EL GOBIERNO SALVADOREÑO INCREMENTA LA REPRESIÓN SOBRE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Violencia de estado en El Salvador: organizaciones de izquierda denuncian intereses electorales

Por Germán Rodríguez San Fermín.
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Ante su baja popularidad, el Gobierno de ARENA ha cambiado de estrategia. Los movimientos sociales y la oposición, el FMLN, denuncian un incremento de la violencia de Estado.

A principios de julio, la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador disolvía a golpes una protesta contra la política neoliberal del Gobierno con un saldo de 14 personas detenidas. Al amparo de una recientemente aprobada ley antiterrorista, todos los arrestados, entre ellos diversos dirigentes populares, están acusados de terrorismo y de participar en asociaciones ilícitas. Al mismo tiempo, en otro episodio, en apariencia sin relación, el Gobierno involucraba a dirigentes del principal partido de la oposición, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en acciones de terrorismo urbano. Estos dos hechos marcan, según diversas organizaciones sociales, “un nuevo ciclo de represión acompañado de una intensa campaña mediática cuyo objetivo es deslegitimar a la izquierda social y política ante las elecciones de marzo de 2009”.

El 2 de julio, diversas organizaciones sociales salvadoreñas habían convocado una movilización social en el municipio de Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán, a 32 kilómetros de la capital. Estaba previsto que Elías Antonio Saca, presidente de la República, en un acto oficial, presentara la Política Nacional de Descentralización cuya finalidad es la privatización del agua.

Los manifestantes pretendían entregar al máximo mandatario salvadoreño una carta de demandas, así como celebrar un foro de debate sobre las políticas privatizadoras del Gobierno. Era la tercera vez -hasta ahora todos los intentos siguen resultando infructuosos- que las organizaciones sociales trataban de entregar una carta de demandas y propuestas sobre diversos temas al presidente.

La policía reprimió durante horas la movilización social. Suchitoto, militarizada desde tempranas horas de la madrugada, fue el escenario de una actuación “caracterizada por el abuso de la fuerza contra la población civil”, según denunció a DIAGONAL la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo.

Represión en Suchitoto En la manifestación participaron varias organizaciones sociales de la zona, así como moradores de diferentes comunidades cercanas. Los testimonios recogidos por DIAGONAL en la ciudad coinciden en que los agentes antidisturbios de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) comenzaron a atacar sin ningún motivo. “Niños y mujeres fueron agredidos con brutalidad por parte de los agentes de la UMO; ése ha sido uno de los principales motivos para que la población que se estaba manifestando encandilara los ánimos”, denunció el sacerdote local Mario Campos, quien también resultó afectado por los gases lacrimógenos de los antidisturbios.La represión policial abarcó diversas zonas de la localidad. Los manifestantes fueron dispersados a golpes con pelotas de goma y gases lacrimógenos y pimienta.

Incluso varias viviendas fueron asaltadas. Los manifestantes huyeron por los montes cercanos mientras la policía continuaba su persecución por la zona durante cuatro horas con apoyo de helicópteros. El balance final fue de 43 personas heridas -25 por balas de goma y 18 con afecciones graves por el gas pimienta- y 14 detenidas. Entre las arrestadas destacan Marta Lorena Araujo, Rosa María Centeno y María Haydée Chicas, presidenta, vicepresidenta y responsable de comunicación de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), una de las organizaciones de base más importante del país. Todas fueron detenidas al ser interceptado el vehículo en el que viajaban hacia la ciudad.

Tras pasar por los juzgados, el Ministerio Público y la Fiscalía han acusado a los 14 detenidos de participación en asociaciones ilícitas, desórdenes públicos y actos de terrorismo. Diversas organizaciones sociales, entre las que destacan la propia CRIPDES, la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS) o el Movimiento Popular 12 de Octubre (MPR- 12), han realizado numerosos actos de apoyo a los activistas detenidos. Según Jeannette Alvadrado, portavoz de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo (MPGR), “hemos retrocedido a los años ‘70, cuando a la gente no se le dejaba expresar su descontento por las políticas desde el Estado”. Por su parte, David Vázquez, también de MPGR, denuncia que los detenidos, que fueron trasladados en helicópteros, fueron amenazados por la policía con ser arrojados en pleno vuelo mientras permanecían esposados a la espalda.La detención de BellosoTambién el 2 de julio, de madrugada, pero en la capital, San Salvador, era detenido José Mario Belloso, el hombre más buscado por la PNC desde hace un año. A Belloso se le acusa de ser el francotirador que abatió el año pasado a dos policías antidisturbios a las puertas de la Universidad Nacional de San Salvador (UES), durante una jornada de protesta por el encarecimiento del transporte.

