARIO EN COLOMBIA



COMITÉ INTERNACIONAL CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS Y LA TORTURA




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DECLARACIÓN DE ICAD SOBRE
EL INTERCAMBIO HUMANITARIO EN COLOMBIA



ICAD FRANCIA, ICAD BÉLGICA E ICAD AMÉRICA LATINA, apoyan la iniciativa de mediación del Presidente Hugo CHAVEZ, aceptada por el Gobierno de Colombia y por las FARC concerniendo el intercambio humanitario.

Exigimos que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe respete este intercambio desmilitarizando la zona donde deberá efectuarse el intercambio de prisioneros, que respete la tregua necesaria para que la vida tanto de los prisioneros como de las personas presentes durante el proceso sea respetada.

Las organizaciones internacionales de protección de los Derechos Humanos seguirán de cerca este asunto y exigirán cuentas del Gobierno Colombiano, particularmente del Presidente URIBE si durante el intercambio humanitario hubiesen incidentes de abuso de poder por parte del Gobierno Colombiano o si se producen detenciones contra los miembros de las FARC, pues si así fuese, en el futuro ninguna negociación para liberar los rehenes seria posible.

Hacemos un llamado para apoyar el esfuerzo del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo CHÁVEZ, que nos parece un paso importante en el proceso de liberación de rehenes por un lado y de prisioneros políticos por el otro.

Convocamos a las organizaciones de DD.HH a permanecer alertas y a exigir por parte del Gobierno Colombiano el compromiso de no intervención en este proceso ni de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Colombiana, con el fin de asegurarse que ningún incidente con costos humanos pueda producirse.

Exigimos que una delegación de observadores internacional esté presente durante el intercambio humanitario.


Paris, 26 de septiembre 2007.

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icadfrance@free.fr
icad.belgique@gmail.com

Maison du Citoyen, 16 rue du Père Aubry, 94120 Fontenay sous Bois.

"MADRES"

La historia de las madres de plaza de mayo
(Trailer)

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS DE PAINE RECONOCIERON SITIO DEL FUSILAMIENTO

EL COMIENZO DEL FIN DE LA BÚSQUEDA DE 22 DESAPARECIDOS DE PAINE SE INICIÓ AYER EN RAPPEL

En un bus, especialmente contratado para la ocasión, el grupo hizo el que probablemente haya sido el mismo recorrido que hicieron las víctimas hace casi 34 años en sus últimas horas. El viaje de entonces no se debe haber sentido tan largo como el de hoy.

Con la instalación de una cruz, oraciones y encendido de velas, los familiares de 22 detenidos desaparecidos de Paine pudieron, recién ayer -34 años después-, iniciar el cierre de su duelo, al visitar el sitio cercano al lago Rapel, donde sus padres, hermanos e hijos fueron acribillados en 1973 por un pelotón militar alentado por civiles que aún circulan libres en esa zona campesina.


El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís, invitó ayer a los familiares de las víctimas a visitar el lugar donde todo indica que fueron asesinados sus parientes el mismo 16 de octubre de 1973, lue
go que una patrulla militar copó el poblado, allanó decenas de casas y detuvo a 70 campesinos, convirtiendo a la zona en la más afectada por la represión.

En un bus, especialmente contratado para la ocasión, las familias hicieron el que probablemente haya sido el mismo recorrido que hicieron las víctimas hace casi 34 años en sus últimas horas. El viaje de entonces no se debe haber sentido tan largo como el de hoy.

Llegaron al sitio, ubicado en la Quebrada Los Arrayanes de Los Quillayes, en la VI Región, cerca de las 15 horas, y allí el ministro Solís les entregó información detallada de lo que ha sido su labor en terreno desde hace ya siete meses, la misma que se inició con información falsa a unos cuantos kilómetros, al otro lado del lago, en el sector denominado El Manzano, y que había entregado el ex teniente de la Escuela de Infantería que comandó las detenciones y ejecuciones en Paine, Andrés Magaña.

El presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Paine, Juan Leonardo Maureira (hijo de René, un dirigentes socialista de la época que tenía apenas 41 años al ser detenido), informó al término de la visita que duró casi dos horas que pudieron "ver el trabajo en terreno que él (Solís) está realizando. Nos explicó que lo que ha encontrado es una gran cantidad de balas y vainillas".

El ministro también les confirmó que "habían encontrado osamentas de muy pequeño tamaño, 1,5 a dos centímetros" y que "él todavía no precisa que puedan ser nuestros familiares, pero por la investigación judicial, creemos nosotros, que podrían haber sido asesinados ahí, en la madrugada del 16 de octubre".

Los familiares también conversaron en el lugar con los expertos del Servicio Médico Legal, que trabajan en el sitio. "Este es el lugar donde se habría producido la ejecución masiva de nuestros 22 familiares", sostuvo Maureira. Se trata de una pequeña quebrada, en medio de cerros, donde los 22 hombres detenidos en Paine fueron obligados a bajar del camión militar que los transportaba esa noche, "diciéndoles que en ese minuto ellos iban a descansar, los pusieron de espalda en una especie de murallón grande y, en un momento determinado, los militares, puestos en diferentes lugares, que están señalizados con una pequeñas banderitas ahora, procedieron a disparar gran cantidad de armamento", precisó.

