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lunes, 19 de mayo de 2008

MARCHA DEL SILENCIO EN URUGUAY EXIGIRÁ VERDAD SOBRE DESAPARECIDOS

Cientos de uruguayos desfilarán en silencio mañana por el centro de esta capital para reclamar la verdad sobre los desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985) y exigir la derogación de la Ley de Caducidad.

Como en sus anteriores 13 ediciones, la Marcha del Silencio es convocada por el movimiento Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos y recorrerá la céntrica avenida 18 de Julio hasta confluir en una plaza capitalina donde se hará un pase de lista a los caídos.

Luisa Cuesta, uno de los referentes de la organización, denunció que los militares en prisión mantienen un pacto de silencio o mienten sobre los sitios donde enterraron a los desaparecidos, lo que impide a los familiares conocer sus verdaderos destinos.

Sabemos que vivos no los vamos a encontrar, pero nos están negando (los militares) la verdad sobre ellos y la posibilidad de darles aunque sea un último adiós, dijo Cuesta, próxima a cumplir 88 años y cuyo hijo Nebio Meló desapareció el 9 de febrero de 1973.

Los participantes en la marcha también tienen el propósito de promover la recogida de firmas para anular la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impide juzgar a violadores de los derechos humanos durante los años de dictadura militar.

Para convocar a una consulta popular sobre la derogación de la ley, la coordinadora de la campaña debe reunir 251 mil 847 rúbricas -el 10 por ciento del padrón electoral- y presentarlas al Tribunal Electoral antes del 30 de abril de 2009. Hasta la fecha las adhesiones pasan de 110 mil.

La marcha se efectúa cada 20 de mayo porque en igual fecha de 1976 fueron asesinados en Buenos Aires los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y los miembros del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) Rosario Barredo y William Whitelaw.

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FUENTE: Montevideo, 20 may (PL).

jueves, 10 de enero de 2008

PLAN CONDOR, WASHINGTON SABE Y NO CONTESTA

Por Ángel Páez

LIMA, ene (IPS) - Los servicios de inteligencia de Perú y Argentina mantuvieron informado en tiempo real a Washington del operativo conjunto clandestino de 1980 para secuestrar y hacer desaparecer a cuatro presuntos miembros del movimiento armado peronista Montoneros, según documentos desclasificados en Estados Unidos.

El caso forma parte del proceso abierto en diciembre por la jueza italiana Luisianna Figliola, quien requirió la captura de los responsables de esta y otras acciones enmarcadas en el llamado Plan Cóndor, la coordinación de las dictaduras del Cono Sur de América en los años 70 y 80 para detener, torturar, asesinar y desaparecer personas pasando por encima de las fronteras.

Townsend B. Friedman, funcionario de la
sección política de la embajada de Washington en Buenos Aires, reveló en un reporte fechado el 19 de agosto de 1980 al número dos de dicha legación diplomática, Claus H. Ruser, detalles de la operación contra los "montoneros" argentinos en Lima y su fatal desenlace.

En ese informe secreto desclasificado ahora por la institución académica independiente Archivo de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), Friedman recordó a su superior que un oficial de inteligencia argentino les entregó el 16 de junio de 1980 pormenores del operativo de Lima.

Esta fecha es clave: la acción conjunta del Batallón 601 del ejército de Argentina y del Servicio de Inteligencia del Ejército de Perú (SIE) se registró cuatro días antes y los supuestos montoneros apresados fueron entregados el 17 de ese mismo mes por los peruanos a militares bolivianos, con la presencia de los agentes argentinos.

Los hechos fueron conocidos por el gobierno de Estados Unidos cuando estaban en pleno proceso. Además, supo con anticipación que los detenidos serían eliminados.

"Un miembro del serv
icio de inteligencia argentino, que ha sido una fuente fiable en estos temas, le dijo a la embajada (estadounidense) que los cuatro individuos fueron detenidos en Perú, que continuarían allí hasta ser expulsados a Bolivia, donde luego serían entregados a Argentina; y una vez en Argentina serían interrogados y luego desaparecidos", reportó Friedman a Ruser.

