PREMIO NOBEL DE LA PAZ ADOLFO PEREZ ESQUIVEL SE DIRIGE AL GOBIERNO CHILENO POR MUERTE DE JOVEN MAPUCHE

“Esperamos que la muerte del joven Matías Katrileo, sea la última y que de una vez por todas se proceda a la desmilitarización del Pueblo Mapuche y a la urgente derogación de la Ley Antiterrorista. Al mismo tiempo es imprescindible la ratificación del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, señala parte de su misiva

El argentino, Adolfo Pérez Esquivel, en 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en defensa de los derechos humanos. Continuó su trabajo viajando por la mayor parte de países de Iberoamérica, Estados Unidos y Europa, denunciando los graves crímenes de derechos humanos en el continente americano. Fue recibido por parlamentarios de diversas naciones europeas. Gracias a su iniciativa se iniciaron procesos penales contra la dictadura militar Argentina en Italia, España y Alemania.

Desde 2003, es presidente del Consejo honorario de la Fundación Latinoamericana del Servicio de Paz y Justicia y de la Liga Internacional para los Derechos Humanos y la Liberación de los pueblos, con base en Milán, Italia, y miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos. Es miembro del Comité de Honor de la Coordinación internacional para el Decenio de la no-violencia y de la paz.

Desde el 2004 forma parte del Jurado Internacional del Premio de Derechos Humanos de Nuremberg, que cada dos años otorga un premio a organizaciones o personas que se destacan en la promoción y defensa de los derechos humanos en el mundo, aun con el riesgo de su propia vida.

Adolfo Pérez Esquivel, escultor, arquitecto y pacifista, continúa defendiendo los DDHH y en varias oportunidades ha levantado su voz para defender los derechos del Pueblo Mapuche tanto en Chile como en Argentina. A continuación, su última misiva en repudio a la represión del Estado chileno, en especial por la muerte de Matías Catrileo.

Reproducimos su carta enviada a la embajada de Chile en Argentina.

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Buenos Aires, Enero de 2008.-

Señor Embajador

de la República de Chile

D. Luis María Aguirre

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

De mi consideración:

A través de la presente quiero expresarle mi sentida preocupación por la difícil situación que está atravesando el Pueblo Mapuche en la hermana república de Chile.

Somos dos países hermanos con historias y problemas semejantes, que además tenemos el privilegio de contener en lo que hoy constituyen nuestros territorios, al Pueblo Mapuche, a uno y otro lado de la cordillera. Este Pueblo, como los tantos que habitan nuestros países y en general toda Abya Yala (América), han sobrevivido junto a sus culturas a pesar de las invasiones, militar primero, y la protagonizada por las corporaciones extranjeras que arrasan con nuestros recursos naturales, ahora.

Señor Embajador, no se puede privilegiar el interés financiero por sobre el humano y la autodeterminación de los Pueblos. No se puede considerar terroristas a quienes luchan por ejercer sus derechos; a quienes se resisten al avasallamiento de grandes empresas que invaden sus territorios y explotan sus recursos naturales en aras de un rápido enriquecimiento. El gobierno chileno no sólo no puede permitir, ni ser cómplice de fuerzas foráneas que avanzan por sobre el derecho de los milenarios pobladores, sino que mucho menos puede permitir que en aras de la seguridad se asesine a jóvenes mapuches o se permita morir de hambre ante justos reclamos.

Esperamos que la muerte del joven Matías Katrileo, sea la última y que de una vez por todas se proceda a la desmilitarización del Pueblo Mapuche y a la urgente derogación de la Ley Antiterrorista. Al mismo tiempo es imprescindible la ratificación del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Reciba usted mis saludos de Paz y Bien.

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz

PATRICIA TRONCOSO: PRISIONERA POLÍTICA MAPUCHE EN HUELGA DE HAMBRE

PLAN CONDOR, WASHINGTON SABE Y NO CONTESTA

Por Ángel Páez

LIMA, ene (IPS) - Los servicios de inteligencia de Perú y Argentina mantuvieron informado en tiempo real a Washington del operativo conjunto clandestino de 1980 para secuestrar y hacer desaparecer a cuatro presuntos miembros del movimiento armado peronista Montoneros, según documentos desclasificados en Estados Unidos.

El caso forma parte del proceso abierto en diciembre por la jueza italiana Luisianna Figliola, quien requirió la captura de los responsables de esta y otras acciones enmarcadas en el llamado Plan Cóndor, la coordinación de las dictaduras del Cono Sur de América en los años 70 y 80 para detener, torturar, asesinar y desaparecer personas pasando por encima de las fronteras.

Townsend B. Friedman, funcionario de la sección política de la embajada de Washington en Buenos Aires, reveló en un reporte fechado el 19 de agosto de 1980 al número dos de dicha legación diplomática, Claus H. Ruser, detalles de la operación contra los "montoneros" argentinos en Lima y su fatal desenlace.

En ese informe secreto desclasificado ahora por la institución académica independiente Archivo de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), Friedman recordó a su superior que un oficial de inteligencia argentino les entregó el 16 de junio de 1980 pormenores del operativo de Lima.

Esta fecha es clave: la acción conjunta del Batallón 601 del ejército de Argentina y del Servicio de Inteligencia del Ejército de Perú (SIE) se registró cuatro días antes y los supuestos montoneros apresados fueron entregados el 17 de ese mismo mes por los peruanos a militares bolivianos, con la presencia de los agentes argentinos.

