“EL GENOCIDIO NO DEPENDE SÓLO DEL NÚMERO DE CRÍMENES”

LUIS MORENO OCAMPO, FISCAL JEFE DEL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

“El genocidio no depende sólo del número de crímenes”

El jurista argentino pasó revista con La Nación a su trabajo como principal procurador de la corte con sede en La Haya. En este ámbito, aseguró que la guerrilla colombiana de las FARC es susceptible de ser investigada por el TPI.

Por Juan Gasparini/Ginebra

Desde su entrada en funciones en el 2003, abrió sumarios sobre cuatro países africanos: Uganda, Sudán, República Democrática del Congo y República Centroafricana, y puso en marcha "exámenes preliminares" en otros seis países de tres continentes, incluyendo las recientes masacres en Kenia y el conflicto en Colombia.

El argentino Luis Moreno Ocampo es hace 5 años el procurador jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya. A diferencia de los juicios en Nuremberg, la ex Yugoslavia y Ruanda, motivados por decisiones políticas de la comunidad internacional, el TPI encarna una "decisión jurisdiccional" de los Estados que firmaron el Estatuto de Roma en 1998, para investigar y sancionar genocidios, crímenes de guerra y contra la humanidad, desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2002.

-Le reprochan ser demasiado prudente, como si esperaran de usted un mayor número de iniciativas. ¿Cuál es su balance?

-El destino de un fiscal es ser criticado. Los mismos que criticaron a Carla del Ponte por haber hecho una instrucción muy grande contra el Presidente serbio, Slobodan Milosevic, me critican a mí porque consideran menor el sumario que he incoado contra Thomas Lubanga Dyilo en la República Democrática del Congo (RDC). No hay consenso y me parece muy bien que haya críticas. Me comprometí a perseguir a los altos responsables y he cumplido. Lubanga es el número uno del grupo de criminales en el que estuviera involucrado. También estoy instruyendo un segundo caso en la RDC contra German Katanga y Mathieu N’Gudjolo, jefes de otro grupo. Estas tres personas han sido arrestadas y el primer juicio en La Haya está previsto para junio.

En Uganda investigo a los cinco jefes del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), cuyos dos líderes son Vicent Otti y Joseph Kony, imputados por 2.500 homicidios entre 2002 y 2004. He firmado cuatro pedidos de captura. En Darfur inculpé al entonces ministro del Interior sudanés, hoy ministro de Asuntos Humanitarios, Ahmed Harun, el personaje de más alta jerarquía durante 2003 y 2004 en los hechos que provocaran el desplazamiento de 2,5 millones de personas, utilizando las milicias Janjaweed. Cuando analizo un caso elijo los crímenes más graves e investigo a sus máximos responsables.

-En Uganda y Darfur hay negociaciones paralelas para solucionar las crisis, ¿cómo se sitúa usted ante esas agendas políticas y cuál es su método de trabajo?

-Somos una corte que investiga crímenes y pide detenciones. No formamos parte de ninguna negociación. Mi única referencia es la ley y si no la sigo, estoy muerto. Mis límites son las evidencias que dispongo. El Estatuto de Roma me obliga a investigar los crímenes más graves y castigar a los culpables. Como se trata de crímenes masivos, hay una gran cantidad de autores. A partir de las pruebas recogidas, focalizo mi acción sobre los responsables principales.

Por ejemplo en Darfur, según la cadena de mandos, la persona de máxima jerarquía que surgía era el ministro Haroun, pero puedo llegar a inculpar a otros si consigo nuevos elementos, y no descarto al Presidente Al Bachir. Cuando me nombraron en 2003, algunos temieron que elegiría casos frívolos. En cambio, elegí los más serios: Uganda, RDC, Darfur y la República Centroafricana, donde estoy investigando un caso de violaciones masivas perpetradas en el 2003.

-El Consejo de Seguridad de la ONU elaboró un informe indicando que el genocidio no pudo probarse en Darfur. ¿Eso lo limita?

-La comisión estimó que no podía probarse la voluntad de cometer genocidio en Darfur. El genocidio no depende sólo del número de crímenes. También de las intenciones de sus autores y ese aspecto no pudo establecerse. Pese a que no entré en Darfur, pude acusar al ministro Haroun de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. No abandono la posibilidad de imputar genocidio pero me hacen falta elementos de prueba para presentar en la Corte. Ahora estoy trabajando en un segundo caso. Investigo una campaña de ataques lanzados contra la población civil por miembros del Gobierno de Sudán desde el 2002 hasta hoy, incluyendo a los campos de refugiados. Tengo un tercer procedimiento en marcha contra los grupos rebeldes que habrían atacado fuerzas de mantenimiento de paz.

CASO COLOMBIANO

-Usted visitó Colombia en noviembre de 2007 y está llevando a cabo un examen preliminar. ¿Cuándo se conocerán sus conclusiones?

-Nuestro tribunal interviene en la medida que el sistema nacional de justicia no investigue o haya impunidad. Los juicios que a mí me gustaría hacer, los debe realizar el país. Si no lo hace, lo hago yo. Estamos monitoreando los procedimientos abiertos en Colombia contra los jefes paramilitares, un tema que implica a miembros del Congreso. Fuimos y nos entrevistamos con las víctimas y vimos a los jueces, a los fiscales y al gobierno para entender su visión de la situación. Estamos analizando la evolución de esos casos y una vez terminada la evaluación, vamos a pronunciarnos.

-¿Qué piensa de las acusaciones contra el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, formuladas por el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien le reprocha de financiar a las FARC?

-Probablemente vamos a pedir esas informaciones a los tres países relacionados, Colombia, Venezuela y Ecuador, cuyos Estados forman parte del Estatuto de Roma que ha creado nuestro tribunal.

-¿Va a abrirle un expediente a las FARC?

-Los crímenes de guerra o contra la humanidad pueden ser cometidos por grupos no estatales. Las FARC son posibles de una investigación. El Gobierno colombiano nos ha enviado información porque tienen casos contra líderes de las FARC. Todavía no hemos tomado una decisión. Un crimen de lesa humanidad es un ataque sistemático y organizado contra la población civil. Si pudiera probarse que grupos guerrilleros realizan esos crímenes, podría afirmarse que cometen crímenes de lesa humanidad. En el Estatuto de Roma no hay nada que afirme que sólo el Estado puede cometer tales crímenes. En cualquier país, si se probara que una guerrilla produjo ataques masivos y sistemáticos contra la población civil, estamos ante crímenes de lesa humanidad.