Por Paulina Acevedo*
Por estos días se encuentra sesionando a puertas cerradas en la ciudad de Nueva York el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El mismo que el Estado chileno aspira integrar, y cuya postulación ha sido impugnada por numerosas organizaciones de la sociedad civil, dado el bajo nivel de cumplimiento que exhibe Chile frente a las disposiciones que establecen tratados internacionales en la materia, ratificados y vigentes en el país; debido a la no suscripción de protocolos facultativos, así como de instrumentos que procuran fortalecer el resguardo de derechos esenciales y que marcan una tendencia en el derecho internacional de los derechos humanos para la persecución y sanción ejemplar de crímenes de lesa humanidad, como la Convención de Roma, que crea la Corte Penal Internacional; además de múltiples denuncias presentadas ante los comités de la ONU, y el Sistema Interamericano en el ámbito regional, por ciudadanos chilenos.
El propio Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en marzo de 2007, hizo ver al Estado chileno una serie de incumplimientos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su informe de respuesta al entregado por el gobierno con cuatro años de retraso. Dándole un plazo de un año, que se cumple precisamente estos días, para informar sobre las medidas implementadas en aquellas situaciones consideradas como las más graves por el organismo internacional (cinco para todas las restantes recomendaciones): la situación de los pueblos indígenas y el establecimiento de responsabilidades directas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.
Frente a este último punto, si bien el Comité “celebra” el hecho de que el Estado haya tomado medidas tendientes a reparar a las víctimas de violaciones durante este período, con la creación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura el 2003, “le preocupa la falta de investigaciones oficiales” para identificar a los autores materiales o responsables directos de las mismas. Lo que atenta contra los artículos 2, 6 y 7 del Pacto, al que Chile se encuentra obligado desde 1972.Por lo mismo el Comité fue tajante al señalar, y es a lo que el Estado está obligado a responder este mes, que éste debe “vigilar que las violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la dictadura no permanezcan IMPUNES; en particular garantizando la acusación efectiva de los responsables sospechosos”. Y agrega que “deben tomarse medidas adicionales para fincar responsabilidades individuales” y, en los casos de personas condenas por tales actos, “examinar sus aptitudes para ejercer funciones públicas”.Nada más alejado de la realidad.
El proceso de transición democrática implementado en el Chile postdictura, marcado por la “reconciliación” como eje fundamental, no solo ha entibiado sus bríos de Verdad y Justicia con el paso del tiempo (conceptos que marcaron la campaña del NO y que fue el espíritu con que se creó la Concertación de Partidos por la Democracia), peor todavía, se ha hecho cómplice de los torturadores, estableciendo la CENSURA como método de IMPUNIDAD.
Pues lo que pocos saben es que los testimonios entregados a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, contenidos en el informe que pasará a la historia como Informe Valech, fueron decretados secretos por el gobierno, por un lapso de 50 años. Es decir, recién el 2053 los chilenos podremos conocer en detalle estos graves hechos relatados y, lo que es aún más importante en palabras del Comité, los nombres de los responsables directos.
Cuáles son los motivos que fundamentan esta absurda decisión, que a la luz del artículo 13 de la Convención Americana constituye, además, censura previa. Qué inspiró a las autoridades concertacionistas, que se señalan “democráticas” y dicen haber reconstruido el “estado de derecho”, a cercenar una parte importante de nuestra memoria histórica. Quiénes fueron los que presionaron y quiénes aceptaron, que una impunidad de este calibre se fraguara. Pues lo que queda claro es que el 2053, cuando la información sea por fin dada a conocer, todos los torturadores, sin excepción, estarán muertos, sin que hayan respondido ante sus crímenes y fueran sancionados por ellos.
Por eso es importantísimo que la ciudadanía conozca y luego exija el cumplimiento de otro de los requerimientos del Comité, cuyo plazo expira también este mes de marzo, y es el hecho de que “el Estado debe hacer PÚBLICA toda la documentación colectada por la Comisión de Verdad y Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, susceptible de contribuir a la identificación de aquellos responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura”.
El ex Presidente Patricio Aylwin, inspirado tal vez por su condición de abogado, envío en su momento la información de la Comisión de Verdad y Reconciliación a los tribunales de justicia. Lo que, sin lugar a dudas, contribuyó a los procesos que ya se seguían en las cortes chilenas.
La pregunta es, ¿responderá también la Presidenta Bachelet?, que bien conoce lo que implica la tortura, pues tanto ella como su madre estuvieron recluidas en el centro de detención y exterminio de la DINA conocido como Cuartel Terranova (Villa Grimaldi), mientras que su padre fue muerto en prisión.
¿Erigirá la Verdad, que abre puertas a la Justicia, como valores que deben primar en nuestras generaciones presentes y futuras, por sobre la Censura y la Impunidad?
Sin olvidar que un país sin memoria, es un país sin historia. Y una historia de impunidad, da pié a que hechos de esta grave naturaleza vuelvan a repetirse, de forma indefinida.
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*Paulina Acevedo es periodista, diplomada en Derechos Humanos y Procesos de Democratización
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