Los hechos fueron conocidos por el gobierno de Estados Unidos cuando estaban en pleno proceso. Además, supo con anticipación que los detenidos serían eliminados.

"Un miembro del servicio de inteligencia argentino, que ha sido una fuente fiable en estos temas, le dijo a la embajada (estadounidense) que los cuatro individuos fueron detenidos en Perú, que continuarían allí hasta ser expulsados a Bolivia, donde luego serían entregados a Argentina; y una vez en Argentina serían interrogados y luego desaparecidos", reportó Friedman a Ruser.

La captura en Lima y posterior desaparición de Noemí Esther Gianetti de Molfino, quien integraba la asociación humanitaria Madres de Plaza de Mayo, María Inés Raverta y Julio César Ramírez fue una acción iniciada por el Batallón 601 a partir de la detención en Argentina de Federico Frías, quien iba a participar en Lima en una presunta reunión de con dirigentes de Montoneros.

Luego de ser torturado salvajemente, Frías es trasladado por sus captores a Perú para que les indicara nombres y direcciones de supuestos guerrilleros, según declaró un ex agente peruano que participó en la operación y cuyo testimonio aparece en el libro del periodista Ricardo Uceda, titulado "Muerte en el Pentagonito".

Según el documento desclasificado en Washington, el embajador estadounidense en Argentina de la época, Harry W. Shlaudeman, habló del caso de los "montoneros" con el entonces primer ministro, ministro de Guerra y jefe del ejército peruano, general Pedro Richter.

"El primer ministro peruano Richter Prada le dijo en julio (de 1980, un mes después de los secuestros) al embajador Shlaudeman que los argentinos habían sido expulsados a Bolivia y que a su juicio los bolivianos probablemente los entregaron a los argentinos", informó Friedman a Ruser.

"Además, (Richter) reveló al embajador Shlaudeman que había estado en contacto personal con el jefe del ejército (argentino, Leopoldo Fortunato) Galtieri, en relación a la materia", prosigue el texto.

Inmediatamente Friedman señala que "Galtieri informó que podría haber 'un interesante desarrollo' del caso a comienzos de la semana del 14 de julio. Richter sugirió al embajador Shlaudeman que el comentario de Galtieri podría referirse a la aparición con vida de los tres montoneros que los peruanos afirman haber entregado a los bolivianos".

El "interesante desarrollo" de los hechos, como se expresaba Galtieri, se conoció poco después, el 21 de julio de 1980, cuando Gianetti de Molfino, una de las secuestradas en Lima, apareció muerta en Madrid y jamás se tuvo noticias de los otros tres. Este general, hoy ya fallecido, asumió en noviembre del año siguiente la presidencia de la junta dictatorial de Argentina.

Schlaudeman mantuvo relaciones estrechas con la dictadura peruana del general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), como lo confirman los documentos desclasificados. Cuando se cometió la operación de secuestro de los presuntos montoneros, ya estaba en Buenos Aires.

La trayectoria de Schlaudeman es particularmente significativa. Se desempeñó como jefe de la misión estadounidense en Chile entre 1969 y 1973, lapso en el que crece electoralmente la izquierda hasta llegar al gobierno de la mano del socialista Salvador Allende (1970-1973), derrocado por un sangriento golpe militar que dio paso a 17 años de dictadura.

Luego se desempeñó como asistente del secretario de Estado para Asuntos Interamericanos hasta 1973-1975, durante la presidencia de Richard Nixon, en 1977 se hace cargo de la embajada en Perú, para pasar en 1980 a la legación en Argentina hasta 1983, cuando es recuperada la democracia en ese país. En 1992 recibió una medalla de honor de manos del presidente George Bush, padre del actual mandatario.

La operación de junio de 1980 no era la primera ni única que se hizo como producto de una coordinación entre las dictaduras de Perú y Argentina. Y Schlaudeman lo conocía.

Según otro documento secreto desclasificado, fechado el 11 de julio de 1977, este diplomático comunicó al entonces secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Cyrus Vance, el secuestro el 12 de abril de ese año del ciudadano argentino Carlos Alberto Maguid, asilado en Lima.

Schlaudeman le dijo a Vance que una funcionaria de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que era Lone Hogan, le informó que Maguid había sido apresado por los militares peruanos en coordinación con sus pares argentinos.

"El gobierno peruano, en las personas del ministro del Interior (Richter) y el hijo del presidente Morales Bermúdez negaron que cualquier dependencia del gobierno sea responsable de la desaparición", escribió Schlaudeman en un principio, para luego precisar que Hogel tenía información certera sobre el caso.

"(Basándose) en anónimas, pero aparentemente muy bien documentadas cartas, (todo indica) que Maguid fue arrestado por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), tal vez a instancias del gobierno argentino (…) y se encuentra detenido en algún lugar del Perú", escribió Shlaudeman a su jefe, Vance.

Los casos de Maguid, así como los de Gianetti de Molfino, Raverta, Ramírez y Frías no fueron aislados, sino que formaban parte de una estrategia represiva conjunta de las dictaduras del Cono Sur de América. Así lo confirma el reporte conjunto de las embajadas estadounidenses en Argentina y Perú, del 25 de junio de 1980, redactado a la semana siguiente del secuestro en Lima.

