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Un año de desaparición del testigo contra Echecolatz Jorge Julio López, una de las mayores manchas de la democracia argentina
Por Emilio Marín (LA ARENA)
¿Suena fuerte repetir que López es el desaparecido 30.001? Que suene porque lo es, desde el punto de vista de millones de argentinos (otro público, más reducido, sabe que hubo un estudiante Miguel Brú, un albañil Andrés Núñez, un joven Sebastián Bordón y varios más).
Para colmo el testigo contra el genocida Miguel Etchecolatz fue desaparecido dos veces, en octubre de 1976 y en setiembre de 2006. O tres, si se cuenta cómo la noticia sobre su secuestro fue poco a poco borrada de noticieros y ediciones. Ahora vuelve al primer plano con el aniversario pero puede que en el futuro se repita el esfumado y así hasta que apenas quede el recuerdo en los núcleos más concientes. El resto andará ocupado con el precio de la papa y el tomate, lo que no está mal pero no debería excluir estas preocupaciones sobre la vida y los derechos humanos.
Como sabe que este aniversario será tiempo de balance, Néstor Kirchner ya mandó la gacetilla sobre cuánto hizo la administración bonaerense en yunta con la suya para esclarecer el caso.
En ese racconto se subraya que la recompensa por información fehaciente es de un millón de pesos. No dice, lo agrega el cronista, que al principio fue de 50.000, luego se subió a 200.000 para redondear después 400.000. Pero ni un millón de pesos aflojó la lengua de los dateros de la policía, lo que está indicando que quienes levantaron a López en Los Hornos no es un grupo de lúmpenes o delincuentes comunes sino asesinos con móviles políticos e ideológicos bien definidos. Están en la ultraderecha del espectro.
Ni siquiera en eso acertó el gobierno. Recién en diciembre de 2006, cuando habían pasado tres meses, se recaratuló la causa como desaparición forzada de persona, un delito federal. La fiscalía platense investigaba por averiguación de paradero. Eran los tiempos en que el ineficiente Aníbal Fernández decía que el albañil podía haberse ido a la casa de una tía a tomar unos mates.
Después sí, hubo numerosos allanamientos y entrecruzamientos de llamadas telefónicas entre los sospechosos del grupo de policías vinculados con el condenado Echecolatz, en Marcos Paz. Pero ya era tarde. Esas actuaciones siguieron revelando complicidades del aparato policial: 9.000 policías ingresados durante la dictadura seguían prestando funciones actualmente. El Servicio Penitenciario no es ninguna pinturita democrática y su jefe perdió el cargo, se supone porque hombres bajo su responsabilidad avisaron a Etchecolatz de los allanamientos que habría en la prisión.
Un aplazo
Por eso el descargo gubernamental y de la justicia, que publican la cantidad de rastrillajes que se hicieron y averiguaciones sobre llamados al 911, no alcanzan a levantar el aplazo de ambos poderes. Ninguno de los dos tomó a tiempo recaudos para proteger a los numerosos testigos en las causas que se avecinaban, como la del ex Director de Operaciones de Ramón Camps. Y una vez producida la desaparición del testigo que había abonado la condena por genocidio, no adoptaron con celeridad medidas contra el círculo más sospechoso. Más aún, perdieron días preciosos investigando a la familia de la víctima, lo que puede ser un paso clásico, de manual, para desapariciones comunes pero no era lo adecuado para este rubro político.
Por eso la familia de López envió una carta al presidente Kirchner tiempo atrás donde hablaba de “angustia y desesperación”. Hace una semana envió una segunda misiva, donde a esos sentimientos agrega la “bronca”. “Bronca contra el que hace la investigación, contra todos porque no encuentran nada”, dijo Rubén López, el hijo.
Y eso va mucho más allá del comisario Hugo Matzkin, de la Superintendencia de Investigación en Función Judicial, que tomó este asunto poco después de producido. El salpicado es el gobierno nacionaly obviamente Felipe Solá, quien hace meses admitió el fracaso de la investigación. Su ministro de Seguridad León Arslanián quiso matizar ese reconocimiento pero el paso del tiempo no hizo más que confirmar la mala nota gubernamental.