En el fondo de la quebrada también están señalizados los puntos donde se encontraron balas no percutadas. Las municiones coinciden en su tipo y data con las usadas por los uniformados del Regimiento de Infantería de San Bernardo en 1973.

En el lugar, donde hasta ayer la cifra de piezas de osamentas encontradas sumaban cerca de 20, también se hallaron trozos de telas que serán sometidos a pericias. El ministro Solís ha ido por etapas y, según dijo ayer a los familiares de las víctimas, "va hacia el lugar donde podrían encontrarse los restos".

Según la confesión de Magaña, a fines de 1978, tras el hallazgo de los primeros detenidos desaparecidos en los hornos de Lonquén, y como parte de la denominada Operación Retiro de Televisores destinada a borrar cualquier evidencia de los crímenes, los cuerpos de los 22 campesinos fueron desenterrados de la quebrada y lanzados al mar.

Sin embargo, para los familiares, nada de eso es aceptable de buenas a primeras, entre otras cosas porque recuerdan con dolor que al menos en estos casos hubo participación de civiles como Francisco Luxoro, Juan Balcazar y Claudio Oregón, quienes habrían entregado la lista a los militares con los nombres de las personas que luego hicieron desaparecer.

El primero al que sacaron de su casa fue Patricio Duque Orellana quien, según relata su esposa, Reveca Escobedo, tuvo un hijo póstumo. Desde entonces, todo lo que estas familias vivieron fue "inhumano". La patrulla siguió luego en la casa de su vecina, de donde se llevaron a Silvestre Muñoz, el esposo de Lucrecia Céspedes. Ambas, como el resto se aferran a la esperanza de que "ahora sí, estemos en el lugar adecuado y se haga justicia".

Caso Paine
Ayer, familiares de 22 detenidos la noche del 16 de octubre de 1973 acudieron a una cita con el juez Héctor Solís a la fosa cerca del Lago Rapel, donde se encontraron restos que podrían pertenecer a sus familiares. Instalaron una cruz y encendieron velas, los recuerdos volvieron a aflorar. Y no son fáciles de sobrellevar. Paine tiene un triste récord, es la localidad que más detenidos desaparecidos registra en proporción al número de sus habitantes. Pero posee además otra particularidad espeluznante: la lista de quienes debían desaparecer la confeccionaron sus propios vecinos, ex terratenientes que buscaron vengarse en los campesinos beneficiados por la reforma agraria. Allí también ocurrió una de las historias más dramáticas, a Mercedes Peñaloza le arrebataron en una sola noche a todos los varones mayores de edad de su familia: sus cuatro hijos, su yerno y el marido de su nieta mayor; seis de los 12 hombres que se llevaron del pasaje que ahora se conoce como “El callejón de las viudas”. El teniente a cargo del operativo de esa noche mintió cuando fue careado con ellas y se mantuvo en su postura hasta que su jefe, el coronel Köenig, se suicidó tras ser citado a declarar. La representante de la Presidenta Michelle Bachelet para materias sobre DDHH, María Luisa Cordero, dijo que sólo las pruebas de ADN podrán aportar certezas.

La verdad la dará el ADN
Sin adelantar esperanzas, la delegada de la Presidenta Michelle Bachelet para materias de derechos humanos, María Luisa Sepúlveda, dijo ayer en el sector, que las evidencias encontradas aún deben ser sometidas a diversas pericias para confirmar si pertenecen o no a las víctimas de la represión en Paine. “No podría decir eso, falta mucho para ese momento, primero hay que terminar el trabajo en terreno y el ministro dice que todavía no tiene una evaluación de cuántos días faltan, pero son bastantes, y de ahí va a determinar pericias antropológicas, y con ellas podrá determinar si es posible hacer (comparación) de ADN. Así es que nos queda un buen tiempo”, expresó. No obstante, destacó que Solís “está avanzando”, que ha podido investigar muy bien en el lugar y que cuenta con testimonios de personas que participaron en los hechos. Sepúlveda fue categórica al decir que a pesar que en el proceso hay información coincidente con la que se está encontrando, “no se puede decir, hasta que no estén las pruebas finales de ADN”, que los restos de osamentas halladas correspondan a detenidos desaparecidos de Paine.

miércoles, 26 de septiembre de 2007

LA MONEDA CONFIRMA HALLAZGO DE RESTOS DE DETENIDOS DESAPARECIDOS DURANTE LA DICTADURA

Restos óseos, vainillas y cien proyectiles incrustados en una quebrada de Rapel

Paine, la quinta tumba masiva de la dictadura

La delegada de la Presidenta para materias de derechos humanos, María Luisa Sepúlveda, dijo ayer que “habría evidencias ciertas que en ese lugar ejecutaron a las 22 víctimas” arrestadas en Paine.

