EXTRADICIÓN DE FUJIMORI : SE RESQUEBRAJA LA INMUNIDAD E IMPUNIDAD DE LOS JEFES DE ESTADO !

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), su liga miembro en Chile, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y sus ligas miembros en Perú, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL), acogen con gran satisfacción la decisión de la Corte Suprema de Chile en la cual se admite la extradición del Sr. Alberto Fujimori al Perú. Consideramos que esta decisión tiene trascendencia histórica y sobre pasa las fronteras de América Latina, para alentar la colaboración entre los Estados para ponerle fin a la impunidad de que han gozado jefes de estado o de gobierno que han cometido crímenes de lesa humanidad, graves violaciones de derechos humanos y/o abusado de los recursos públicos.

Con esta decisión, Chile cumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Recordamos que A. Fujimori está demandado no solamente por diez casos de corrupción pero también por dos acusaciones de violaciones de derechos humanos, vinculadas con los asuntos « La Cantuta » y « Barrios Altos-Sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) ». Se trata, en particular de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves o lesiones corporales, desapariciones forzadas o secuestro agravado.

La decisión de la Corte Suprema a favor de la extradición le permite así a Chile ponerse en conformidad con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso "La Cantuta" en donde la Corte insistió en que « la necesidad de erradicar la impunidad se presenta ante la comunidad internacional como un deber de cooperación interestatal para estos efectos. El acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes para los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad esas violaciones, ya sea ejerciendo su jurisdicción para aplicar su derecho interno y el Derecho Internacional para juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de hechos de esa índole, o colaborando con otros Estados que lo hagan o procuren hacerlo » (1).

Asimismo, la sala de lo penal de la Instancia Suprema chilena rectifica la negativa pronunciada por el juez de la Corte Suprema, Ministro Orlando Álvarez, encargado del expediente Fujimori desde su detención en Chile en 2005, quien había negado la extradición del antiguo dictador peruano el pasado 11 de julio de 2007, a pesar de la opinión favorable de la fiscal judicial de la Corte Suprema, Doctora Mónica Maldonado.

La FIDH y sus ligas llaman al gobierno chileno a aplicar sin demora la decisión de la Corte, a entregar el Sr. Alberto Fujimori a las autoridades peruanas lo más pronto posible. También llaman a que el antiguo dictador sea juzgado en Perú por un tribunal imparcial e independiente, con todas las garantías del debido proceso y el derecho a defensa que su régimen no dio a los peruanos, y que así se respete el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. El gobierno peruano tendrá que garantizar la reclusión de Fujimori en un penal de máxima seguridad considerando la gravedad de los delitos que se le imputan, así como asegurar la seguridad de los testigos y demás personas implicadas en los juicios.