"El incidente no es el único. En los años recientes, ha habido varios casos similares que demuestran el alto grado de cooperación entre las agencias de inteligencia y seguridad de los países de América del Sur yde su tendencia a recurrir a medios ilegales en el tratamiento de sospechosos de ser subversivos", se lee en el documento.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses niegan haber tomado conocimiento de estas acciones de cooperación criminal cometidos como parte del Plan Cóndor. Incluso afirman que nunca escucharon dicha denominación.

En 2005, J. Patrice McSherry, profesora de la Long Island University, divulgó un revelador documento en su libro titulado "Predatory States: Operation Cóndor and Covert War in Latin America" (Estados depredadores: La Operación Cóndor y la Guerra Encubierta en América Latina").

Se trataba de un texto desclasificado suscrito por el jefe de la Oficina Regional de Seguridad (RSO, por sus siglas en inglés) de la embajada de Estados Unidos en Argentina, James B. Blynstone, en el que da cuenta a sus superiores que una fuente de la inteligencia argentina le informó del secuestro de los cuatro "montoneros" en Lima y que le advirtió que serían desaparecidos.

"Evidentemente, la RSO había recibido información sobre una importante operación secreta del Cóndor, que implicaba a los servicios de inteligencia de tres países (Argentina, Bolivia y Perú); (Blystone) era un miembro confiable del círculo íntimo de Cóndor", escribió McSherry.

La respuesta de Blystone no se hizo esperar. En enero de 2006 publicó su versión de los hechos en la revista "Foreign Service Journal", bajo el título de "The Domino Effect of Improper Declassificaton" (El efecto dominó de una desclasificación impropia).

El ex funcionario de Washington explicó que en el tiempo que estuvo en Argentina (1978-1980) (…) "tropecé con el hecho de que los servicios de seguridad argentinos estaban llevando a cabo algunas operaciones en los países vecinos".

"Pero yo no recuerdo nunca haber escuchado usar la expresión 'Operación Cóndor', allí (Buenos Aires) o en Santiago (de Chile), por ninguno de mis contactos o colegas de la embajada", afirmó.

Pero Blystone pudo preguntárselo a Shlaudeman, quien estaba perfectamente informado de la "Operación Cóndor". Lo acredita, por ejemplo, el informe que el 30 de agosto de 1976 escribió este diplomático desde Chile al entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, sobre las características y los alcances del colectivo de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur de América.

También hay otro documento desclasificado del 8 de octubre de 1976, que es un reporte del mismo Shlaudeman a Kissinger en el que le informa de una reunión con el coronel Manuel Contreras, el todopoderoso jefe de la hoy disuelta Dirección Nacional de Inteligencia de Chile (DINA) y verdadero cerebro del Plan Cóndor.

"Como era de esperarse, Contreras negó que la Operación Cóndor tenga otro propósito aparte que el intercambio de inteligencia".

Empero, Estados Unidos sabía que Contreras mentía. La Operación o Plan Cóndor ya había empezado su vuelo de la muerte.

HISTORIADORES CHILENOS SE MANIFIESTAN SOBRE SITUACION DE PUEBLO MAPUCHE

Declaración pública de historiadores chilenos:

ESTADO CHILENO DEBE DEVOLVER LAS TIERRAS MAPUCHE USURPADAS Y RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS DE ESE PUEBLO

Por Lucía Sepúlveda Ruiz*

Los historiadores chilenos Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, Sergio Grez, Julio Pinto, Pablo Marimán, José Luis Martínez, Fabio Moraga, Mario Garcés, María Angélica Illanes, y Margarita Iglesias firmaron el 10 de enero una declaración de denuncia ante la represión y atropellos al pueblo mapuche, junto a un total de setenta investigadores que tomaron posición ante los "gravísimos hechos" recientes. Los historiadores concluyen: "Esta situación requiere un drástico cambio de política del Estado de Chile, que debe asumir un reconocimiento pleno de la diversidad de pueblos originarios existente en nuestro país, lo que implica, entre otros puntos, la autonomía política de las comunidades indígenas, la devolución de sus tierras arbitrariamente usurpadas en base al 'derecho de Conquista' y el pleno respeto de los Derechos Humanos de sus integrantes."

Se trata de la primera declaración pública de un conjunto homogéneo de profesionales, aunque en el espacio virtual circulan distintas cartas de apoyo al pueblo mapuche con firmas de chilenos de distintos ámbitos de la cultura y sociedad. En días pasados en La Moneda, asimismo, se dio a conocer una carta a la Presidenta Bachelet firmada por más de cincuenta organizaciones sociales y ciudadanas que buscan sensibilizar al gobierno. La situación de Patricia Troncoso –que cumplió más de 90 días huelga de hambre- es crítica: fue trasladada ayer nuevamente a la cárcel de Angol luego de haber sido inyectada forzosamente con suero por cuatro días en el Hospital de Angol. Pese a haber rebajado sus demandas, accediendo a suspender la huelga si se le otorga la salida dominical, beneficio carcelario que le corresponde por haber cumplido más de la mitad de los diez años de condena, la única respuesta del gobierno y las nuevas autoridades designadas por la Presidenta Bachelet ha sido intensificar la represión a las movilizaciones callejeras de apoyo.