La fosa con restos presumiblemente de detenidos desaparecidos descubierta en los alrededores del lago Rapel hace un par de semanas, y en la cual hasta ahora se continúa encontrando evidencias, se constituye en la quinta tumba clandestina con hallazgos masivos producto de los crímenes de la dictadura.

En las últimas horas se conoció que en el fondo de la Quebrada Los Arrayanes del sector Los Quillayes de la zona del lago Rapel, en la VI Región, bajo las órdenes del magistrado Héctor Solís Montiel, se encontraron al menos 12 piezas óseas pequeñas, 27 vainillas de fusil, restos de tela y unos cien proyectiles incrustados en la ladera de la quebrada donde los efectivos de la Escuela de Infantería de San Bernardo ubicaron la madrugada del 16 de octubre de 1973 a los 22 prisioneros arrestados en Paine para asesinarlos.

En el sector trabajan funcionarios del Servicio Médico Legal, de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos y del Laboratorio de Criminalística de Investigaciones, del GOPE y LABOCAR de Carabineros, además del antropólogo colombiano Ángel Medina y el arqueólogo español José Jiménez. También colabora el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

La delegada de la Presidenta Bachelet para materias de derechos humanos, María Luisa Sepúlveda, dijo ayer que "habría evidencias bastante ciertas que en ese lugar ejecutaron a las 22 víctimas" arrestadas en Paine.

La abogada Pamela Pereira, cuyo padre Andrés Pereira figura entre los ejecutados, sostuvo que "lo más adecuado es esperar con cautela y mesura".

En enero pasado Andrés Magaña, el entonces teniente de la Escuela de Infantería que comandó las detenciones y ejecuciones, indicó un sector cercano al actual, pero que resultó incorrecto. No obstante, el mapa hecho por Magaña coincide con la estructura del lugar actual. Ahora otro integrante de la patrulla entregó el sitio preciso.

Según lo declarado por Magaña, los cuerpos fueron desenterrados a fines de 1978 y lanzados al mar y para ello él mismo mostró el sitio.

Las otras tumbas
La primera tuvo lugar entre fines de 1975 y comienzos de 1976, cuando en una acción de inteligencia ordenada por Pinochet se dio inicio a la Operación Retiro de Televisores con el desentierro y lanzamiento al mar de los 26 cuerpos de los prisioneros asesinados por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973 en Calama. Hasta ahora es la única de estas operaciones donde para arrojar los cadáveres al mar colaboró la Fuerza Aérea con un avión C-47.

La segunda tumba masiva corresponde al hallazgo de 15 cuerpos de campesinos en los hornos de una mina abandonada en Lonquén, al sur de Santiago, asesinados por Carabineros.

Terminada la dictadura, el 2 de junio de 1990 se encontró en Pisagua una fosa clandestina con 19 cuerpos momificados que correspondían a los prisioneros asesinados en el campo de concentración de Pisagua bajo la orden del comandante de la VI División del Ejército de Iquique, general Carlos Forestier.

El 9 de octubre de 1973, desde el Regimiento Cazadores de Valdivia, que entonces comandaba quien luego fue miembro de la Junta Militar y senador designado, general (R) Santiago Sinclair, partió una caravana de 90 militares hacia las localidades de Chihuío y Liquiñe.

En Chihuío masacraron a 17 campesinos y en Liquiñe, cerca de Neltume, otros 15, todos integrantes del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli.

A los de Chihuío los enterraron en una fosa, pero los de Liquiñe fueron baleados y sus cuerpos arrojados al río Toltén, desapareciendo para siempre.

A fines de 1978, un operativo militar volvió a Chihuío y tras ubicar al terrateniente Américo González que ayudó a conformar la lista de quienes se debía matar, desenterró los cuerpos de los 17 campesinos para tirarlos al mar.

La fosa de Chihuío con los restos óseos del desentierro, la cuarta encontrada cronológicamente, fue hallada el 17 de junio de 1990 por un grupo de militantes comunistas.








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Fuente: Diario La Nación.cl

martes, 25 de septiembre de 2007

sábado, 22 de septiembre de 2007

viernes, 21 de septiembre de 2007

EXTRADICIÓN DE FUJIMORI : SE RESQUEBRAJA LA INMUNIDAD E IMPUNIDAD DE LOS JEFES DE ESTADO !

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), su liga miembro en Chile, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y sus ligas miembros en Perú, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL), acogen con gran satisfacción la decisión de la Corte Suprema de Chile en la cual se admite la extradición del Sr. Alberto Fujimori al Perú. Consideramos que esta decisión tiene trascendencia histórica y sobre pasa las fronteras de América Latina, para alentar la colaboración entre los Estados para ponerle fin a la impunidad de que han gozado jefes de estado o de gobierno que han cometido crímenes de lesa humanidad, graves violaciones de derechos humanos y/o abusado de los recursos públicos.

