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jueves, 19 de junio de 2008

Carta del Presidente de Bolivia, Evo Morales, con motivo de la política de inmigración de la Unión Europea.


Publicada el 16 de Junio en L'Humanite Carta del Presidente de Bolivia, Evo Morales, con motivo de la política de inmigración de la Unión Europea.


Hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, Europa fue un continente de emigrantes. Decenas de millones de europeos partieron a lasAméricas para colonizar, escapar de las hambrunas, las crisis financieras, las guerras o de los totalitarismos europeos y de lapersecución a minorías étnicas. Hoy, estoy siguiendo con preocupación el proceso de la llamada directiva retorno'. El texto, validado el pasado 5 de junio por losministros del Interior de los 27 países de la Unión Europea, tiene que ser votado el 18 de junio en el Parlamento europeo. Siento que endurece de manera drástica las condiciones de detención y expulsión a los migrantes indocumentados, cualquiera sea su tiempo de permanencia en los países europeos, su situación laboral, sus lazos familiares, su voluntad y sus logros de integración.A los países de América Latina y Norteamérica llegaron los Europeos, masivamente, sin visas ni condiciones impuestas por las autoridades. Fueron siempre bienvenidos, y lo siguen siendo, en nuestros países del continente americano, que absorbieron entonces la miseria económica europea y sus crisis políticas. Vinieron a nuestro continente a explotar riquezas y a transferirlas a Europa, con un altísimo costo para las poblaciones originales de América. Como en el caso de nuestro Cerro Rico de Potosí y sus fabulosas minas de plata que permitieron dar masa monetaria al continente europeo desde el siglo XVI hasta el XIX. Las personas, los bienes y los derechos de los migrantes europeos siempre fueron respetados.Hoy, la Unión Europea es el principal destino de los migrantes del mundo lo cual es consecuencia de su positiva imagen de espacio de prosperidad y de libertades públicas. La inmensa mayoría de los migrantes vienen a la UE para contribuir a esta prosperidad, no para aprovecharse de ella. Ocupan los empleos de obras públicas, construcción, en los servicios a la persona y hospitales, que no pueden o no quieren ocupar los europeos. Contribuyen al dinamismo demográfico del continente europeo, a mantener la relación entre activos e inactivos que vuelve posible sus generosos sistemas de seguridad social y dinamizan el mercado interno y la cohesión social. Los migrantes ofrecen una solución a los problemas demográficos y financieros de la UE.Para nosotros, nuestros emigrantes representan la ayuda al desarrollo que los Europeos no nos dan - ya que pocos países alcanzan realmente el mínimo objetivo del 0,7% de su PIB en la ayuda al desarrollo.América Latina recibió, en 2006, 68.000 millones de dólares de remesas, o sea más que el total de las inversiones extranjeras en nuestros países. A nivel mundial alcanzan 300.000 millones de dólares, que superan a los 104.000 millones otorgados por concepto de ayuda al desarrollo. Mi propio país, Bolivia, recibió más del 10% del PIB en remesas (1.100 millones de dólares) o un tercio de nuestras exportaciones anuales de gas natural.Es decir que los flujos de migración son benéficos tanto para los europeos y de manera marginal para nosotros del Tercer Mundo ya que también perdemos a contingentes que suman millones de nuestra mano de obra calificada, en la que de una manera u otra nuestros Estados, aunque pobres, han invertido recursos humanos y financieros.Lamentablemente, el proyecto de 'directiva retorno' complica terriblemente esta realidad. Si concebimos que cada Estado o grupo de Estados puede definir sus políticas migratorias en toda soberanía, no podemos aceptar que los derechos fundamentales de las personas sean denegados a nuestros compatriotas y hermanos latinoamericanos. La 'directiva retorno' prevé la posibilidad de un encarcelamiento de los migrantes indocumentados hasta 18 meses antes de su expulsión – o 'alejamiento' , según el término de la directiva. ¡18 meses! ¡Sin juicio ni justicia! Tal como está hoy el proyecto de texto de la directiva viola claramente los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.En particular el artículo 13 de la Declaración reza: Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.1. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.Y, lo peor de todo, existe la posibilidad de encarcelar a madres de familia y menores de edad, sin tomar en cuenta su situación familiar o escolar, en estos centros de internamientos donde sabemos ocurren depresiones, huelgas de hambre, suicidios. ¿Cómo podemos aceptar sin reaccionar que sean concentrados en campos compatriotas y hermanos latinoamericanos indocumentados, de los cuales la inmensa mayoría lleva años trabajando e integrándose? ¿De qué lado está hoy el deber de injerencia humanitaria? ¿Dónde está la 'libertad de circular', la protección contra encarcelamientos arbitrarios?Paralelamente, la Unión Europea trata de convencer a la Comunidad Andina de las Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) de firmar un 'Acuerdo de Asociación' que incluye en su tercer pilar un Tratado de Libre Comercio, de misma naturaleza y contenido que los que imponen los Estados Unidos. Estamos bajo intensa presión de la Comisión Europea para aceptar condiciones de profunda liberalización para el comercio, los servicios financieros, propiedad intelectual o nuestros servicios públicos. Además a título de la 'protección jurídica' se nos presiona por el proceso de nacionalización del agua, el gas y telecomunicaciones realizados en el Día Mundial de los Trabajadores.Pregunto, en ese caso ¿dónde está la 'seguridad jurídica' para nuestras mujeres, adolescentes, niños y trabajadores que buscan mejores horizontes en Europa?Promover la libertad de circulación de mercancías y finanzas, mientras en frente vemos encarcelamiento sin juicio para nuestros hermanos que trataron de circular libremente. Eso es negar los fundamentos de la libertad y de los derechos democráticos. Bajo estas condiciones, de aprobarse esta 'directiva retorno', estaríamos en la imposibilidad ética de profundizar las negociaciones con la Unión Europea, y nos reservamos del derecho de normar con los ciudadanos europeos las mismas obligaciones de visa que nos imponen a los Bolivianos desde el primero de abril de 2007, según el principio diplomático de reciprocidad. No lo hemos ejercido hasta ahora, justamente por esperar buenas señales de la UE. El mundo, sus continentes, sus océanos y sus polos conocen importantes dificultades globales: el calentamiento global, la contaminación, la desaparición lenta pero segura de recursos energéticos y biodiversidad mientras aumenta el hambre y la pobreza en todos los países, fragilizando nuestras sociedades. Hacer de los migrantes, que sean documentados o no, los chivos expiatorios de estos problemas globales, no es ninguna solución. No corresponde a ninguna realidad. Los problemas de cohesión social que sufre Europa no son culpa de los migrantes, sino el resultado del modelo de desarrollo impuesto por el Norte, que destruye el planeta y desmiembra las sociedades de los hombres.A nombre del pueblo de Bolivia, de todos mis hermanos del continente y regiones del mundo como el Maghreb y los países de África, hago un llamado a la conciencia de los líderes y diputados europeos, de los pueblos, ciudadanos y activistas de Europa, para que no se apruebe el texto de la 'directiva retorno'. Tal cual la conocemos hoy, es una directiva de la vergüenza. Llamo también a la Unión Europea a elaborar, en los próximos meses, una política migratoria respetuosa de los derechos humanos, que permita mantener este dinamismo provechoso para ambos continentes y que repare de una vez por todas la tremenda deuda histórica, económica y ecológica que tienen los países de Europa con gran parte del Tercer Mundo, que cierre de una vez las venas todavía abiertas de América latina. No pueden fallar hoy en sus 'políticas de integración' como han fracasado con su supuesta 'misión civilizatoria' del tiempo de las colonias. Reciban todos ustedes, autoridades, europarlamentarios, compañeras y compañeros saludos fraternales desde Bolivia. Y en particular nuestra solidaridad a todos los 'clandestinos'