En la detención de Belloso, tres días antes de que se cumpliera el aniversario de estos incidentes, intervinieron 300 policías y soldados de cuerpos especiales de la PNC y de las Fuerzas Armadas. Llevaban mochilas de campaña, visores nocturnos, armas especiales y estaban respaldados por helicópteros y aviones. La detención fue retransmitida por televisión, como si de una película de guerra se tratase. Al mando, el director de la PNC, Rodrigo Ávila, que apareció repartiendo órdenes vestido como un policía de las playas californianas.Tan solo día y medio después de la espectacular detención, miembros del Gobierno y la PNC filtraban a los medios de comunicación un vídeo grabado en dependencias policiales. En una confusa conversación el detenido implicaba a miembros de la cúpula de FMLN, entre ellos a su coordinador general, Medardo González, en la distribución de armamento. También les implicaba en la dirección política de un supuesto grupo de terrorismo urbano del que Belloso afirmaba formar parte. Según el secretario de comunicación del FMLN, Sigfrido Reyes, “la supuesta captura de este individuo y las contradicciones inobjetables que rodean el hecho muestran que se trata de una maniobra política dirigida en el terreno por el director de ideología de ARENA, René Figueroa, quien también es el ministro de Seguridad”. Y añade que “la maniobra busca desgastar al FMLN frente a sectores del electorado que son susceptibles a este tipo de ‘sustos mediáticos’, a través de un montaje basado en manipulación de lugares, fechas e imágenes, donde los medios de comunicación, en su inmensa mayoría afines al Gobierno de ARENA, han sustituido a los tribunales”.

Diferentes sectores de los movimientos sociales sostienen que, ante la baja popularidad del presidente Saca y del Gobierno de ARENA, todo consiste en un gran montaje que puede desembocar incluso en el intento de ilegalización de la primera fuerza política de la oposición.

El FMLN, en teoría, goza de la mayor intención de voto de cara a las próximas elecciones presidenciales. “Todo lo vinculado a Belloso huele a montaje hace mucho tiempo”, indica Elisardo Rodríguez, uno de los portavoces del tejido asociativo estudiantil de la UES.De montaje en montajeEl 5 de julio del año pasado, los estudiantes de secundaria protagonizaron una marcha pacífica enfrente de la UES. Protestaban por el aumento del precio del transporte público y para exigir media tarifa para estudiantes, la tercera edad y discapacitados. Según denunciaron en su día las organizaciones estudiantiles presentes en la protesta, al finalizar la marcha y a punto de iniciarse una rueda de prensa, los estudiantes fueron atacados por la UMO. Tras la carga y aún en medio de la algarabía se escucharon disparos, que dejaron como resultado dos agentes de la UMO muertos, decenas de detenidos y 20 heridos entre estudiantes, policía e incluso un docente que estaba trabajando dentro de la universidad.A pesar del desmentido oficial, múltiples testigos oculares y algunas imágenes grabadas demuestran la existencia de francotiradores de la policía apostados en los tejados de un edificio colindante a la UES, así como la presencia de helicópteros desde los que se disparó sobre los manifestantes. Las deficiencias de la investigación y la inexplicable ausencia de autopsia de los cuerpos de los policías no han permitido aclarar de dónde provenían los disparos. Sin embargo, la trayectoria descendente de los impactos de bala hace pensar en algún tipo de montaje policial.

“El problema real es que estamos ante lo que va a ser el escenario político de aquí a marzo de 2009: represión a la ciudadanía, campañas de manipulación mediática, detenciones de líderes sociales e incluso su desaparición, como ya sucedió hace cinco meses con Edward Francisco Contreras. Este líder estudiantil está desaparecido desde el pasado 7 de febrero”, indica un portavoz del Bloque Popular Juvenil que prefiere mantener el anonimato. “Aquí hay sicarios pagados por la derecha, con complicidad de la policía. Hay gente de la policía involucrada en la desaparición de Edwin”, concluye.

Una ley antiterrorista a medidaLos sucesos del 5 de julio del año pasado fueron aprovechados por el Gobierno para aprobar un decreto legislativo contra actos de terrorismo, aunque en ningún momento el texto define el concepto de terrorismo. “Las definiciones de los tipos penales son tan ambiguas que podrán ser convertidas en ‘comodines’ para realizar capturas, bajo cualquier supuesto y casi por cualquier circunstancia”, denuncian diversos juristas de la Federación de Estudios para la Aplicación del Derecho. El auto de la Fiscalía contra los 14 detenidos en Suchitoto recoge “como actos de terrorismo toda infracción dirigida contra la seguridad del Estado, la integridad del territorio y el funcionamiento normal de las instituciones”.

Algunas de las acusaciones formuladas contra ellos son “sembrar el pánico en la población y crear un clima de inseguridad”, “obstaculizar la circulación en las calles” u “obstaculizar el funcionamiento de las instituciones públicas”. Al cierre de esta edición, el fiscal mantenía a los detenidos en prisión. Las condenas pueden superar los diez años de cárcel.