Con esta decisión, Chile cumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Recordamos que A. Fujimori está demandado no solamente por diez casos de corrupción pero también por dos acusaciones de violaciones de derechos humanos, vinculadas con los asuntos « La Cantuta » y « Barrios Altos-Sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) ». Se trata, en particular de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves o lesiones corporales, desapariciones forzadas o secuestro agravado.

La decisión de la Corte Suprema a favor de la extradición le permite así a Chile ponerse en conformidad con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso "La Cantuta" en donde la Corte insistió en que « la necesidad de erradicar la impunidad se presenta ante la comunidad internacional como un deber de cooperación interestatal para estos efectos. El acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes para los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad esas violaciones, ya sea ejerciendo su jurisdicción para aplicar su derecho interno y el Derecho Internacional para juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de hechos de esa índole, o colaborando con otros Estados que lo hagan o procuren hacerlo » (1).

Asimismo, la sala de lo penal de la Instancia Suprema chilena rectifica la negativa pronunciada por el juez de la Corte Suprema, Ministro Orlando Álvarez, encargado del expediente Fujimori desde su detención en Chile en 2005, quien había negado la extradición del antiguo dictador peruano el pasado 11 de julio de 2007, a pesar de la opinión favorable de la fiscal judicial de la Corte Suprema, Doctora Mónica Maldonado.

La FIDH y sus ligas llaman al gobierno chileno a aplicar sin demora la decisión de la Corte, a entregar el Sr. Alberto Fujimori a las autoridades peruanas lo más pronto posible. También llaman a que el antiguo dictador sea juzgado en Perú por un tribunal imparcial e independiente, con todas las garantías del debido proceso y el derecho a defensa que su régimen no dio a los peruanos, y que así se respete el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. El gobierno peruano tendrá que garantizar la reclusión de Fujimori en un penal de máxima seguridad considerando la gravedad de los delitos que se le imputan, así como asegurar la seguridad de los testigos y demás personas implicadas en los juicios.

NUESTROS DERECHOS

CONOCE TUS DERECHOS, ENSÉÑALOS Y HAZLOS RESPETAR



jueves, 20 de septiembre de 2007

ICAD DENUNCIA: JOVEN CONDUCTORA DE RADIO JATARISHUN ATACADA POR "CABEZASRAPADAS" EN QUITO.

SOLIDARIDAD CON CORA CADENA Y RADIO LA LUNA

Una banda de hombres y mujeres, al parecer del grupo conocido como "skeanhead" o "cabezarapadas", intentó asesinar a Cora Cadena, joven conductora del programa 'Radio Transgresor Jatarishun', que se transmite por Radio La luna de la capital ecuatoriana cada noche dominical.

Cora se dirigía el pasado domingo 16, a trabajar en el programa que mantiene con otras y otros jóvenes de Kito-Raymi, colectivo de comunicación de la Pukayana.

Éste su testimonio:

"Yo salía del metro bus y crucé la calle para venir hacia acá como siempre, y me esperaban en un carro blanco. Justo antes de la Fybeca hay un muro que divide como la zona de parqueo y perpendicularmente al muro estaba estacionado un carro blanco y de ahí se bajaron 4 mujeres y la chica que comandaba la infamia se bajó y me gritó "voz eres la de la radio"; no me preguntó, me acusó, sacó un aparato azul que no puede ver que era, lo dobló y me empezaron a cerrar el paso las 4 personas.

Me dieron el primer golpe en la parte de atrás, pero yo seguí caminando, yo estaba con un pañuelo, me quitaron el pañuelo y me golpearon en el lado derecho de la cabeza, ahí me rompen la cabeza y perdí el equilibrio, caí al suelo, en el suelo me seguían golpeando con este aparato que eran los golpes mas pesados que yo sentía (..) sentí dos tipos de golpes uno de esa cosa pesadísima y otro de las botas de ellas...

Hubo un rato en que me dejaron de golpear, y yo ahí salí corriendo gritando que alguien me ayude; bajé a la radio, y mientras corría regrese a ver y ahí vi a un hombre con la cabeza rapada alto con una camiseta blanca; un tipo súper esbelto. Cuando me oyeron los chicos del programa anterior se espantaron y lo que hicieron fue meterme acá a la cabina y cerrar la puerta y oímos como golpeaban las puertas durísimo."

Cora fue atendida de lesiones graves en su cabeza y cuerpo, que no mellaron su decisión de continuar en la lucha.

ICAD se suma a la solidaridad expresada por Altercom para con Cora Cadena, con Radio Jatarishun y con Radio La Luna. Condenamos el intento de asesinato de nuestra colega y compañera. Rechazamos la presencia de grupos nazi-facistas y llamamos a responderles con la solidaridad y la organización.

Favor expresar solidaridad a webmaster@radiolaluna.com

SERIE : LOS CRIMENES DE LA DICTADURA

CUARTEL SIMÓN BOLÍVAR DE LA DINA
MASACRE DE LA DIRECCIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA

miércoles, 19 de septiembre de 2007

CARTA ABIERTA A LA PRESIDENCIA DE CHILE




Comité contra las desapariciones forzadas y la tortura

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Sra. María Luisa Sepúlveda

Asesora en DD.HH.

