sábado, 29 de septiembre de 2007

JUECES ARGENTINOS EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

La Cámara Federal de La Plata ordenó investigar la actuación de jueces platenses

La Cámara Federal de La Plata le ordenó ayer al juez de primera instancia Manuel Humberto Blanco, que inicie una investigación con respecto a la actuación de varios jueces y ex jueces platenses, un ex fiscal de nuestra ciudad, militares y médicos, por posibles encubrimientos y otros delitos en casos de secuestros, torturas y asesinatos de detenidos ilegales durante la última dictadura militar.

En una res
olución de 329 fojas, a la que tuvo acceso este diario, se dispuso por primera vez -en el marco de los procesos iniciados por crímenes de la dictadura- que se investigue a integrantes del Poder Judicial por su presunta complicidad con el régimen que gobernó el país entre 1976 y 1983.

En ese marco, se ordenó el inicio de investigaciones -para dilucidar si incurrieron o no en algún delito- sobre los jueces Pedro Luis Soria (h) y Héctor Hugo Decastelli; y el ex fiscal Antonio Andrés Raimundi, todos de La Plata.

Soria es actualmente integrante de la Cámara de Apelaciones y Garantías del fuero penal platense; mientras que Decastelli ocupa un cargo similar en Lomas de Zamora. Ambos en la década del 70 fueron jueces en lo criminal de primera instancia en nuestra ciudad.

En el mismo fallo, los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal -Gregorio Fleicher, Carlos Compareid y Leopold
o Schiffrin- confirmaron el procesamiento de 12 ex integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), presos desde mayo del año pasado, bajo sospecha de haber tenido distintos grados de participación en secuestros, torturas y homicidios cometidos en la cárcel, ubicada en calle 10 y 76.

En la resolución también se ordenaron investigaciones sobre los ex jueces Eduardo Marquardt y Ángel Nelki Martínez, este último fallecido.

VOTO EN MINORIA
En su voto, en minoría, el juez Schiffrin había propuesto investigaciones sobre otros magistrados y ex magistrados de nuestra ciudad, como Eduardo Hortel, Eduardo Sanucci, Horacio Piombo y Carlos Mayón, al considerar que "resulta altamente llamativo que algunos
jueces y funcionarios penales del fuero ordinario platense no hayan ordenado ningún tipo de autopsia en los procesos iniciados por este hecho, y que, hayan sobreseído provisionalmente y archivado las actuaciones sin producir ningún tipo de prueba".

Sin embargo, los otros dos camaristas federales entendieron que no había elementos como para disponer investigaciones sobre ellos.

Con respecto a los otros magistrados que -según esta resolución- deben ser investigados, se les reprocha un supuesto desempeño "dudoso" en la causa iniciada por la muerte de Marcos Ibáñez Gatica, quien apareció ahorcado en su celda de la Unidad 9, al parecer luego de una tremenda sesión de torturas.

En uno de los votos se describió que esa causa fue cerrada sin que se hiciera la autopsia y que se había dictado al otro día del hecho -el 14 de diciembre de 1976- un sobreseimiento provisorio, sin que estuviera agregado a la causa el certificado de defunción.

VARIOS MILITARES
En la misma resolución se le ordenó al juez Blanco que ponga también bajo la lupa -para dilucidar sus responsabilidades en los hechos ocurridos en Unidad 9 de La Plata- sobre militares del I Cuerpo de Ejército, que tenía el mando sobre la cárcel platense: Leopoldo Fortunato Galtieri (fallecido), Juan Carlos Bazilis, Albano Harguindeguy, Ibérico Saint Jean, Carlos Sánchez Toranzo y Carlos Campoamor.

También sobre Roque Alberto Presti, Orlando Ruarte, Ignacio Russo, Oscar Pablo Eugenio Billor, Eduardo Puricelli, Mario Alfredo Piotti, Lucio Carlos Ramírez, Juan Bautista Sasiaiñ y Fernando Aníbal Guillén.

La resolución de la Cámara confirmó además el procesamiento y detención de 12 ex agentes penitenciarios apresados por decenas de casos de torturas, homicidios y privaciones ilegales de libertad cometidas entre 1976 y 1978 en la Unidad 9.

La Cámara además confirmó las detenciones de Abel Dupuy, jefe de la Unidad 9 entre 1976 y 1980; Isabelino Vega, subjefe de la U9 entre 1976 y 1979; Víctor Ríos, jefe de seguridad del área vigilancia y tratamiento entre 1976 y 1978, Carlos Alarcón y Segundo Basualdo, ambos del área de vigilancia y tratamiento de la cárcel.

Similar medida dispuso para Valentín Romero, guardia de la Unidad 9 a partir de 1977; Jorge Peratta, encargado de turno entre 1976 y 1977; Elbio Cosso, director de seguridad hasta noviembre de 1976, cuando fue designado subjefe interino y Héctor Acuña, del área seguridad desde abril de 1976 y los guardias Catalino Morel y Ramón Fernández.

Además resolvió que siga preso Raúl Aníbal Rebaynera, acusado por homicidio agravado.

Este último, según testimonios reunidos en la causa, sería uno de los encargados de los interrogatorios y torturas en la Unidad 9.

Además se resolvió el procesamiento -sin detención- de los médicos Enrique Coris, Luis Favole y Carlos Jurio, quienes cumplieron funciones en la cárcel platense a partir de 1976.

La causa, por homicidios y torturas en la Unidad 9, se inició en el 2001, a partir de testimonios reunidos en el "Juicio por la Verdad", sobre lo ocurrido en la citada cárcel durante la último gobierno de facto.

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