La captura en Lima y posterior desaparición de Noemí Esther Gianetti de Molfino, quien integraba la asociación humanitaria Madres de Plaza de Mayo, María Inés Raverta y Julio César Ramírez fue una acción iniciada por el Batallón 601 a partir de la detención en Argentina de Federico
Frías, quien iba a participar en Lima en una presunta reunión de con dirigentes de Montoneros.

Luego de ser torturado salvajemente, Frías es trasladado por sus captores a Perú para que les indicara nombres y direcciones de supuestos guerrilleros, según declaró un ex agente peruano que participó en la operación y cuyo testimonio aparece en el libro del periodista Ricardo Uceda, titulado "Muerte en el Pentagonito".

Según el documento desclasificado en Washington, el embajador estadounidense en Argentina de la época, Harry W. Shlaudeman, habló del caso de los "montoneros" con el entonces primer ministro, ministro de Guerra y jefe del ejército peruano, general Pedro Richter.

"El primer ministro peruano Richter Prada le dijo en julio (de 1980, un mes después de los secuestros) al embajador Shlaudeman que los argentinos habían sido expulsados a Bolivia y que a su juicio los bolivianos probablemente los entregaron a los argentinos", informó Friedman a Ruser.

"Además, (Richter) reveló al embajador Shlaudeman que había estado en contacto personal con el jefe del ejército (argentino, Leopoldo Fortunato) Galtieri, en relación a la materia", prosigue el texto.

Inmediatamente Friedman señala que "
Galtieri informó que podría haber 'un interesante desarrollo' del caso a comienzos de la semana del 14 de julio. Richter sugirió al embajador Shlaudeman que el comentario de Galtieri podría referirse a la aparición con vida de los tres montoneros que los peruanos afirman haber entregado a los bolivianos".

El "interesante desarrollo" de los hechos, como se expresaba Galtieri, se conoció poco después, el 21 de julio de 1980, cuando Gianetti de Molfino, una de las secuestradas en Lima, apareció muerta en Madrid y jamás se tuvo noticias de los otros tres. Este general, hoy ya fallecido, asumió en noviembre del año siguiente la presidencia de la junta dictatorial de Argentina.

Schlaudeman mantuvo relaciones estrechas con la dictadura peruana del general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), como lo confirman los documentos desclasificados. Cuando se cometió la operación de secuestro de los presuntos montoneros, ya estaba en Buenos Aires.

La trayectoria de Schlaudeman es particularmente significativa. Se desempeñó como jefe de la misión estadounidense en Chile entre 1969 y 1973, lapso en el que crece electoralmente la izquierda hasta llegar al gobierno de la mano del socialista Salvador Allende (1970-1973), derrocado por un sangriento golpe militar que dio paso a 17 años de dictadura.

Luego se desempeñó como asistente del secretario de Estado para Asuntos Interamericanos hasta 1973-1975, durante la presidencia de Richard Nixon, en 1977 se hace cargo de la embajada en Perú, para pasar en 1980 a la legación en Argentina hasta 1983, cuando es recuperada la democracia en ese país. En 1992 recibió una medalla de honor de manos del presidente George Bush, padre del actual mandatario.

La operación de junio de 1980 no era la primera ni única que se hizo como producto de una coordinación entre las dictaduras de Perú y Argentina. Y Schlaudeman lo conocía.

Según otro documento secreto desclasificado, fechado el 11 de julio de 1977, este diplomático comunicó al entonces secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Cyrus Vance, el secuestro el 12 de abril de ese año del ciudadano argentino Carlos Alberto Maguid, asilado en Lima.

Schlaudeman le dijo a Vance que una funcionaria de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que era Lone Hogan, le informó que Maguid había sido apresado por los militares peruanos en coordinación con sus pares argentinos.

"El gobierno peruano, en las personas del ministro del Interior (Richter) y el hijo del presidente Morales Bermúdez negaron que cualquier dependencia del gobierno sea responsable de la desaparición", escribió Schlaudeman en un principio, para luego precisar que Hogel tenía información certera sobre el caso.

"(Basándose) en anónimas, pero aparentemente muy bien documentadas cartas, (todo indica) que Maguid fue arrestado por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), tal vez a instancias del gobierno argentino (…) y se encuentra detenido en algún lugar del Perú", escribió Shlaudeman a su jefe, Vance.