Evo Morales AymaPresidente de la República de Bolivia

viernes, 22 de febrero de 2008

EXHUMAN VÍCTIMAS DE DICTADURA BOLIVIANA, INCLUYENDO 3 ARGENTINOS Y 1 CHILENO

MAUSOLEO. El lugar donde se realizan parte de los trabajos forenses. (Foto ASOFAMD)

Los restos de al menos 13 presuntas víctimas de la dictadura militar de los años 70 en Bolivia fueron exhumados este miércoles para identificarlos, entre ellos probablemente tres argentinos y un chileno, informaron fuentes oficiales.

Las labores, en las que intervienen expertos argentinos y bolivianos, se desarrollan en el cementerio público de La Paz.

Los cádaveres fueron encontrados en una fosa común en 1983 y conservados en un mausoleo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó la exhumación a pedido de los familiares de Rainer Ibsen Cárdenas y José Ibsen Peña, que desaparecieron en la dictadura encabezada por el coronel Hugo Banzer en 1971, según la estatal agencia ABI.

La antropóloga argentina Silvana Drunal explicó que someterán los restos a exámenes de ADN para compararlos con los de personas que presumen que se trata de sus familiares desaparecidos entre 1971 y 1972.

Asofamd tiene la esperanza de identificar así a los argentinos Rodolfo Abel Elguero Suárez, Nicolás Salvador Dorsa Caballero (ambos estudiantes) y Oscar Pérez Betancourt; y al trabajador chileno Agustín Carrillo Carrasco.

Entre los desaparecidos chilenos, Asofamd espera identificar --además de a Rainer y José Ibsen-- a Daniel Arroyo Rasguido, Jaime Gómez Tapia, Pedro Luis Alvaro Morant Saravia, Enrique Ortega Hinojosa, Cancio Plaza Astrosa, Roberto Sánchez Otazo, Arturo Zambrana La Fuente e Ivo Stambuck Vargas.

jueves, 10 de enero de 2008

PLAN CONDOR, WASHINGTON SABE Y NO CONTESTA

Por Ángel Páez

LIMA, ene (IPS) - Los servicios de inteligencia de Perú y Argentina mantuvieron informado en tiempo real a Washington del operativo conjunto clandestino de 1980 para secuestrar y hacer desaparecer a cuatro presuntos miembros del movimiento armado peronista Montoneros, según documentos desclasificados en Estados Unidos.

El caso forma parte del proceso abierto en diciembre por la jueza italiana Luisianna Figliola, quien requirió la captura de los responsables de esta y otras acciones enmarcadas en el llamado Plan Cóndor, la coordinación de las dictaduras del Cono Sur de América en los años 70 y 80 para detener, torturar, asesinar y desaparecer personas pasando por encima de las fronteras.

Townsend B. Friedman, funcionario de la
sección política de la embajada de Washington en Buenos Aires, reveló en un reporte fechado el 19 de agosto de 1980 al número dos de dicha legación diplomática, Claus H. Ruser, detalles de la operación contra los "montoneros" argentinos en Lima y su fatal desenlace.

En ese informe secreto desclasificado ahora por la institución académica independiente Archivo de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), Friedman recordó a su superior que un oficial de inteligencia argentino les entregó el 16 de junio de 1980 pormenores del operativo de Lima.

Esta fecha es clave: la acción conjunta del Batallón 601 del ejército de Argentina y del Servicio de Inteligencia del Ejército de Perú (SIE) se registró cuatro días antes y los supuestos montoneros apresados fueron entregados el 17 de ese mismo mes por los peruanos a militares bolivianos, con la presencia de los agentes argentinos.

Los hechos fueron conocidos por el gobierno de Estados Unidos cuando estaban en pleno proceso. Además, supo con anticipación que los detenidos serían eliminados.

"Un miembro del serv
icio de inteligencia argentino, que ha sido una fuente fiable en estos temas, le dijo a la embajada (estadounidense) que los cuatro individuos fueron detenidos en Perú, que continuarían allí hasta ser expulsados a Bolivia, donde luego serían entregados a Argentina; y una vez en Argentina serían interrogados y luego desaparecidos", reportó Friedman a Ruser.

La captura en Lima y posterior desaparición de Noemí Esther Gianetti de Molfino, quien integraba la asociación humanitaria Madres de Plaza de Mayo, María Inés Raverta y Julio César Ramírez fue una acción iniciada por el Batallón 601 a partir de la detención en Argentina de Federico
Frías, quien iba a participar en Lima en una presunta reunión de con dirigentes de Montoneros.

Luego de ser torturado salvajemente, Frías es trasladado por sus captores a Perú para que les indicara nombres y direcciones de supuestos guerrilleros, según declaró un ex agente peruano que participó en la operación y cuyo testimonio aparece en el libro del periodista Ricardo Uceda, titulado "Muerte en el Pentagonito".