Presidencia de la República

Santiago, Chile


Estimada Sra. María Luisa Sepúlveda:


Un mensaje firmado por Fred Bennetts, y que circula desde hace algunas horas en las redes de derechos humanos esta al origen de la presente. Fred fue cuñado de Miguel Woodward Iribarry, sacerdote muerto a consecuencia de las torturas que sufrió a bordo del buque- escuela "Esmeralda" en septiembre de 1973.


Tal como explica en su mensaje –que sabemos ya le fue remitido a usted-, Fred fue violentamente agredido por Carabineros la mañana del 18 de septiembre, sin que mediara provocación alguna de su parte, en circunstancias que intentaba hacer uso de su libertad de expresión de manera digna y pacífica alzando una pancarta alusiva a los 7 sacerdotes asesinados por la dictadura al paso de los vehículos de las autoridades hacia el Te Deum. Los detalles de su motivación para expresarse de esta manera y del incidente provocado por Carabineros están claramente explicitados en su mensaje.


Le escribimos confiando en que le haga presente lo ocurrido a Su Excelencia, la Presidenta de la República, de modo que se entere del actuar de la policía de Carabineros pues aquí hay un problema que trasciende la agresión sufrida por Fred.


En efecto, el proceder absolutamente ilegítimo de Carabineros es en esencia una agresión que va en contra de todas las libertades ciudadanas, algo absolutamente inaceptable en una democracia. En los hechos, se trata de algo tanto o más inaceptable que el fenómeno de los encapuchados, pues involucra a agentes del Estado que deben saber compatibilizar el orden público con la libre expresión de los ciudadanos que actúan dentro del marco de dicho orden, tal como lo hacía Fred.


También en los hechos, aunque los agresores no llevaban capuchas, es como si las hubieran llevado pues el oficial responsable se negó a identificar a ninguno de ellos, siguiendo la misma línea de "pacto de silencio" que han mantenido los represores de la dictadura.

Confiamos en que la Presidenta considere y remedie racionalmente el problema de la violencia callejera, en el que juega un papel –fundamental- la violencia policial según demuestra la agresión de que hoy fue objeto Fred Bennetts. La comunidad internacional y el mundo de los derechos humanos, exige una respuesta a esta situación


Le saludan, fraternalmente, por ICAD franco-belga y latinoamericano,


Patricia PARGA y Kattie JEISON.


CIUDADANO BRITANICO, FAMILIAR DE SACERDOTE ASESINADO POR LA DICTADURA, ES AGREDIDO POR POLICIA CHILENA

Valparaíso, 18 de septiembre
Queridos amigos,

Hoy fui a Santiago para manifestarme en las escalinatas de la Catedral antes del Te Deum . Puesto que es el gran día de la jerarquía como institución - organizan este evento con muchos invitados y mucha panoplia - me pareció apropiado llevar un cartel alusivo a los 7 sacerdotes que dieron su vida por los pobres, habiendo sido asesinados y, en la mayoría de los casos, calumniados por el régimen militar. Son: Joan Alsina, Omar Venturelli, Antonio Llidó, Étienne Pesle, Gerardo Poblete, André Jarlan y Miguel Woodward. Pedía a los obispos que refutasen las calumnias - que hasta ahora nunca han sido refutadas ni desde el púlpito ni por cualquier otro medio.

Además, llevaba una petición sobre ese tema dirigido al Presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Alejandro Goic, firmado por 75 personas. Esperaba entregárselo si se personase en las escalinatas, junto con una copia de una carta de diciembre de 2006 sobre el mismo tema que mi mujer, Patricia Woodward, le había dirigido - a la cual (igual que a una carta anterior) no había recibido contestación alguna.

Me encontré con que las fuerzas de seguridad habían acordonado toda la Plaza de Armas y dos cuadras alrededor. Por lo tanto tuve que dirigirme a Banderas esquina con Moneda por donde pasaban los autos oficiales camino a la Catedral. Me puse por detrás de una barrera frente a unos carabineros.

Aproximadamente a las 10.35, desplegué mi cartel y fui inmediatamente rodeado por varios carabineros, uno de los cuales sin explicaciones lo destrozó. Cuando le increpé, haciendo referencia a la libertad de expresión y preguntándole por la ordenanza que le permitía actuar de esa forma se limitó a decir “hoy no”.

Esperé unos diez minutos más hasta que se veía a la Presidenta en su vehículo oficial y entonces saqué de mi carpeta una hoja, un folio que detallaba los nombres de los 7 sacerdotes para que la Presidenta, sin, evidentemente, poder leerlo, pudiera al menos ver que había algo que quería comunicarle.

Inmediatamente, sin más. fui agredido por varios carabineros y, con especial contundencia, por un joven de civil que se encontraba a mi lado. Sin medir palabra y sin tratar de leer lo escrito en el folio, me tiraron al suelo y el joven se echó con todo su peso sobre mi, inmovilizándome durante unos tres minutos.