Los casos de Maguid, así como los de Gianetti de Molfino, Raverta, Ramírez y Frías no fueron aislados, sino que formaban parte de una estrategia represiva conjunta de las dictaduras del Cono Sur de América. Así lo confirma el reporte conjunto de las embajadas estadounidenses en Argentina y Perú, del 25 de junio de 1980, redactado a la semana siguiente del secuestro en Lima.

"El incidente no es el único. En los años recientes, ha habido varios casos similares que demuestran el alto grado de cooperación entre las agencias de inteligencia y seguridad de los países de América del Sur yde su tendencia a recurrir a medios ilegales en el tratamiento de sospechosos de ser subversivos", se lee en el documento.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses niegan haber tomado conocimiento de estas acciones de cooperación criminal cometidos como parte del Plan Cóndor. Incluso afirman que nunca escucharon dicha denominación.

En 2005, J. Patrice McSherry, profesora de la Long Island University, divulgó un revelador documento en su libro titulado "Predatory States: Operation Cóndor and Covert War in Latin America" (Estados depredadores: La Operación Cóndor y la Guerra Encubierta en América Latina").

Se trataba de un texto desclasificado suscrito por el jefe de la Oficina Regional de Seguridad (RSO, por sus siglas en inglés) de la embajada de Estados Unidos en Argentina, James B. Blynstone, en el que da cuenta a sus superiores que una fuente de la inteligencia argentina le informó del secuestro de los cuatro "montoneros" en Lima y que le advirtió que serían desaparecidos.

"Evidentemente, la RSO había recibido información sobre una importante operación secreta del Cóndor, que implicaba a los servicios de inteligencia de tres países (Argentina, Bolivia y Perú); (Blystone) era un miembro confiable del círculo íntimo de Cóndor", escribió McSherry.

La respuesta de Blystone no se hizo esperar. En enero de 2006 publicó su versión de los hechos en la revista "Foreign Service Journal", bajo el título de "The Domino Effect of Improper Declassificaton" (El efecto dominó de una desclasificación impropia).


El ex funcionario de Washington explicó que en el tiempo que estuvo en Argentina (1978-1980) (…) "tropecé con el hecho de que los servicios de seguridad argentinos estaban llevando a cabo algunas operaciones en los países vecinos".

"Pero yo no recuerdo nunca haber escuchado usar la expresión 'Operación Cóndor', allí (Buenos Aires) o en Santiago (de Chile), por ninguno de mis contactos o colegas de la embajada", afirmó.

Pero Blystone pudo preguntárselo a Shlaudeman, quien estaba perfectamente informado de la "Operación Cóndor". Lo acredita, por ejemplo, el informe que el 30 de agosto de 1976 escribió este diplomático desde Chile al entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, sobre las características y los alcances del colectivo de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur de América.

También hay otro documento desclasificado del 8 de octubre de 1976, que es un reporte del mismo Shlaudeman a Kissinger en el que le informa de una reunión con el coronel Manuel Contreras, el todopoderoso jefe de la hoy disuelta Dirección Nacional de Inteligencia de Chile (DINA) y verdadero cerebro del Plan Cóndor.

"Como era de esperarse, Contreras negó que la Operación Cóndor tenga otro propósito aparte que el intercambio de inteligencia".

Empero, Estados Unidos sabía que Contreras mentía. La Operación o Plan Cóndor ya había empezado su vuelo de la muerte.

viernes, 28 de diciembre de 2007

LA JUSTICIA ITALIANA PIDIO LA CAPTURA DE 140 REPRESORES POR EL PLAN CONDOR

Casi un "dream team" de la represión


Videla, Massera, el uruguayo Bordaberry y el chileno Contreras son algunos de los 140 represores a los que la Justicia italiana pidió su captura y extradición por la desaparición de 25 ciudadanos de esa nacionalidad en el marco del Plan Cóndor. En Argentina, esa causa se elevó a juicio oral y público hace menos de un mes.

Los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, dos de los 61 argentinos requeridos por la Justicia italiana.