Entre los firmantes que interpelan al Estado chileno, figuran académicos como Miguel Rojas, Augusto Samaniego, Jorge Magasich, Carlos Sandoval, Pedro Rosas, Juan Carlos Gómez, y Miguel Rojas, entre otras decenas de investigadores de reconocido prestigio en Chile y el exterior. Los historiadores que se pronuncian frente al asesinato del estudiante mapuche Matías Catrileo y la huelga de hambre de Patricia Troncoso y los presos políticos de ese pueblo, se desempeñan en las universidades de Chile, Concepción, Valparaíso, Viña del Mar, Talca, Alberto Hurtado, ARCIS, BioBio, Bolivariana, del Mar, Austral, Humanismo Cristiano, La Serena y otros centros de estudios, así como en la UNAM de México, la Universidad de Québec en Montreal, Canadá; la Wichita State University de Estados Unidos, de Murcia, en España y el Instituto de Altos Estudios de Comunicación Social en Bruselas, Bélgica.

Ellos afirman encontrarse en presencia de "la virtual militarización del territorio histórico del pueblo mapuche, la instauración de un régimen permanente de vigilancia y terror policial" y la "indiferencia de las principales autoridades del Estado frente a la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuches, los historiadores e historiadoras abajo firmantes declaramos". Sostienen que las reivindicaciones históricas mapuches han sido enfrentadas por el Estado de Chile criminalizando sus luchas, militarizando la Araucanía, y aplicando de la Ley Antiterrorista de la dictadura militar, así como "el cerco mediático oficial respecto de esa realidad".

Denuncian a continuación "el silencio cómplice y la deformación grosera de los hechos" por parte de los funcionarios estatales, los partidos políticos representados en el Parlamento, las organizaciones empresariales y la mayoría de los medios de comunicación social, "que han patrocinado o avalado esta ofensiva represiva contra las comunidades mapuches".

Fundamentan su posición recordando la larga génesis histórica de estos hechos, "que arrancó con el proceso de conquista y ocupación militar de la Araucanía por las huestes españolas en el siglo XVI, cuando empezó el proceso de usurpación de las tierras indígenas. Si bien la resistencia mapuche logró contener durante los siglos coloniales y en las primeras décadas republicanas el avance invasor, durante la segunda mitad del siglo XIX, a medida que el Estado nacional chileno se consolidaba, nuevamente la clase dominante fijó sus ojos en esos territorios, desplegando la mal llamada "Pacificación de la Araucanía", que culminó con el despojo violento de las tierras del pueblo mapuche y su confinamiento en reducciones que han perpetuado su pobreza, marginación y discriminación hasta nuestros días."

Más adelante sostienen que la lucha de los mapuches por recuperar sus tierras ancestrales y por sus demandas de tierra, justicia y libertad tiene una continuidad histórica y "ha conocido avances y retrocesos según los momentos históricos, comenzando con la constitución de las primeras organizaciones mapuches (mutualistas y culturales) a comienzos del siglo XX hasta las actuales recuperaciones de tierras, pasando por la participación en partidos políticos, el levantamiento de Ranquil de 1934 (en alianza con campesinos pobres chilenos) y las "corridas de cerco" de los años de la Reforma Agraria."

A continuación la lista completa de los firmantes y el texto completo de la declaración:

-Sergio Grez Toso, Director Magíster de Historia y Ciencias Sociales Universidad ARCIS, académico de la Universidad de Chile.

- Igor Goicovic Donoso, académico de la Universidad Santiago de Chile.

- Julio Pinto Vallejos, académico de la Universidad Santiago de Chile.

- Alexis Meza Sánchez, Director de Currículum de la Universidad ARCIS, miembro del Taller de Ciencias Sociales "Luis Vitale".

- Pablo Marimán Quemenado, académico de la Universidad ARCIS, Bío-Bío.

- Sebastián Leiva, académico de la Universidad ARCIS.

- Carmen González Martínez, académica de la Universidad de Murcia, España.

- Rolando Álvarez Vallejos, académico Universidad de la ARCIS, investigador del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz.

- Karen Alfaro Monsalve, académica de la Universidad ARCIS, Bío-Bío.

- Daniel Palma Alvarado, académico de las universidades ARCIS y Alberto Hurtado.

- Patricio Herrera González, académico de la Universidad de Valparaíso.

- Alicia Salomone, académica de la Universidad de Chile.

- Mario Valdés Vera, coordinador Carrera de Historia y Ciencias Sociales Universidad ARCIS, Bío-Bío.

- José Luis Cifuentes Toledo, académico de las universidades ARCIS (Bío-Bío) y Bolivariana de Los Ángeles.

- Gabriel Salazar Vergara, Premio Nacional de Historia, académico de la Universidad de Chile.

- Felipe A. Lagos Rojas, Magíster © en Estudios Latinoamericanos.

- Alex Díaz Villouta, académico de la Universidad ARCIS, Bío-Bío.

- Claudia Zapata, académica de la Universidad de Chile.

- Marcos Fernández Labbé, académico de la Universidad Alberto Hurtado.

- José Luis Martínez Cereceda, Director de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

- Ricardo Vargas Morales, académico de la universidades ARCIS Bío-Bío y Bolivariana sede Los Ángeles.

- Eduardo Cruzat C., académico de la Universidad ARCIS, Bío-Bío.

- Margarita Iglesias Saldaña, Directora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

- Milton Godoy Orellana, académico de las universidades de La Serena y Academia de Humanismo Cristiano.

- Fabio Moraga Valle, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

- Eduardo Godoy Sepúlveda, profesor del profesor del Preuniversitario Popular y Solidario Luis Emilio Recabarren González, Pedro Aguirre Cerda, Santiago.

- Alberto Díaz Araya, académico de la Universidad Bolivariana sede Iquique.