Según el documento desclasificado en Washington, el embajador estadounidense en Argentina de la época, Harry W. Shlaudeman, habló del caso de los "montoneros" con el entonces primer ministro, ministro de Guerra y jefe del ejército peruano, general Pedro Richter.

"El primer ministro peruano Richter Prada le dijo en julio (de 1980, un mes después de los secuestros) al embajador Shlaudeman que los argentinos habían sido expulsados a Bolivia y que a su juicio los bolivianos probablemente los entregaron a los argentinos", informó Friedman a Ruser.

"Además, (Richter) reveló al embajador Shlaudeman que había estado en contacto personal con el jefe del ejército (argentino, Leopoldo Fortunato) Galtieri, en relación a la materia", prosigue el texto.

Inmediatamente Friedman señala que "
Galtieri informó que podría haber 'un interesante desarrollo' del caso a comienzos de la semana del 14 de julio. Richter sugirió al embajador Shlaudeman que el comentario de Galtieri podría referirse a la aparición con vida de los tres montoneros que los peruanos afirman haber entregado a los bolivianos".

El "interesante desarrollo" de los hechos, como se expresaba Galtieri, se conoció poco después, el 21 de julio de 1980, cuando Gianetti de Molfino, una de las secuestradas en Lima, apareció muerta en Madrid y jamás se tuvo noticias de los otros tres. Este general, hoy ya fallecido, asumió en noviembre del año siguiente la presidencia de la junta dictatorial de Argentina.

Schlaudeman mantuvo relaciones estrechas con la dictadura peruana del general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), como lo confirman los documentos desclasificados. Cuando se cometió la operación de secuestro de los presuntos montoneros, ya estaba en Buenos Aires.

La trayectoria de Schlaudeman es particularmente significativa. Se desempeñó como jefe de la misión estadounidense en Chile entre 1969 y 1973, lapso en el que crece electoralmente la izquierda hasta llegar al gobierno de la mano del socialista Salvador Allende (1970-1973), derrocado por un sangriento golpe militar que dio paso a 17 años de dictadura.

Luego se desempeñó como asistente del secretario de Estado para Asuntos Interamericanos hasta 1973-1975, durante la presidencia de Richard Nixon, en 1977 se hace cargo de la embajada en Perú, para pasar en 1980 a la legación en Argentina hasta 1983, cuando es recuperada la democracia en ese país. En 1992 recibió una medalla de honor de manos del presidente George Bush, padre del actual mandatario.

La operación de junio de 1980 no era la primera ni única que se hizo como producto de una coordinación entre las dictaduras de Perú y Argentina. Y Schlaudeman lo conocía.

Según otro documento secreto desclasificado, fechado el 11 de julio de 1977, este diplomático comunicó al entonces secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Cyrus Vance, el secuestro el 12 de abril de ese año del ciudadano argentino Carlos Alberto Maguid, asilado en Lima.

Schlaudeman le dijo a Vance que una funcionaria de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que era Lone Hogan, le informó que Maguid había sido apresado por los militares peruanos en coordinación con sus pares argentinos.

"El gobierno peruano, en las personas del ministro del Interior (Richter) y el hijo del presidente Morales Bermúdez negaron que cualquier dependencia del gobierno sea responsable de la desaparición", escribió Schlaudeman en un principio, para luego precisar que Hogel tenía información certera sobre el caso.

"(Basándose) en anónimas, pero aparentemente muy bien documentadas cartas, (todo indica) que Maguid fue arrestado por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), tal vez a instancias del gobierno argentino (…) y se encuentra detenido en algún lugar del Perú", escribió Shlaudeman a su jefe, Vance.

Los casos de Maguid, así como los de Gianetti de Molfino, Raverta, Ramírez y Frías no fueron aislados, sino que formaban parte de una estrategia represiva conjunta de las dictaduras del Cono Sur de América. Así lo confirma el reporte conjunto de las embajadas estadounidenses en Argentina y Perú, del 25 de junio de 1980, redactado a la semana siguiente del secuestro en Lima.