A menos de un mes de la elevación a juicio oral y público de la causa Plan Cóndor en la Argentina, la Justicia de Italia solicitó el lunes la captura y extradición de 140 militares y servicios de Inteligencia sudamericanos. El pedido incluye a los principales jerarcas de las dictaduras que asolaron el Cono Sur en la década del '70, como el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, el jefe de la Armada Emilio Massera , el ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry y el jefe de la DINA chilena Manuel Contreras, a quienes la Justicia italiana pretende juzgar por la desaparición de 25 ciudadanos de esa nacionalidad. La medida de la jueza romana Luissana Figliola trascendió el mismo día en que se concretó el arresto, en Salerno, sur de Italia, del capitán de navío Néstor Fernández Tróccoli, ex miembro del servicio de Inteligencia de la armada de Uruguay.

"Es la primera vez que se hace un pedido tan masivo de represores de tantos países, que da una idea acabada de la coordinación represiva y de la investigación que se realizó", celebró desde España el abogado Carlos Slepoy. El titular de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid consideró que la medida tendrá "un efecto de repetición y contagio" y contribuirá a "acelerar los juicios" en nuestro país.

Las capturas fueron solicitadas originalmente por el fiscal del Tribunal Penal de Roma, Giancarlo Capaldo, quien conduce las investigaciones sobre el Plan Cóndor desde 1998 a raíz de las denuncias presentadas por los familiares de italianos desaparecidos en América del Sur. Según los documentos recogidos por Capaldo, existen abundantes elementos que prueban la colaboración entre los distintos regímenes militares para la eliminación de opositores políticos en el marco de la Operación Cóndor , presuntamente ideada por el ex dictador chileno Augusto Pinochet.

El fiscal romano investiga los asesinatos de ciudadanos de origen italiano como los uruguayos Armando Bernardo Arnone, Gerardo Francisco Gatti, María Emilia Islas, Juan Pablo Recagno, Daniel Banfi, Andrés Domingo y Héctor Giordano, todos ellos desaparecidos en Argentina. También investiga el caso de los argentinos Horacio Campiglia y Lorenzo Viñas, desaparecidos en Brasil, y de Dora Landi y Alejandro Logoluso, detenidos en Paraguay.

El detonante de los pedidos de detención fue la detención de Fernández Tróccoli, de 60 años, ex miembro del servicio de Inteligencia de la Armada uruguaya (Fusna), quien fue arrestado el lunes en Salerno, sur de Italia, donde estaba radicado. El mismo lunes fue trasladado a una cárcel de Roma y mañana la jueza Figliola le tomará declaración indagatoria por la desaparición de cuatro ciudadanos italianos.

El pedido de la Justicia italiana incluye a 61 argentinos, 7 bolivianos, 13 brasileños, 22 chilenos, 7 paraguayos, 4 peruanos y 32 uruguayos. Seis de esos 146 represores ya fallecieron, incluido el dictador chileno Augusto Pinochet. Si bien no se conoce el detalle completo con los nombres de los represores solicitados, se estima que en el caso argentino muchos podrían estar actualmente procesados y detenidos por la Justicia local. El pedido quedó ahora radicado en el Ministerio de Justicia del gobierno italiano, que deberá activar la búsqueda e informar a los países de origen de los represores.

En la Argentina la investigación judicial del Plan Cóndor comenzó con una presentación en noviembre de 1999. Tras ocho años de investigación, el 28 de noviembre pasado el juez federal Sergio Torres ­que subrogó en esa causa al ex juez federal Guillermo Montenegro, actual secretario de seguridad del jefe de gobierno Mauricio Macri­ consideró concluida la etapa de instrucción y resolvió la elevación a juicio oral y público contra 17 responsables argentinos de la Operación Cóndor , incluidos los generales Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Eduardo Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone y Antonio Domingo Bussi.

"La cantidad de personas implicadas en los distintos países va a tener un efecto de repetición y contagio en los países afectados por las dictaduras", advirtió Slepoy. "Las medidas adoptadas por juzgados de distintos países como Italia, España y Francia dan una idea fehaciente de que este tipo de criminales debe ser perseguido por todos los tribunales y no podrán andar sueltos en ninguna parte del mundo", concluyó.