Durante ese tiempo uno de los carabineros agarró mi carpeta y salió corriendo, igual que los demás carabineros cuando vieron que se acercaban unos fotógrafos de prensa. El joven, mientras tanto, me dijo que era policía y que yo estaba detenido.

Al levantarme, desapareció el policía y me dirigí en primer lugar a los carabineros que habían vuelto a aparecer, requiriendo mi carpeta. Se apartaron sin contestar y cuando les seguí me encontré con que al lado suyo estaba el policía quien me había agredido y otro de los carabineros que tenía mi carpeta. Me dirigí a uno de ellos que tenía el nombre Moya en su uniforme y que se identificó como responsable de los funcionarios allí presentes. Me identifiqué, presentándole mi pasaporte británico con el cual entré en Chile ayer. Él transmitió los datos a un superior suyo por celular. Le pregunté al oficial Moya si el joven era en realidad policía y me contestó que sí y que estaba bajo sus órdenes. Le pedí que me diera el nombre de ese policía y se negó a ello. Al preguntárselo dijo que no estaba detenido.

Puesto que mi brazo sangraba por causa de la agresión, le pedí al oficial Moya donde podría encontrar un hospital donde curarme. Me dijo que en la Avenida Portugal – que, averigué mas tarde, estaba a bastante distancia. Luego le pregunté donde había una Comisaría para denunciarle y me contestó que no iba a decírmelo.

Dadas esas circunstancias decidí regresar a Valparaíso. Presentándome en Urgencias del Hospital Van Buren me dieron un parte que hace referencia a lesiones en un brazo, que me curaron, y hematomas en varias partes del cuerpo. Luego denuncié los hechos en la Policía de Investigaciones de Valparaíso. Entiendo que el informe policial allí redactado será enviado al Fiscal de guardia mañana y que, previsiblemente, éste se declarará incompetente, reenviándolo a la Fiscalía apropiada en Santiago.

Se da la circunstancia que el 2 de abril del año en curso, dos días antes de regresar a España, fui agredido en el molo de Valparaíso con ocasión de la despedida de la Esmeralda por dos desconocidos en presencia de un Carabinero, el Sgto. Juan Lucke, que no intervino. Denuncié los hechos en la misma Oficina de Investigaciones de Valparaíso, informe ese que también pasó a la Fiscalía. Pedí que, como primer paso, identificasen a mis agresores, puesto que todo el incidente había sido filmado por un cámara de TVN, el Sr. Danilo Ahumada. Hasta el día de hoy no tengo noticias de las investigaciones que pudieran haberse llevado a cabo a este respecto.

Espero que verán bien dar a conocer que Carabineros está actuando fuera de la ley y que los obispos siguen despreocupados por la verdad.

Saludos,

Fred.

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Michael WOODWARD IRIBARRY

El día 22 de septiembre de 1973, Michael WOODWARD IRIBARRY, 42 años, ex sacerdote y militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), murió en el Hospital Naval de Valparaíso.

Ha quedado acreditado que fue detenido por una patrulla naval en el Cerro Los Placeres el 16 de septiembre de 1973 y que en su lugar de reclusión fue torturado. Un médico de la Armada intentó darle atención de urgencia en el molo de abrigo, recinto custodiado por la Armada en que se hallaban atracados el Buque Escuela "Esmeralda" y el carguero "Lebu", Desde allí fue llevado al Hospital Naval donde falleció a causa de un "paro cardiorespiratorio", producto del lamentable estado físico en que se encontraba.

Los antecedentes expuestos permiten a esta Comisión formarse la convicción que Michael Woodward murió víctima de la acción de agentes del Estado que lo torturaron en su lugar de detención. (Informe Rettig) .


EL CONDOR SIGUE VOLANDO...

En mi condición de víctima del OPERATIVO CÓNDOR y descubridor de sus Archivos Secretos en Asunción, diciembre de 1992, afirmo que Julio López fue victima 2 veces del OPERATIVO CÓNDOR. La primera hace más de 30 años en dictadura militar y ahora en esta democracia de fachada donde los militares argentinos siguen haciendo parte de la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), hoy responsable del CÓNDOR No.2, y se sigue enviando a militares y policías a la Escuela de Asesinos en el Fuerte Boenning, Estado de Georgia, USA., en una época donde ya no existe en los países dependientes la soberanía nacional.

Julio López, como ser humano nunca pudo simplemente DESAPARECER, eso no es posible. Hace un año lo detuvieron e hicieron desaparecer porque muchos de los torturadores y asesinos, Civiles y militares gozan de la libertad como si nada hubiera pasado, para mas están ocupando cargos importantes hasta en el aparato justicia.

Julio López, tuvo el coraje de decir su verdad y eso le costo muy caro. Su detención/ desaparición es la prueba mas contundente que sigue activo el mismo dispositivo del TERROR de la DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL esta vez en forma mas disimulada. Quieren de nuevo instalar el miedo, para que el miedo como ayer bajo los gobiernos militares siga siendo nuestra segunda piel…

POR LA SALUD DE LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA, PIDO NO SILENCIAR EL NOMBRE DE JULIO LÓPEZ.