En las últimas semanas se filtró a la prensa que el juez Arnaldo Corazza, que tiene el expediente desde que la Corte Suprema lo tipificó en diciembre como desaparición forzada, había ordenado allanamientos de ex policías y ex militares carapintadas ligados al coronel Mohamed Alí Seineldín. Cómo serán de pragmáticos los seineldinistas –y de permisiva la democracia argentina- que mientras en los domicilios allanados se encontraban panfletos del Partido Popular por la Reconstrucción, de Seineldín, esta agrupación legalizó a Gustavo Breide Obeid como candidato presidencial para octubre.
Sólo el tiempo dirá si tirando de estos hilos se puede develar lo que ocurrió con el albañil platense. Por ahora la búsqueda del gobierno y la justicia no tiene otra palabra para valorarla que fracaso. Corazza tiene ante sí 80 cuerpos y 30.000 fojas pero aún no hay pistas concretas ni responsables para sentar en el banquillo.
Aprender de lo sucedido
Si el gobierno de Solá fue incapaz de buscar correctamente a López, será un premio excesivo que el electorado bonaerense lo convierta en diputado en octubre. Y directamente un despropósito si el cuerpo, por directiva del PEN, lo ungiera como titular de la Cámara Baja. En política debiera haber premios y castigos. Otro tanto para el elenco estable de intendentes del conurbano, fieles asociados a la mejor maldita policía del mundo en negocios turbios, como denunció hace un par de años Marcelo Saín, actual titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Para los organismos de derechos humanos el año transcurrido sirvió para demostrar que esos derechos deben ser sostenidos en el tiempo, sin cortes entre lo que ocurrió hace treinta años atrás y lo que sucede hoy. Son fenómenos diferentes porque aquello fue terrorismo de Estado y esto violación a derechos humanos en democracia. Pero cuando se fusila a piqueteros como en la Estación Avellaneda o se desaparece a un testigo, hay que reaccionar política y socialmente con tanta pasión y número como cuando se marcha en repudio a un aniversario del golpe de 1976.
Esa unidad de criterios no es compartida por el gobierno. Este tiene sensibilidad para convertir lo que fue el predio de la Esma en un museo de la memoria pero no hizo lo suficiente para encontrar a López (además de dar órdenes a la Gendarmería para que reprima en Caleta Olivia, por citar el último brote de esa esquizofrenia kirchnerista). Hebe Bonafini debe una autocrítica, porque defiende 30.000 desaparecidos menos uno.
Los que secuestraron a López no deberían estar tan satisfechos con la impunidad. Deberían que Julio Fiorillo, uno de los desaparecedores de Felipe Vallese, fue detenido 44 años después. Es de esperar que aquellos no tengan que esperar tanto.
Además en lo inmediato han sufrido una derrota política: los testigos del juicio contra el capellán Christian von Wernich no pudieron ser amedrentados. Evitar que comparecieran ante el Tribunal Oral nº 3 de La Plata, era uno de los objetivos de la patota nazi. En este aspecto fracasaron. Todos los testigos dijeron cuanto sabían y el 12 de octubre el cura sabrá cuál es su pena.
Que hoy haya actos en Buenos Aires, La Plata, Córdoba y otras ciudades, es otro traspié de los amigos de Etchecolatz. El recuerdo de López, su valentía, su testimonio sobre el horror del Circuito Camps, etc, están vivos. Que los medios no lo reflejen, eso es otra cosa, que ilustra la dicotomía entre los papeles y la realidad. Este caso existe, a pesar del ninguneo de tantos meses de los dueños de canales, radios y diarios, con honrosas excepciones. No son los únicos. ¿Cuántos candidatos a presidente han dicho su propuesta sobre cómo esclarecer lo sucedido en La Plata? ¿Acaso Jorge Sobisch podría hacerlo? ¿O su delegado Juan Carlos Blumberg, autodefinido como “el primer policía de Buenos Aires”?