No es la primera buena noticia de 2007 surgida en Italia. En marzo la Corte de Apelaciones de Roma condenó en ausencia a cadena perpetua a los marinos Alfredo Astiz, Jorge "Tigre" Acosta, Jorge Vildoza (prófugo de la Justicia desde 1987), Antonio Vañek y al prefecto Héctor Febres (quien murió envenenado el 10 de diciembre en su prisión VIP de Prefectura) por delitos de lesa humanidad contra italianos que fueron vistos por última vez en la ESMA. Siete años antes, en 2000, la Justicia italiana ya había condenado a cadena perpetua a los generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Riveros.


martes, 20 de noviembre de 2007

GOBIERNO URUGUAYO RELEVÓ SEGUNDO JEFE DE MISION ONU EN HAITI POR INCIDENTE SOBRE DD.HH

El Gobierno uruguayo resolvió relevar al general Raúl Gloodtdofsky como segundo jefe de la Fuerza de Paz de la ONU en Haití (MINUSTAH), tras un incidente con colegas de la Armada y de la Fuerza Aérea por el asunto de los derechos humanos, informó hoy un comunicado oficial.

La decisión fue tomada por el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, después de analizar el asunto con la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti.

El general fue convocado la pasada semana a Montevideo por Berrutti para aclarar sus dichos en presencia de integrantes de las otras armas.

Gloodtdofsky acusó a efectivos de la Armada y la Fuerza Aérea uruguaya de 'traicionar' y 'dejar solo al Ejército' frente al Gobierno, el primero de izquierda en la historia del país, en la cuestión de los detenidos-desaparecidos durante el régimen 'de facto' que gobernó en Uruguay entre 1973 y 1985.

Tras asumir el cargo, en marzo de 2005, el presidente Vázquez dispuso investigaciones internas en las Fuerzas Armadas para tratar de averiguar el paradero de los restos de detenidos-desaparecidos y ordenó excavaciones en el interior de varios cuarteles del Ejército.

Las declaraciones del general Gloodtofsky fueron realizadas durante una reunión de camaradería en la que participaron los jefes que integran la Fuerza Internacional de Paz de las Naciones Unidas en Haití.

El general debió responder por escrito en Montevideo a un cuestionario elaborado por Berrutti.

'Habiéndose (...) determinado la responsabilidad que le cupo en los hechos de notoriedad al general Raúl Gloodtdofsky, el Poder Ejecutivo resolvió relevarlo de su misión como segundo comandante de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de las ONU en Haití', señaló la Presidencia en su comunicado.

Además de 'aplicarle ulteriormente las sanciones respectivas', agrega.

El general viajará a Haití para recoger sus efectos personales y de inmediato deberá regresar a Montevideo.

martes, 6 de noviembre de 2007

URUGUAY: EXCAVACIONES EN OTRO CUARTEL POR DESAPARECIDOS

Un equipo de antropólogos de la Universidad estatal que realiza excavaciones para encontrar cuerpos de prisioneros desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985) inició tareas de remoción de tierras en una nueva unidad militar en el departamento (provincia) de Canelones, vecino a Montevideo.

Los trabajos se llevan a cabo en el predio del Grupo de Artillería número 1, ubicado en el paraje Piedra del Toro, a 42 kilómetros de Montevideo, que pasó a manos del Ejército en febrero de 1975, tras haber pertenecido al Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros).


Familiares de detenidos-desaparecidos aportaron testimonios de ex militares que dicen haber visto enterramientos de cuerpos en el lugar entre 1980 y 1984.

La segunda etapa de las excavaciones se reanudó el 16 de julio en las inmediaciones de la cárcel de La Tablada, en la zona noroeste de Montevideo, donde podrían haberse ocultado los cuerpos de medio centenar de desaparecidos.

La remoción de tierra en el lugar no arrojó aún resultados positivos.

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Informe realizado con antecedentes de Agencia ANSALATINA.

lunes, 23 de julio de 2007

URUGUAY: Traslado de desaparecidos a Uruguay fue ordenado por la dictadura

Por Jorge Pailhé

Montevideo.- La cancillería uruguaya envió en 1976 una nota secreta y cifrada a su embajada en Buenos Aires para ordenarle que colaborara en los trasladados de connacionales detenidos en la Argentina, lo que prueba el compromiso de las autoridades con ese proceso irregular, reveló una fuente del caso.