- Pablo Artaza Barrios, académico de la Universidad de Chile.

- Francis Goicovic, académico de la Universidad de Chile.

- Pablo Aravena Núñez, Jefe de Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Viña del Mar.

- Nancy Fernández Mella, académica de la Universidad de Talca.

- Mario Garcés Durán, académico de la Universidad de Santiago de Chile, Director de ECO, Educación y Comunicaciones.

- Elisabet Prudant Soto, ayudante de la Escuela de Historia Universidad Diego Portales.

- María Angélica Illanes, académica de la Universidad Austral, Valdivia.

- Pedro Rosas Aravena, Director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS.

- Simón Castillo Fernández, Magíster © en Historia, Universidad de Chile.

Carlos Vivallos Espinoza, Investigador CONICYT/Fondecyt de la Universidad de Concepción.

- Luis Corvalán Márquez, académico de las universidades de Santiago de Chile (USACH) y de Valparaíso.

- Raúl Núñez Muñoz, académico de la Universidad de Los Lagos.

- Augusto Samaniego, Director del Departamento de Historia Universidad de Santiago de Chile.

- Alberto Harambour Ross, académico de la Universidad ARCIS.

- Jorge Magasich, académico del Institut des Hautes Études des Communications Sociales, Bruselas, Bélgica.

- Carlos Ruiz Rodríguez, académico de la Universidad de Santiago de Chile.

- Jaime Insunza Becker, Vice-rector Académico de la Universidad ARCIS.

- Carlos Sandoval Ambiado, académico de las universidades Bolivariana y del Mar.

- Juan Carlos Gómez Leyton, Director del Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina de la Universidad ARCIS.

- Beatriz Areyuna Ibarra, Jefa de la Carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

- Hernán Venegas Valdebenito, académico de la Universidad de Santiago.

- Manuel Fernández Gaete, Director Sede Los Ángeles de la Universidad Bolivariana.

- Leonardo León Solís, académico de la Universidad de Chile.

- Miguel Rojas-Mix, Doctor honoris causa de la Universidad de Santiago de Chile y de otras universidades de América y Europa.

- Jorge Rivas Medina, Magíster © en Historia de la Universidad de Santiago de Chile.

- Pedro Canales Tapia, académico de la Universidad Pedro de Valdivia, La Serena.

- Marcela Cubillos Poblete, Directora de la Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de La Serena.

- María Valeria Frindt Carretón, profesora de Historia del Arte e Historia del Diseño.

- Leonardo Mazzei de Grazia, académico de la Universidad de Concepción.

- Claudio Robles Ortiz, académico de la Universidad de Concepción.

- Iván Ljubetic, investigador del Centro de Extensión Luis Emilio Recabarren.

- Alejandra Brito Peña, académica Universidad de Concepción.

- Claudio Pérez, académico Universidad Bolivariana, sede Los Ángeles.

- Luis Jara Urrea, profesor de Historia y Geografía, Secretario CUT provincial Concepción.

- Juan Guillermo Muñoz Correa, académico de la Universidad de Santiago de Chile.

- Pedro Bravo Elizondo, académico de la Wichita State University, Estados Unidos.

- Cristián Castro, doctorando en Historia de la Universidad de California, Estados Unidos.

- Luis Alegría Licuime, académico de las universidades ARCIS y Academia de Humanismo Cristiano.

- Rogelio Alegría Herrera, académico de la Universidad Bolivariana, sede Los Ángeles.

- Carolina Andaur Marín, Doctoranda en Historia, El Colegio de México.

- Nelson Castro Flores, académico de la Universidad de Valparaíso.

- Enrique Fernández Darraz, historiador y Doctor en Sociología por el Instituto de Sociología de la Universidad Libre de Berlín.

- Patrick Puigmail, académico de la Universidad de Los Lagos, Osorno.

Jorge Benítez, Coordinador Académico de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS.

-José del Pozo, académico de la Université de Québec, Montreal, Canadá.

-Bernardo Subercaseaux, Vice-Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de
la Universidad de Chile.
- Francisco Peña Torres, académico de la Université Paris I Panthéon Sorbonne,
Francia.
- Sergio Salamó Asenjo, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
- César Cerda Albarrán, académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana.
- Diana Veneros Ruiz-Tagle, académica de la Universidad Diego Portales.
- Consuelo Figueroa Garavago, académica de la Universidad Diego Portales.
- Carla Peñaloza, académica de la Universidad de Chile.
- Cristián Oviedo Pérez, coordinador de UTP.
-Jaime Massardo, académico de la Universidad de Valparaíso

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DECLARACIÓN PÚBLICA

En presencia de los gravísimos acontecimientos acaecidos últimamente en la Araucanía, que han significado la virtual militarización del territorio histórico del pueblo mapuche, la instauración de un régimen permanente de vigilancia y terror policial y el asesinato del joven estudiante y comunero Matías Catrileo Quezada por miembros del cuerpo de Carabineros de Chile, y ante la indiferencia de las principales autoridades del Estado frente a la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuches, los historiadores e historiadoras abajo firmantes declaramos:

1.- Los hechos mencionados tienen una larga génesis histórica, que arrancó con el proceso de conquista y ocupación militar de la Araucanía por las huestes españolas en el siglo XVI, cuando empezó el proceso de usurpación de las tierras indígenas. Si bien la resistencia mapuche logró contener durante los siglos coloniales y en las primeras décadas republicanas el avance invasor, durante la segunda mitad del siglo XIX, a medida que el Estado nacional chileno se consolidaba, nuevamente la clase dominante fijó sus ojos en esos territorios, desplegando la mal llamada "Pacificación de la Araucanía", que culminó con el despojo violento de las tierras del pueblo mapuche y su confinamiento en reducciones que han perpetuado su pobreza, marginación y discriminación hasta nuestros días.