La pregunta inquietante queda para el final. Si al condenar a un comisario desapareció un testigo, ¿qué puede pasar cuando lleguen a juicio altos jefes militares retirados como Jorge R. Videla y Luciano B. Menéndez? Que el drama de López sirva para sacar conclusiones prácticas de prevención.
Para colmo el testigo contra el genocida Miguel Etchecolatz fue desaparecido dos veces, en octubre de 1976 y en setiembre de 2006. O tres, si se cuenta cómo la noticia sobre su secuestro fue poco a poco borrada de noticieros y ediciones. Ahora vuelve al primer plano con el aniversario pero puede que en el futuro se repita el esfumado y así hasta que apenas quede el recuerdo en los núcleos más concientes. El resto andará ocupado con el precio de la papa y el tomate, lo que no está mal pero no debería excluir estas preocupaciones sobre la vida y los derechos humanos.
Como sabe que este aniversario será tiempo de balance, Néstor Kirchner ya mandó la gacetilla sobre cuánto hizo la administración bonaerense en yunta con la suya para esclarecer el caso.
En ese racconto se subraya que la recompensa por información fehaciente es de un millón de pesos. No dice, lo agrega el cronista, que al principio fue de 50.000, luego se subió a 200.000 para redondear después 400.000. Pero ni un millón de pesos aflojó la lengua de los dateros de la policía, lo que está indicando que quienes levantaron a López en Los Hornos no es un grupo de lúmpenes o delincuentes comunes sino asesinos con móviles políticos e ideológicos bien definidos. Están en la ultraderecha del espectro.
Ni siquiera en eso acertó el gobierno. Recién en diciembre de 2006, cuando habían pasado tres meses, se recaratuló la causa como desaparición forzada de persona, un delito federal. La fiscalía platense investigaba por averiguación de paradero. Eran los tiempos en que el ineficiente Aníbal Fernández decía que el albañil podía haberse ido a la casa de una tía a tomar unos mates.
Después sí, hubo numerosos allanamientos y entrecruzamientos de llamadas telefónicas entre los sospechosos del grupo de policías vinculados con el condenado Echecolatz, en Marcos Paz. Pero ya era tarde. Esas actuaciones siguieron revelando complicidades del aparato policial: 9.000 policías ingresados durante la dictadura seguían prestando funciones actualmente. El Servicio Penitenciario no es ninguna pinturita democrática y su jefe perdió el cargo, se supone porque hombres bajo su responsabilidad avisaron a Etchecolatz de los allanamientos que habría en la prisión.
Un aplazoPor eso el descargo gubernamental y de la justicia, que publican la cantidad de rastrillajes que se hicieron y averiguaciones sobre llamados al 911, no alcanzan a levantar el aplazo de ambos poderes. Ninguno de los dos tomó a tiempo recaudos para proteger a los numerosos testigos en las causas que se avecinaban, como la del ex Director de Operaciones de Ramón Camps. Y una vez producida la desaparición del testigo que había abonado la condena por genocidio, no adoptaron con celeridad medidas contra el círculo más sospechoso. Más aún, perdieron días preciosos investigando a la familia de la víctima, lo que puede ser un paso clásico, de manual, para desapariciones comunes pero no era lo adecuado para este rubro político.
Por eso la familia de López envió una carta al presidente Kirchner tiempo atrás donde hablaba de “angustia y desesperación”. Hace una semana envió una segunda misiva, donde a esos sentimientos agrega la “bronca”. “Bronca contra el que hace la investigación, contra todos porque no encuentran nada”, dijo Rubén López, el hijo.
Y eso va mucho más allá del comisario Hugo Matzkin, de la Superintendencia de Investigación en Función Judicial, que tomó este asunto poco después de producido. El salpicado es el gobierno nacionaly obviamente Felipe Solá, quien hace meses admitió el fracaso de la investigación. Su ministro de Seguridad León Arslanián quiso matizar ese reconocimiento pero el paso del tiempo no hizo más que confirmar la mala nota gubernamental.