"El incidente no es el único. En los años recientes, ha habido varios casos similares que demuestran el alto grado de cooperación entre las agencias de inteligencia y seguridad de los países de América del Sur yde su tendencia a recurrir a medios ilegales en el tratamiento de sospechosos de ser subversivos", se lee en el documento.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses niegan haber tomado conocimiento de estas acciones de cooperación criminal cometidos como parte del Plan Cóndor. Incluso afirman que nunca escucharon dicha denominación.

En 2005, J. Patrice McSherry, profesora de la Long Island University, divulgó un revelador documento en su libro titulado "Predatory States: Operation Cóndor and Covert War in Latin America" (Estados depredadores: La Operación Cóndor y la Guerra Encubierta en América Latina").

Se trataba de un texto desclasificado suscrito por el jefe de la Oficina Regional de Seguridad (RSO, por sus siglas en inglés) de la embajada de Estados Unidos en Argentina, James B. Blynstone, en el que da cuenta a sus superiores que una fuente de la inteligencia argentina le informó del secuestro de los cuatro "montoneros" en Lima y que le advirtió que serían desaparecidos.

"Evidentemente, la RSO había recibido información sobre una importante operación secreta del Cóndor, que implicaba a los servicios de inteligencia de tres países (Argentina, Bolivia y Perú); (Blystone) era un miembro confiable del círculo íntimo de Cóndor", escribió McSherry.

La respuesta de Blystone no se hizo esperar. En enero de 2006 publicó su versión de los hechos en la revista "Foreign Service Journal", bajo el título de "The Domino Effect of Improper Declassificaton" (El efecto dominó de una desclasificación impropia).


El ex funcionario de Washington explicó que en el tiempo que estuvo en Argentina (1978-1980) (…) "tropecé con el hecho de que los servicios de seguridad argentinos estaban llevando a cabo algunas operaciones en los países vecinos".

"Pero yo no recuerdo nunca haber escuchado usar la expresión 'Operación Cóndor', allí (Buenos Aires) o en Santiago (de Chile), por ninguno de mis contactos o colegas de la embajada", afirmó.

Pero Blystone pudo preguntárselo a Shlaudeman, quien estaba perfectamente informado de la "Operación Cóndor". Lo acredita, por ejemplo, el informe que el 30 de agosto de 1976 escribió este diplomático desde Chile al entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, sobre las características y los alcances del colectivo de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur de América.

También hay otro documento desclasificado del 8 de octubre de 1976, que es un reporte del mismo Shlaudeman a Kissinger en el que le informa de una reunión con el coronel Manuel Contreras, el todopoderoso jefe de la hoy disuelta Dirección Nacional de Inteligencia de Chile (DINA) y verdadero cerebro del Plan Cóndor.

"Como era de esperarse, Contreras negó que la Operación Cóndor tenga otro propósito aparte que el intercambio de inteligencia".

Empero, Estados Unidos sabía que Contreras mentía. La Operación o Plan Cóndor ya había empezado su vuelo de la muerte.

viernes, 28 de diciembre de 2007

LA JUSTICIA ITALIANA PIDIO LA CAPTURA DE 140 REPRESORES POR EL PLAN CONDOR

Casi un "dream team" de la represión


Videla, Massera, el uruguayo Bordaberry y el chileno Contreras son algunos de los 140 represores a los que la Justicia italiana pidió su captura y extradición por la desaparición de 25 ciudadanos de esa nacionalidad en el marco del Plan Cóndor. En Argentina, esa causa se elevó a juicio oral y público hace menos de un mes.

Los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, dos de los 61 argentinos requeridos por la Justicia italiana.

A menos de un mes de la elevación a juicio oral y público de la causa Plan Cóndor en la Argentina, la Justicia de Italia solicitó el lunes la captura y extradición de 140 militares y servicios de Inteligencia sudamericanos. El pedido incluye a los principales jerarcas de las dictaduras que asolaron el Cono Sur en la década del '70, como el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, el jefe de la Armada Emilio Massera , el ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry y el jefe de la DINA chilena Manuel Contreras, a quienes la Justicia italiana pretende juzgar por la desaparición de 25 ciudadanos de esa nacionalidad. La medida de la jueza romana Luissana Figliola trascendió el mismo día en que se concretó el arresto, en Salerno, sur de Italia, del capitán de navío Néstor Fernández Tróccoli, ex miembro del servicio de Inteligencia de la armada de Uruguay.