2.- Desde entonces la lucha de los mapuches por recuperar sus tierras ancestrales no ha cesado aunque se ha manifestado de manera diversa y ha conocido avances y retrocesos según los momentos históricos. Comenzando con la constitución de las primeras organizaciones mapuches (mutualistas y culturales) a comienzos del siglo XX hasta las actuales recuperaciones de tierras, pasando por la participación en partidos políticos, el levantamiento de Ranquil de 1934 (en alianza con campesinos pobres chilenos) y las "corridas de cerco" de los años de la Reforma Agraria, se puede observar una notable continuidad histórica en las demandas de tierra, justicia y libertad de este pueblo.

3.- En los últimos años las reivindicaciones históricas mapuches han sido enfrentadas por el Estado de Chile de manera esencialmente judicial y policial, criminalizando sus luchas y negándose al reconocimiento de su autonomía como pueblo. Esto se ha traducido en una creciente militarización de la Araucanía, la aplicación de la Ley Antiterrorista, heredada de la dictadura militar, y el cerco mediático oficial respecto de la realidad que se vive en ese territorio.

4.- Los principales agentes del Estado, al igual que las autoridades regionales y locales de la Araucanía, los partidos políticos representados en el Parlamento, las organizaciones empresariales y la mayoría de los medios de comunicación social han patrocinado o avalado esta ofensiva represiva contra las comunidades mapuches, guardando un silencio cómplice o deformando groseramente lo que está ocurriendo.

5.- Esta situación requiere un drástico cambio de política del Estado de Chile, que debe asumir un reconocimiento pleno de la diversidad de pueblos originarios existente en nuestro país, lo que implica, entre otros puntos, la autonomía política de las comunidades indígenas, la devolución de sus tierras arbitrariamente usurpadas en base al "derecho de Conquista" y el pleno respeto de los Derechos Humanos de sus integrantes.

Santiago, 10 de enero de 2008.

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*http://periodismosanador.blogspot.com/

OLIVER STONE DEFIENDE A CHÁVEZ Y CRITICA TRATO QUE DA EE.UU. A "PATIO TRASERO"

Aporrea.org

El cineasta estadounidense Oliver Stone, que iba a filmar la liberación de rehenes de la guerrilla colombiana de las FARC a finales de diciembre, acusa a EEUU del fracaso de la misión y defiende el papel del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en la frustrada operación. En declaraciones al dominical británico "The Observer", Stone califica a Chávez de "hombre honrado y fuerte", y afirma que Estados Unidos trata a Latinoamérica como un "patio trasero" en el que "se puede tirar la basura, mear o hacer lo que a uno le venga en gana". Durante la frustrada operación de entrega por las FARC de dos mujeres y del niño de una de ellas nacido en cautiverio, prevista para antes de la Navidad y luego para finales de año, a Stone se le dijo que debía quedarse en el hotel, no fuera que le secuestraran, instrucciones que, sin embargo, no obedeció. "Chávez jugó una partida de póquer en la que trató de conseguir unos resultados, pero creo que no podía lograrlo solo", afirma el realizador, que regresó mientras tanto a su casa de California (EEUU).El gobernante venezolano "quería rescatar a las retenidas y romper el hielo en la guerra entre el Estado y los rebeldes (colombianos). En mi opinión, era un importante primer paso, pero tanto en Colombia como en Estados Unidos había resentimientos contra su persona", agrega.

Stone, que concedió la entrevista antes de que se supiera que el niño cautivo, de tres años, no estaba ya en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sino en un orfanato en Bogotá, culpa del fracaso de la operación al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y al Gobierno de Estados Unidos. "Escuché de dos fuentes rivales ese día que Uribe había telefoneado a (George W.) Bush la víspera o el mismo día. Esa llamada a Bush es significativa", señala."Yo dije entonces: ¡Vergüenza para Colombia, vergüenza para Uribe!, pero quería decir al mismo tiempo: ¡Vergüenza para Bush!. Creo que Bush tiene una actitud de despecho hacia Chávez, como le ocurre a todo el 'establishment' estadounidense. Quieren que Chávez fracase", subraya Stone.

El cineasta considera lo ocurrido como un capítulo más en la larga historia de injerencias y de explotación de América Latina por Estados Unidos, porque gobiernos de este país han apoyado a los dictadores cada vez que les ha interesado. Estados Unidos "parece tratarla como su patrio trasero. La gente hace todo tipo de cosas en sus patios traseros. Arrojan basura, mean, dejan crecer las malas hierbas, hacen lo que les viene en gana", afirma Stone. "Creo que siempre (los norteamericanos) hemos tenido la idea de que es algo nuestro. Colombia es lo único que nos queda. Es una gran inversión. Creo que hablamos de casi 1.000 millones (de dólares de ayuda militar) al año. Es el equivalente de una guerra secreta", agrega el realizador.

Colombia, según el cineasta, "rebosa de equipo militar y tecnología estadounidenses (...). Existe sólo para (combatir a las FARC. Y ellos lo saben. Son muy paranoicos, y tienen todo el derecho a sentirse así. Todos los colombianos con los que hablé tienen miedo de un tipo u otro a los militares. Éstos son los más peligrosos, no las FARC".