Asunción, Paraguay, 18 de septiembre de 2007.

DR. MARTIN ALMADA.

JULIO LÓPEZ: SOLIDARIDAD DE ARTISTAS PLÁSTICOS

Aparición con Vida de Julio López ya!

Julio López fue desaparecido luego de haber declarado como testigo en la causa en que se condena a Echecolatz por crímenes durante la última dictadura.

Julio López continúa desaparecido y ya se han comprobado irregularidades en la investigación, como denuncian organismos de derechos humanos.

Fue llevado al siniestro camino de la desaparición en democracia, que se suma a los actos impunes de quienes cuentan con cómplices en las instituciones policiales, de seguridad y políticas, que continúan con la estrategia del terror para acallar todos los reclamos de justicia por los derechos humanos de ayer y de hoy.

No queremos que se silencie la impunidad de ayer y de hoy y reclamamos por la condena a todos los genocidas.

Pedimos solidaridad con todos los testigos amenazados.

Aparición con Vida de Julio López ya!

Para manifestarnos juntos en reclamo por la aparición con vida de Julio López .

FIRMAN:

Diana Dowek
León Ferrari
Ricardo Longhini
Adolfo Nigro
Luis Felipe Noe
Ana Maldonado
Juan Carlos Romero

ICAD EXIGE LA APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ

Hay cosas que son incomparables, como la vida. Por eso, aunque haya estado bastante raleada de los medios en estos meses, la desaparición de Julio López es una de las mayores manchas de la democracia.
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Un año de desaparición del testigo contra Echecolatz
Jorge Julio López, una de las mayores manchas de la democracia argentina


Por Emilio Marín (LA ARENA)

¿Suena fuerte repetir que López es el desaparecido 30.001? Que suene porque lo es, desde el punto de vista de millones de argentinos (otro público, más reducido, sabe que hubo un estudiante Miguel Brú, un albañil Andrés Núñez, un joven Sebastián Bordón y varios más).

Para colmo el testigo contra el genocida Miguel Etchecolatz fue desaparecido dos veces, en octubre de 1976 y en setiembre de 2006. O tres, si se cuenta cómo la noticia sobre su secuestro fue poco a poco borrada de noticieros y ediciones. Ahora vuelve al primer plano con el aniversario pero puede que en el futuro se repita el esfumado y así hasta que apenas quede el recuerdo en los núcleos más concientes. El resto andará ocupado con el precio de la papa y el tomate, lo que no está
mal pero no debería excluir estas preocupaciones sobre la vida y los derechos humanos.

Como sabe que este aniversario será tiempo de balance, Néstor Kirchner ya mandó la gacetilla sobre cuánto hizo la administración bonaerense en yunta con la suya para esclarecer el caso.

En ese racconto se subraya que la recompensa por información fehaciente es de un millón de pesos. No dice, lo agrega el cronista, que al principio fue de 50.000, luego se subió a 200.000 para redondear después 400.000. Pero ni un millón de pesos aflojó la lengua de los dateros de la policía, lo que está indicando que quienes levantaron a López en Los Hornos no es un grupo de lúmpenes o delincuentes comunes sino asesinos con móviles políticos e ideológicos bien definidos. Están en la ultraderecha del espectro.


Ni siquiera en eso acertó el gobierno. Recién en diciembre de 2006, cuando habían pasado tres meses, se recaratuló la causa como desaparición forzada de persona, un delito federal. La fiscalía platense investigaba por averiguación de paradero. Eran los tiempos en que el ineficiente Aníbal Fernández decía que el albañil podía haberse ido a la casa de una tía a tomar unos mates.

Después sí, hubo numerosos allanamientos y entrecruzamientos de llamadas telefónicas entre los sospechosos del grupo de policías vinculados con el condenado Echecolatz, en Marcos Paz. Pero ya era tarde. Esas actuaciones siguieron revelando complicidades del aparato policial: 9.000 policías ingresados durante la dictadura seguían prestando funciones actualmente. El Servicio
Penitenciario no es ninguna pinturita democrática y su jefe perdió el cargo, se supone porque hombres bajo su responsabilidad avisaron a Etchecolatz de los allanamientos que habría en la prisión.


Un aplazo
Por eso el descargo gubernamental y de la justicia, que publican la cantidad de rastrillajes que se hicieron y averiguaciones sobre llamados al 911, no alcanzan a levantar el aplazo de ambos poderes. Ninguno de los dos tomó a tiempo recaudos para proteger a los numerosos testigos en las causas que se avecinaban, como la del ex Director de Operaciones de Ramón Camps. Y una vez producida la desaparición del testigo que había abonado la condena por genocidio, no adoptaron con celeridad medidas contra el círculo más sospechoso. Más aún, perdieron días preciosos investigando a la familia de la víctima, lo que puede ser un paso clásico, de manual, para desapariciones comunes pero no era lo adecuado para este rubro político.