En las últimas semanas se filtró a la prensa que el juez Arnaldo Corazza, que tiene el expediente desde que la Corte Suprema lo tipificó en diciembre como desaparición forzada, había ordenado allanamientos de ex policías y ex militares carapintadas ligados al coronel Mohamed Alí Seineldín. Cómo serán de pragmáticos los seineldinistas –y de permisiva la democracia argentina- que mientras en los domicilios allanados se encontraban panfletos del Partido Popular por la Reconstrucción, de Seineldín, esta agrupación legalizó a Gustavo Breide Obeid como candidato presidencial para octubre.
Sólo el tiempo dirá si tirando de estos hilos se puede develar lo que ocurrió con el albañil platense. Por ahora la búsqueda del gobierno y la justicia no tiene otra palabra para valorarla que fracaso. Corazza tiene ante sí 80 cuerpos y 30.000 fojas pero aún no hay pistas concretas ni responsables para sentar en el banquillo.
Aprender de lo sucedidoSi el gobierno de Solá fue incapaz de buscar correctamente a López, será un premio excesivo que el electorado bonaerense lo convierta en diputado en octubre. Y directamente un despropósito si el cuerpo, por directiva del PEN, lo ungiera como titular de la Cámara Baja. En política debiera haber premios y castigos. Otro tanto para el elenco estable de intendentes del conurbano, fieles asociados a la mejor maldita policía del mundo en negocios turbios, como denunció hace un par de años Marcelo Saín, actual titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Para los organismos de derechos humanos el año transcurrido sirvió para demostrar que esos derechos deben ser sostenidos en el tiempo, sin cortes entre lo que ocurrió hace treinta años atrás y lo que sucede hoy. Son fenómenos diferentes porque aquello fue terrorismo de Estado y esto violación a derechos humanos en democracia. Pero cuando se fusila a piqueteros como en la Estación Avellaneda o se desaparece a un testigo, hay que reaccionar política y socialmente con tanta pasión y número como cuando se marcha en repudio a un aniversario del golpe de 1976.
Esa unidad de criterios no es compartida por el gobierno. Este tiene sensibilidad para convertir lo que fue el predio de la Esma en un museo de la memoria pero no hizo lo suficiente para encontrar a López (además de dar órdenes a la Gendarmería para que reprima en Caleta Olivia, por citar el último brote de esa esquizofrenia kirchnerista). Hebe Bonafini debe una autocrítica, porque defiende 30.000 desaparecidos menos uno.
Los que secuestraron a López no deberían estar tan satisfechos con la impunidad. Deberían que Julio Fiorillo, uno de los desaparecedores de Felipe Vallese, fue detenido 44 años después. Es de esperar que aquellos no tengan que esperar tanto.
Además en lo inmediato han sufrido una derrota política: los testigos del juicio contra el capellán Christian von Wernich no pudieron ser amedrentados. Evitar que comparecieran ante el Tribunal Oral nº 3 de La Plata, era uno de los objetivos de la patota nazi. En este aspecto fracasaron. Todos los testigos dijeron cuanto sabían y el 12 de octubre el cura sabrá cuál es su pena.
Que hoy haya actos en Buenos Aires, La Plata, Córdoba y otras ciudades, es otro traspié de los amigos de Etchecolatz. El recuerdo de López, su valentía, su testimonio sobre el horror del Circuito Camps, etc, están vivos. Que los medios no lo reflejen, eso es otra cosa, que ilustra la dicotomía entre los papeles y la realidad. Este caso existe, a pesar del ninguneo de tantos meses de los dueños de canales, radios y diarios, con honrosas excepciones. No son los únicos. ¿Cuántos candidatos a presidente han dicho su propuesta sobre cómo esclarecer lo sucedido en La Plata? ¿Acaso Jorge Sobisch podría hacerlo? ¿O su delegado Juan Carlos Blumberg, autodefinido como “el primer policía de Buenos Aires”?
La pregunta inquietante queda para el final. Si al condenar a un comisario desapareció un testigo, ¿qué puede pasar cuando lleguen a juicio altos jefes militares retirados como Jorge R. Videla y Luciano B. Menéndez? Que el drama de López sirva para sacar conclusiones prácticas de prevención.
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