La nota, fechada el 2 de junio de 1976, fue incorporada a la causa que investiga los traslados de al menos 40 ciudadanos uruguayos capturados en la Argentina en forma no oficial y enviados a su país por vía aérea y marítima para ser alojados en unidades castrenses, luego de haber sido vistos por testigos prisioneros en el pozo de Banfield, en el conurbano bonaerense.

Así lo afirmó en una entrevista Oscar López Goldaracena, representante de familiares de desaparecidos uruguayos, quien indicó que el documento, identificado bajo el número 0194/24, ordenaba “proveer” al traslado de detenidos “si se tratare de personas legalmente requeridas por autoridad competente del Uruguay”.

El letrado indicó que la nota autorizaba “la actuación de la embajada en los hechos de notoriedad”, referencia esta última, a su entender, a “los asesinatos en Buenos Aires de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz”, ocurridos el 20 de mayo de ese año.

“La nota es de principios de junio de 1976 y los dos primeros traslados aéreos que tenemos registrados fueron en julio y octubre de ese año, por lo que el efecto de la orden parece ser inmediato”, señaló.

Aparte de esos dos envíos aéreos, identificados en la causa judicial como “primer vuelo” y “segundo vuelo”, también se investiga al menos tres traslados más por diferente vía ocurridos en mayo, junio y octubre de 1978.

El abogado puntualizó que también obra en la causa un documento surgido de la embajada de Estados Unidos en Uruguay que recomendaba al gobierno de la dictadura “canjear” prisioneros con los países vecinos, lo que refuerza la hipótesis de que ciudadanos uruguayos fueron capturados en la Argentina y trasladados al país.

Destacó además que al momento del envío de la nota el canciller uruguayo era Juan Carlos Blanco; el presidente de facto, Juan María Bordaberry, y el jefe del ejército Gregorio Álvarez, luego sucesor de Bordaberry, por lo que los tres están procesados.

El destino de los uruguayos detenidos en la Argentina y trasladados a su país es investigado por la justicia uruguaya dado que, al haberse originado fuera del país, fue excluido por el presidente Tabaré Vázquez de la ley de caducidad dictada por el Parlamento a poco de reconquistada la democracia, en 1985.

Al respecto, el letrado indicó que desde distintos ámbitos -incluso muchos identificados con el gobernante Frente Amplio- se impulsa la nulidad de aquella ley, que fue aprobada “bajo la presión militar”.

“Es una ley contraria al derecho internacional y a los derechos humanos”, enfatizó López Goldaracena, quien explicó que en la investigación actual “se promueve denuncia contra todas aquellas autoridades cuya responsabilidad sea probada”.

“No dirigimos la denuncia a alguien en particular sino a todos en general bajo el cargo de haber cometido un crimen de lesa humanidad”.

“El año pasado se aprobó aquí la ley de genocidio y crímenes de lesa humanidad, que declara estos delitos como un crimen permanente; es decir que hasta tanto no aparezcan los restos de todas esas personas el delito se sigue cometiendo”, explicó.

A partir del avance de la causa comenzaron a realizarse excavaciones en la unidad militar de La Tablada, en Montevideo, y en la Brigada de Artillería Antiaérea, en Canelones, ya que por los diversos testimonios hay posibilidades de encontrar restos.

“Esa búsqueda comenzó la semana continuará a partir de mañana. El hallazgo de los restos demostraría que en Uruguay se instauró un plan criminal similar al de países vecinos”, conjeturó.

Explicó que los distintos movimientos que se realizaban para el traslado de los prisioneros fue reconstruido a partir de testimonios de sobrevivientes de uno y otro país, y que en algunos casos las capturas de uruguayos en la Argentina comprendieron a tres generaciones.

“Tenemos un caso de madre e hija detenidos en Buenos Aires. La hija tuvo una criatura en cautiverio y las tres fueron trasladadas a Uruguay, pero sólo la bebita logró sobrevivir”, narró.