domingo, 5 de agosto de 2007

RECRUDECIMIENTO Y CRIMINALIZACION DEL LEGÍTIMO DERECHO A LA PROTESTA Y MOVILIZACION SOCIAL


COMITE INTERNACIONAL CONTRA LAS DESAPARICIONES Y LA TORTURA



El encarcelamiento de los principales dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la pena de por vida a los Dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (condenados a 67 años) se enmarcó como el símbolo de la criminalización de la organización y la protesta social en México.

El estado de sitio instaurado en los poblados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Coahuila y Nuevo León, bajo el argumento de la guerra contra el narcotráfico, se presenta como un ejemplo de la implementación de la política de paramilitarización del gobierno cuyo resultado se ha materializado en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

ICAD Franco-belga y Latinoamérica repudia la violación, tortura y asesinato de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena de 70 años de edad; así como las amenazas y ultraje a que fuera sometida su familia por parte del ejército federal y de grupos paramilitares en Michoacán y Coahuila. Nos indignamos por los hechos acaecidos en Sinaloa donde fue hostigada, torturada y finalmente asesinada una familia entera.

Denunciamos que bajo este mismo contexto, las organizaciones de derechos humanos y el pueblo en general se han convertido en un blanco idóneo de hostigamiento, detenciones ilegales, cateos, tortura y desapariciones.


Exigimos al gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:

· El esclarecimiento de estos horribles crímenes, castigo a los responsables y reparación a las víctimas.

· Aparición con vida de Raymundo Rivera Bravo, Edmundo Reyes Amaya, Leodegario Aguilera Lucas, Profesor Gregorio Alfonso Alvarado.

· Liberación inmediata de los prisioneros políticos Ignacio del Valle, Flavio Sosa, Tomás de Jesús Barranco, Gloria Arenas Agis, Jacobo Silva Nogales, Héctor Adame Acero, Vinicio Palacio Huelva, Saúl Santiago Mesino, trabajadores de INEGI.

· Derogación de las órdenes de aprehensión en contra de: Profesor Nicolás Chávez Adame, Benigno Guzmán Martínez, Juan Mendoza Tapia, Raymundo Velásquez Flores, Rafael Santiago López, Omar Alvarado Benito, José Guadalupe Bernal Pacheco.

· El retiro del ejército federal de la zona de la montaña y la sierra de Guerrero.

· Solución a las demandas de los campesinos e indígenas pobres del país, y el cese inmediato de toda forma de intimidación, represión y amenazas contra los activistas y organizaciones sociales de base, las asociaciones y oponentes políticos.

En tanto que organismo de defensa de los derechos humanos, seguiremos atentos a la evolución de estos hechos y nos comprometemos a denunciar por todos los medios disponibles todo incumplimiento de los pactos internacionales y de la propia constitución nacional que asegura el respeto a la vida y la libertad de expresión.


¡ALTO A LAS POLITICAS DE DESAPARICIONES FORZADAS!

¡NO AL TERRORISMO DE ESTADO!

¡NO A LAS LEYES ANTITERRORISTAS UTILIZADAS CONTRA LOS PUEBLOS!



Paris, 5 de agosto del 2007.


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