Por eso la familia de López envió una carta al presidente Kirchner tiempo atrás donde hablaba de “angustia y desesperación”. Hace una semana envió una segunda misiva, donde a esos sentimientos agrega la “bronca”. “Bronca contra el que hace la investigación, contra todos porque no encuentran nada”, dijo Rubén López, el hijo.


Y eso va mucho más allá del comisario Hugo Matzkin, de la Superintendencia de Investigación en Función Judicial, que tomó este asunto poco después de producido. El salpicado es el gobierno nacionaly obviamente Felipe Solá, quien hace meses admitió el fracaso de la investigación. Su ministro de Seguridad León Arslanián quiso matizar ese reconocimiento pero el paso del tiempo no hizo más que confirmar la mala nota gubernamental.

En las últimas semanas se filtró a la prensa que el juez Arnaldo Corazza, que tiene el expediente desde que la Corte Suprema lo tipificó en diciembre como desaparición forzada, había ordenado allanamientos de ex policías y ex militares carapintadas ligados al coronel Mohamed Alí Seineldín. Cómo serán de pragmáticos los seineldinistas –y de permisiva la democracia argentina- que mientras en los domicilios allanados se encontraban panfletos del Partido Popular por la Reconstru
cción, de Seineldín, esta agrupación legalizó a Gustavo Breide Obeid como candidato presidencial para octubre.

Sólo el tiempo dirá si tirando de estos hilos se puede develar lo que ocurrió con el albañil platense. Por ahora la búsqueda del gobierno y la justicia no tiene otra palabra para valorarla que fracaso. Corazza tiene ante sí 80 cuerpos y 30.000 fojas pero aún no hay pistas concretas ni responsables para sentar en el banquillo.


Aprender de lo sucedido
Si el gobierno de Solá fue incapaz de buscar correctamente a López, será un premio excesivo que el electorado bonaerense lo convierta en diputado en octubre. Y directamente un despropósito si el cuerpo, por directiva del PEN, lo ungiera como titular de la Cámara Baja. En política debiera haber premios y castigos. Otro tanto para el elenco estable de intendentes del conurbano, fieles asociados a la mejor maldita policía del mundo en negocios turbios, como denunció hace un par de años Marcelo Saín, actual titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Para los organismos de derechos humanos el año transcurrido sirvió para demostrar que esos derechos deben ser sostenidos en el tiempo, sin cortes entre lo que ocurrió hace treinta años atrás y lo que sucede hoy. Son fenómenos diferentes porque aquello fue terrorismo de Estado y esto violación a derechos humanos en democracia. Pero cuando se fusila a piqueteros como en la Estación Avellaneda o se desaparece a un testigo, hay que reaccionar política y socialmente con tanta pasión y número como cuando se marcha en repudio a un aniversario del golpe de 1976.


Esa unidad de criterios no es compartida por el gobierno. Este tiene sensibilidad para convertir lo que fue el predio de la Esma en un museo de la memoria pero no hizo lo suficiente para encontrar a López (además de dar órdenes a la Gendarmería para que reprima en Caleta Olivia, por citar el último brote de esa esquizofrenia kirchnerista). Hebe Bonafini debe una autocrítica, porque defiende 30.000 desaparecidos menos uno.

Los que secuestraron a López no deberían estar tan satisfechos con la impunidad. Deberían que Julio Fiorillo, uno de los desaparecedores de Felipe Vallese, fue detenido 44 años después. Es de esperar que aquellos no tengan que esperar tanto.


Además en lo inmediato han sufrido una derrota política: los testigos del juicio contra el capellán Christian von Wernich no pudieron ser amedrentados. Evitar que comparecieran ante el Tribunal Oral nº 3 de La Plata, era uno de los objetivos de la patota nazi. En este aspecto fracasaron. Todos los testigos dijeron cuanto sabían y el 12 de octubre el cura sabrá cuál es su pena.


Que hoy haya actos en Buenos Aires, La Plata, Córdoba y otras ciudades, es otro traspié de los amigos de Etchecolatz. El recuerdo de López, su valentía, su testimonio sobre el horror del Circuito Camps, etc, están vivos. Que los medios no lo reflejen, eso es otra cosa, que ilustra la dicotomía entre los papeles y la realidad. Este caso existe, a pesar del ninguneo de tantos meses de los dueños de canales, radios y diarios, con honrosas excepciones. No son los únicos. ¿Cuántos candidatos a presidente han dicho su propuesta sobre cómo esclarecer lo sucedido en La Plata? ¿Acaso Jorge Sobisch podría hacerlo? ¿O su delegado Juan Carlos Blumberg, autodefinido como “el primer policía de Buenos Aires”?


La pregunta inquietante queda para el final. Si al condenar a un comisario desapareció un testigo, ¿qué puede pasar cuando lleguen a juicio altos jefes militares retirados como Jorge R. Videla y Luciano B. Menéndez? Que el drama de López sirva para sacar conclusiones prácticas de prevención.