El juez federal Daniel Bejas procesó a Antonio Bussi, a Luciano Menéndez, a Alberto Cattanea y a Albino Zimmerman por 60 casos de desaparición forzada de personas, homicidio calificado, tortura seguida de muerte y genocidio. Lo hizo en el marco de la causa en la que se investiga la existencia de un campo clandestino de detención en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.
Además, lo cual es inaudito en esta provincia que luego de la dictadura eligió por votación libre al represor, les imputó la figura penal del genocidio, contemplada en la legislación internacional.
Bejas consideró que, en esta etapa del proceso, contaba con pruebas suficientes contra los acusados por los casos de 65 personas que pasaron por la unidad militar y a las cuales nunca más se las vio con vida.
Las figuras penales que les cupieron a los imputados son desaparición forzada de personas, homicidio calificado y tortura seguida de muerte. Bussi, además, fue sindicado como presunto autor material directo del asesinato de Luis Eduardo Falú. También fueron procesados por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas o vejaciones, asociación ilícita agravada, y genocidio.
Por la gravedad de los hechos, el juez subrogante trabó embargo sobre los bienes de Menéndez, Zimmerman y Cattáneo hasta cubrir los $ 64 millones en cada caso. Bussi, mientras tanto, deberá responder con sus bienes por $ 65 millones por el caso Falú.
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