El realizador estadounidense considera que esa guerrilla es "un ejército campesino", un ejército tipo Zapata.

SENADORES CONDENAN MUERTE DE COMUNERO MAPUCHE Y PIDEN INTERVENCIÓN DE LA OEA

Los senadores Alejandro Navarro (PS) y Nelson Ávila (PRSD) junto al padre de la comunera mapuche Patricia Troncoso, Roberto, quien lleva más de 80 días en huelga de hambre, solicitaron hoy la intervención de la OEA en la grave situación que afecta al pueblo mapuche.

"Hemos conversado con nuestro compatriota José Miguel Insulza el día de ayer para pedirle que la comisión de derechos indígenas de la OEA intervenga y que se nombre un relator especial para haga un informe sobre la grave situación que afecta a los comuneros mapuches", precisó Navarro, al tiempo que lamentó que un informe de la ONU, realizado por el relator especial Rodolfo Stavenhagen y que propone al gobierno de Chile la amnistía para los procesados por la ley antiterrorista, no haya sido respondido por la Cancillería ni el Estado de Chile.

Asimismo, los legisladores condenaron los hechos que derivaron hoy en la muerte de un joven estudiante mapuche en Vilcun, Matías Matrileo y advirtieron que si no se termina con la militarización de la Araucanía, se pueden provocar nuevos hechos de violencia.

Navarro dijo que "cuando tú pones Carabineros con subametralladoras y balas y mapuches con boleadoras y piedras, lo que tienes es un cuadro muy desigual de enfrentamiento. Jamás se ha encontrado un arma en una comunidad indígena, jamás ha existido un disparo proveniente de comuneros indígenas".

Aclaró que "rechazamos por cierto las acciones violentas que atentan contra la propiedad privada, pero quiero insistir que a la respuesta a la militarización de la Araucanía, que ha sido la respuesta del gobierno, ha habido una respuesta de carácter violenta de algunos comuneros, pero eso no justifica el uso de balas contra piedras y si el gobierno quiere insistir que el problema mapuche se arregla con más Carabineros está profundamente equivocado. Acá lo que hay es un problema de fondo, que son reivindicaciones que deben ser evaluadas junto con las empresas forestales. Estas han hecho uso y abuso de Carabineros de Chile"

"La Muerte –agregó- del joven Catrileo nos va a llevar a una profunda reflexión. Hoy día los jóvenes están en la comuna de Vilcun con el cuerpo a cuesta huyendo por lo cerros y queremos hacer un llamado a un diálogo para que ese cuerpo sea hecho llegar a la justicia para que se realice una investigación requiere despejar el área. Se nos ha informado que hay cientos de Carabineros haciendo una operación rastrillo en la zona, y en esas condiciones claramente estos incidentes graves pueden volver a producirse. Junto con ello el gobierno debe reflexionar, porque cuando advertimos lo de los pingüinos no se nos hizo caso, este es un gobierno que por su falta de conectividad con la sociedad, y su cuantía infinita de burócratas nuevamente está llevando a la presidenta a un callejón sin salida. Tal como ayer fueron los pingüinos, hoy son los mapuches y eso lo venimos diciendo hace rato y es necesario el diálogo. Pero este diálogo no se hace ni con perros policiales ni con helicópteros ni con cientos de Carabineros. No queremos otra muerte".

"No logro comprender –dijo Navarro- la tozudez del gobierno en un país que es el único de América Latina que no reconoce la existencia de los pueblos originarios en su Constitución, el único que no ha ratificado el convenio 169 de la OIT y el único que tiene decena de procesos con ley antiterrorista contra sus indígenas".

Huelga de Hambre

"Mi gobierno, nuestro gobierno no parece comprender la profunda gravedad de la huelga de hambre ni el rol que está llamado a jugar el movimiento indígena en Chile producto de la carencia de políticas sociales y que apunten a la reivindicación del pueblo mapuche que es la de tierras. Si Patricia Troncoso muere van a haber responsabilidades políticas y estas no son de la presidenta sino de aquellos asesores que le recomiendan que este es un tema que no puede flexibilizar y que vulnera el estado de Derecho y está llevando a la presidenta a un callejón sin salida, porque la muerte de Patricia puede significar un golpe duro para el gobierno", dijo Navarro.

Agregó que en el caso particular del juicio contra Patricia Troncoso y un conjunto de comuneros mapuches que "ha devenido en una segunda huelga de hambre (el 2006 duró 68 días) que lleva 82 días tiene como fundamente esencial lo que los organismos internacionales han señalado: estos son los únicos reos en Chile que tienen dos resoluciones de las Naciones Unidas a su favor (de la comisión económica social y de la comisión especial de derechos indígenas de la ONU, donde se denuncia el abuso y el no debido proceso y que la aplicación de la ley antiterrorista viola toda la normativa internacional, toda vez que el delito contra la propiedad , en este caso bosques, no debiera estar contemplado en la legislación nacional). A esto se suma, informes de Amnistía Internacional y Human Rigth han .

Por eso Navarro señaló que "el Estado chileno está en deuda y que el proceso llevado a cabo en contra de Patricia Troncoso y de los otros comuneros adoleció de vicios que lo hacen a la luz de la Corte Internacional de DDHH que está hoy viendo el caso de un proceso indebido y que en mi opinión debiera ser anulado".