"Es la primera vez que se hace un pedido tan masivo de represores de tantos países, que da una idea acabada de la coordinación represiva y de la investigación que se realizó", celebró desde España el abogado Carlos Slepoy. El titular de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid consideró que la medida tendrá "un efecto de repetición y contagio" y contribuirá a "acelerar los juicios" en nuestro país.

Las capturas fueron solicitadas originalmente por el fiscal del Tribunal Penal de Roma, Giancarlo Capaldo, quien conduce las investigaciones sobre el Plan Cóndor desde 1998 a raíz de las denuncias presentadas por los familiares de italianos desaparecidos en América del Sur. Según los documentos recogidos por Capaldo, existen abundantes elementos que prueban la colaboración entre los distintos regímenes militares para la eliminación de opositores políticos en el marco de la Operación Cóndor , presuntamente ideada por el ex dictador chileno Augusto Pinochet.

El fiscal romano investiga los asesinatos de ciudadanos de origen italiano como los uruguayos Armando Bernardo Arnone, Gerardo Francisco Gatti, María Emilia Islas, Juan Pablo Recagno, Daniel Banfi, Andrés Domingo y Héctor Giordano, todos ellos desaparecidos en Argentina. También investiga el caso de los argentinos Horacio Campiglia y Lorenzo Viñas, desaparecidos en Brasil, y de Dora Landi y Alejandro Logoluso, detenidos en Paraguay.

El detonante de los pedidos de detención fue la detención de Fernández Tróccoli, de 60 años, ex miembro del servicio de Inteligencia de la Armada uruguaya (Fusna), quien fue arrestado el lunes en Salerno, sur de Italia, donde estaba radicado. El mismo lunes fue trasladado a una cárcel de Roma y mañana la jueza Figliola le tomará declaración indagatoria por la desaparición de cuatro ciudadanos italianos.

El pedido de la Justicia italiana incluye a 61 argentinos, 7 bolivianos, 13 brasileños, 22 chilenos, 7 paraguayos, 4 peruanos y 32 uruguayos. Seis de esos 146 represores ya fallecieron, incluido el dictador chileno Augusto Pinochet. Si bien no se conoce el detalle completo con los nombres de los represores solicitados, se estima que en el caso argentino muchos podrían estar actualmente procesados y detenidos por la Justicia local. El pedido quedó ahora radicado en el Ministerio de Justicia del gobierno italiano, que deberá activar la búsqueda e informar a los países de origen de los represores.

En la Argentina la investigación judicial del Plan Cóndor comenzó con una presentación en noviembre de 1999. Tras ocho años de investigación, el 28 de noviembre pasado el juez federal Sergio Torres ­que subrogó en esa causa al ex juez federal Guillermo Montenegro, actual secretario de seguridad del jefe de gobierno Mauricio Macri­ consideró concluida la etapa de instrucción y resolvió la elevación a juicio oral y público contra 17 responsables argentinos de la Operación Cóndor , incluidos los generales Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Eduardo Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone y Antonio Domingo Bussi.

"La cantidad de personas implicadas en los distintos países va a tener un efecto de repetición y contagio en los países afectados por las dictaduras", advirtió Slepoy. "Las medidas adoptadas por juzgados de distintos países como Italia, España y Francia dan una idea fehaciente de que este tipo de criminales debe ser perseguido por todos los tribunales y no podrán andar sueltos en ninguna parte del mundo", concluyó.

No es la primera buena noticia de 2007 surgida en Italia. En marzo la Corte de Apelaciones de Roma condenó en ausencia a cadena perpetua a los marinos Alfredo Astiz, Jorge "Tigre" Acosta, Jorge Vildoza (prófugo de la Justicia desde 1987), Antonio Vañek y al prefecto Héctor Febres (quien murió envenenado el 10 de diciembre en su prisión VIP de Prefectura) por delitos de lesa humanidad contra italianos que fueron vistos por última vez en la ESMA. Siete años antes, en 2000, la Justicia italiana ya había condenado a cadena perpetua a los generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Riveros.