"Patricia se está muriendo y la verdad es que el Estado de Chile la está dejando morir. Quiero reiterar que las peticiones que ellos han señalado están al alcance hoy de Gendarmería, del ministro de Justicia y también del ministerio del Interior y que acceder a esos beneficios no significa torcer la justicia, porque la justicia ya está torcida, porque las penas que se le aplicaron son injustas y violatorias de las resoluciones internacionales. Me pregunto entonces si se está esperando que Patricia Troncoso fallezca y que ella tome la decisión de inmolarse para poder responder, acaso la Concertación va a seguir llegando tarde a los temas sociales o hemos perdido toda humanidad, toda indolencia?

Petitorio planteado por los comuneros al gobierno
El padre de Patricia Troncoso, don Roberto, detalló los 5 puntos para que su hija y otros comuneros depongan la huelga de hambre y se conforme a la brevedad una mesa de diálogo. Estos son: 1) Acceso a Beneficios carcelarios a más tardar el 15 de enero; 2) Libertad dominical y traslado a un CET para los presos (Florencio Jaime Marileo, José Huenchunao y Juan Millalen); 3) Traslado a un CET y libertad de fin de semana para Patricia Troncoso; 4) Conformación de una mesa de Dialogo con familiares y el mediador, monseñor Camilo Vial y; 5) Solicitar que esta petición sea firmada como acuerdo a cada uno de los puntos.

"Como papá estoy muy desesperado, he golpeado muchas puertas en distintas partes y solo me ha atendido el jefe de gabinete del ministerio del Interior, y para eso me ha hecho esperar 5 horas, me ha humillado teniéndome a todo sol. De repente me siento avergonzado de ser chileno. Han ido varias personas que ha recibido la presidenta y yo que vengo con un caso grave, que mi hija se está muriendo y no me quieren recibir", aseveró Roberto Troncoso.

Senador Ávila advierte que está en manos del gobierno descomprimir la situación que se vive en la Araucanía

"Aquí hay 5 puntos concretos llamados a descomprimir la situación que se vive en la Araucanía. Si el gobierno no accede a una propuesta completamente razonable será el causante de todo lo que acontezca con posterioridad", precisó Ávila.

Agregó que "hoy tenemos el deber de contribuir todos a que la situación que se vive en el sur no llegue a un punto que se haga incontrolable, para ello debemos salvar la vida de las personas que están en peligro. Acá hay una forma concreta de poder conseguir este propósito y que monseñor Camilo Vial que ha mostrado gran disposición, sea quien abra las puertas a un entendimiento que nos evite una situación inmanejable"

Sostuvo que esta "pacificación de la Araucanía parte II que viene llevándose a cabo por nuestros gobiernos desgraciadamente nos interna en un laberinto que puede ser incontrolable en el futuro. Hay una conciencia a nivel internacional mucho mayor que en el pasado en todos los países empieza a asumirse el valor que tiene mirar hacia las profundidades de la historia y rescatar lo valioso que significa para los países como Chile tener una herencia que hace parte de su nacionalidad, y que por lo tanto cabe respetar profundamente".

A juicio del senador radical "el gran riesgo que se corre ahora es que la hostilidad que la presidenta ha sufrido con los deudores habitacionales en Chile se traslade a la escena internacional ahora con los mapuches. Por lo tanto, Chile va estar siempre en la vitrina, pero muy mal puesto, en la medida que el país está teniendo y preservando una legislación absolutamente discriminatoria respecto del pueblo mapuche. Lo que para un chileno cualquiera constituye un delito común, para los mapuches constituye un acto terrorista, y esto por cierto es una discriminación odiosa".

Santiago de Chile, 3 de enero 2008
Crónica Digital

CUERPO DE MATÍAS CATRILEO ENTREGADO. INVESTIGACION SERA REALIZADA POR FISCAL MILITAR

Así lo confirmó el obispo de Villarrica, cuya mediación había sido solicitada por compañeros de Matías Catrileo.

En una zona rural de la comuna de Vilcún, en la Región de La Araucanía, fue entregado este jueves por la tarde a las autoridades el cadáver del universitario mapuche Matías Catrileo, quien fue abatido más temprano por Carabineros al interior de un fundo.

El cadáver del estudiante permanecía desde la mañana en manos de comuneros, que solicitaron la mediación de la Iglesia Católica para evitar una presunta manipulación por parte de la policía uniformada.

En declaraciones a Cooperativa, el obispo de Villarrica, José Sixto Parsinger, comentó que "se ha hecho todo como dice la ley, es importante para que vaya todo en su camino y sea conforme a la verdad. Se logró entregar el cuerpo y de eso me alegro. Los comuneros han sido bien respetuosos y directos".

"Es algo tremendo, muy grave, debe ser aclarado y no puede pasar más. Hay que respetar y escuchar al pueblo mapuche, si no se enardecen aún más los ánimos", agregó el religioso, declinando instantes más tarde evaluar la acción de Carabineros.

Poco antes, el defensor regional, José Martínez Ríos, había confirmado que el cuerpo de Catrileo presentaba un impacto de bala en la zona abdominal, aunque aclaró que esa función le correpondía a otros estamentos.

La muerte del alumno de Agronomía de la Universidad de La Frontera será investigado por el fiscal militar José Pinto, luego de que el funcionario del Ministerio Público Claudio Beratto se declarara incompetente por la participación de Carabineros.
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IMAGEN: PATRICIO MADERA